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Rosselló detalló que, hata la fecha, el Departamento de Hacienda cuenta con $120 de los $200 millones en ahorros que exige la Junta. (Vanessa Serra Diaz)

Cuando falta poco más de un mes para que comience el próximo año fiscal, el Ejecutivo se mostró esperanzado en que logrará los ahorros que le impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para evitar así una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos y la eliminación del bono de Navidad.

El 1 de julio es la fecha en la que, de manera automática, podría comenzar una reducción del 20% en la jornada del sector público y se eliminaría el bono de Navidad de estos empleados si el gobierno no logra —para el 30 de junio— ahorrar $200 millones en la cuenta operacional del Departamento de Hacienda. Esta fue una de las condiciones impuestas por la JSF cuando certificó el plan fiscal el pasado 13 de marzo y al prever insuficiencias en el presupuesto del próximo año fiscal.

“Ya el secretario (de Hacienda, Raúl Maldonado), ha establecido que tenemos $120 millones (en ahorros). Ya se ha trabajado. La Junta nos pidió una actualización hace unos cuantos días”, indicó ayer el gobernador Ricardo Rosselló cuando este diario le preguntó sobre el resguardo del dinero.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Rosselló precisó que el pasado 30 de abril, como lo exigió la JSF, entregó al ente federal a cargo de las finanzas de la Isla un informe sobre los ahorros requeridos al gobierno, la liquidez y el borrador del presupuesto. 

“Hemos cumplido con someter esos tres componentes”, afirmó en la sala de prensa de La Fortaleza, donde contestó preguntas sobre la situación fiscal de Puerto Rico luego de que el gobierno se acogiera al Título III de la ley federal PROMESA.

Por su parte, el principal asesor del gobernador, Alfonso Orona, aseguró que el gobierno va “bien encaminado” para cumplir las exigencias de la JSF.

“Ya estamos hablando de que tenemos cerca del 60% de los $200 millones”, dijo.

Recalcó que la meta es evitar que haya nuevas medidas de austeridad como la reducción de trabajo en el gobierno, que incluiría a los maestros.  

“Para eso estamos trabajando, para que eso no se produzca, y hasta ahora estamos bien encaminados para que no se produzca”, aseguró Orona.

De cumplir con las exigencias de la JSF, el gobierno deberá volver a pasar la misma prueba de fuego el 1 de septiembre. Para ese entonces, debe probar nuevamente su capacidad para evitar la reducción de la jornada laboral y la suspensión del bono de Navidad si mantiene ahorros por $293 millones en Hacienda.

La Fortaleza informó que, al momento, tras el envío de los informes, la JSF  no tiene que dar respuesta alguna.

Ayer, Rosselló no dio detalles del presupuesto que presentó ante la JSF, pero fue enfático en decir que el plan fiscal no puede ser enmendado luego de que Puerto Rico solicitara el Título III de la ley federal PROMESA.    

Ahora bien, reconoció que ese escenario pudiese surgir como resultado de las negociaciones que se produzcan entre el gobierno y los acreedores, aunque él se opondrá.

“El plan fiscal no será enmendado. No va a ocurrir. Por eso es que no llegamos a los acuerdos porque los acreedores querían destruir el plan fiscal y porque querían más dinero del pueblo de Puerto Rico. No va a ocurrir. No se va a enmendar el plan fiscal”, recalcó.

Inalterable el plan

Rosselló advirtió que el plan fiscal no puede ser alterado. Expuso que, si como parte de una negociación con un acreedor, se excede del dinero disponible, necesitaría el aval de la JSF o identificar de dónde obtendrá los fondos.   “Entonces, yo —como gobierno— tengo que ir al presupuesto y trabajar con esos ajustes”, abundó.

El plan fiscal establece que, por los próximos 10 años, el gobierno pagará en promedio el 20% del servicio de la deuda de cada año fiscal, lo que ronda los $800 millones anuales.

“Ahora bien, la narrativa de los acreedores va a ser atacar ese plan fiscal y se tienen que preguntar por qué. La contestación es que quieren más dinero que nosotros ya hemos contabilizado para el pueblo de Puerto Rico y nosotros como gobierno no vamos a permitir eso. Por eso es que hemos solicitado la protección del Título III y por eso es que vamos a continuar trabajando en un plan ya certificado bajo los 14 puntos de PROMESA y que es inquebrantable, según la misma ley de PROMESA lo establece”, dijo.

A preguntas de periodistas, el gobernador dijo desconocer si alguno o varios de los acreedores con los que ahora se enfrentará el gobierno en los tribunales donaron a su campaña electoral.

“Yo he sido bien claro: cualquier persona que me haya donado a mí lo hizo entendiendo que era la mejor decisión para tener un equipo de trabajo que le lleve a Puerto Rico en la trayectoria correcta, no para esperar nada a cambio”, aseveró. 

“Le puedo asegurar que de ninguna manera va a afectar mi juicio de qué es lo mejor para Puerto Rico”, agregó el primer ejecutivo.

Rechazó que el Título III sea la quiebra del País. “La quiebra en Puerto Rico había llegado hace tiempo. El déficit había llegado hace tiempo. El Título III lo que nos permite es una protección al igual que la teníamos antes (a través de PROMESA hasta el 1 de mayo). En esencia, lo único que ahora es bajo la supervisión de la corte”, afirmó.

De esta forma, el gobierno puso un freno a 22 demandas de acreedores con la intención de renegociar una deuda pública de $49,000 millones.

Rosselló destacó que aún evalúan las otras entidades del gobierno que también se acogerán al Título III y cuáles, al Título VIde PROMESA, y aseguró que, ahora, en los tribunales, se dará paso a una auditoría de la deuda.

“Cuando se vaya a un tribunal y se empiecen a ver estos créditos, van a estar retando la fortaleza de la estructura de otros de los créditos y ahí sí la corte va a determinar: crédito X es constitucional, inconstitucional o este va por encima de otro y, por lo tanto, se distribuye ese capital”, dijo.

Aseguró que, mientras se negocia con los acreedores bajo el Título III, el gobierno continuará dando servicios, pagando a sus suplidores y desembolsando reintegros. De hecho, anunció que el Departamento de Hacienda enviará $11.2 millones en reintegros a 35,350 contribuyentes y dijo que el plan fiscal contempla estos desembolsos.

El mandatario aseguró que no habrá tal cosa como la congelación de las cuentas de Hacienda. “La protección (del Título III) no permite eso. Nos permite garantizar que la operación del gobierno continúe. De eso es que se trata esta movida”, afirmó.

En lo que va de año, Hacienda ha desembolsado más de $24.3 millones en reintegros de años anteriores y sobre $28.3 millones en pagos por  crédito a personas de 65 años o más.


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