El recinto de Río Piedras de la UPR ha estado cerrado desde el 28 de marzo por un paro y posterior huelga estudiantil en rechazo a los recortes de presupuesto propuestos para la institución. (horizontal-x3)
El recinto de Río Piedras de la UPR ha estado cerrado desde el 28 de marzo por un paro y posterior huelga estudiantil en rechazo a los recortes de presupuesto propuestos para la institución. (Archivo / GFR Media)

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se apresta a darle hoy el visto bueno a un plan fiscal a 10 años para la institución, el cual duplicaría el costo del crédito para los estudiantes de bachillerato y establece que el recorte anual máximo que enfrentará el sistema universitario en su presupuesto será de $241 millones.

El plan fiscal original que trabajó la administración de la UPR en conjunto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) fue modificado luego que el Comité de Finanzas de la Junta de Gobierno lo rechazara y solicitara que se incluyeran varias recomendaciones. 

Los cambios, en su mayoría, se basaron en las proyecciones de “ingreso y ajustes” contenidas en una carta que el gobernador Ricardo Rosselló le envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el mes pasado, indicó el presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez Díaz, en declaraciones escritas.

El cuerpo rector del sistema universitario ya cuenta con los votos necesarios para aprobar esta nueva versión del plan fiscal, indicaron varias fuentes de este diario. El documento debe ser entregado a la JSF el 30 de abril.

La semana pasada, la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, presentó a varios sectores de la comunidad universitaria un plan fiscal que conllevaba un recorte presupuestario de hasta $512 millones para el año 2025-2026. 

El documento que evaluará hoy la Junta de Gobierno establece que la institución universitaria tendrá una reducción de $149 millones en su presupuesto del próximo año

Esta reducción aumentará a paulatinamente hasta llegar a $241 millones para el 2021 y se mantendrá así hasta 2026, de acuerdo a papeles de los cuales este diario tiene copia y que ayer tarde fueron discutidos en una asamblea de la Escuela de Derecho del recinto de Río Piedras.

La reducción presupuestaria estaría acompañada de un recorte de gastos que ascendería a $164 millones en 10 años, así como nuevas fuentes de ingresos que añadirían $78 millones en ese mismo periodo.

Asimismo, se establece que el costo por crédito para los estudiantes subgraduados aumentará de $56 al momento a $120, aunque no todos los estudiantes pagarán esta cantidad. 

De acuerdo a una fuente, este modelo propone que los alumnos reciban un subsidio de hasta 50% a base de un análisis socioeconómico, por lo cual los universitarios de escasos recursos pagarían menos. 

Esta nueva escala de precios además mantiene vigente el aumento escalonado que existe en al UPR desde 2006, por lo cual el costo por crédito aumentaría todos los años para los estudiantes de nuevo ingreso.

La presidenta interina de la UPR no estuvo disponible para entrevista. Un portavoz de Fernández informó que esta prefería que fuera la Junta de Gobierno quien se expresara en torno al plan fiscal que trabajó su equipo.

Sin embargo, en la noche del miércoles esta emitió una comunicación a la comunidad universitaria en la que sostuvo que los recortes propuestos, así como la dificultad para allegar fondos externos nuevos de forma recurrente, colocan a la UPR “en una posición vulnerable”.

Gestión contrarreloj

A tres días para que venza el plazo que tiene la UPR para entregar su plan fiscal, las opciones del cuerpo rector de la institución son pocas. Si no aprobara hoy el nuevo documento, se le podría pedir a la presidenta interina que trabaje nuevos modelos antes del domingo, señaló la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno, Sandra Espada.

En la reunión de hoy, los miembros del Comité de Finanzas presentarán sus recomendaciones, pero el pleno de la Junta de Gobierno no está obligada a votar a tono con lo que estos indiquen, indicó Espada.

La Ley 2 del 2017 establece que AAFAF puede tomar las medidas que “determine necesario” para asegurar que las instrumentalidades que están bajo la Ley federal PROMESA -entre ellas, la UPR- cumplan con los planes fiscales y con los calendarios de trabajo establecidos, por lo cual se entendía que este organismo podría presentar su propio plan si la UPR no aprueba uno. 

No obstante, anoche uno de los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno, Gilberto Domínguez, sostuvo que AAFAF recibió instrucciones del gobernador que le impiden trabajar su propio documento financiero para la UPR.

Ayer, una petición de entrevista de este diario con funcionarios de AAFAF no fue respondida.

La reportera Melisa Ortega Marrero colaboró con esta nota.


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