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La “cuota de estabilización” de $800 anuales que pagan los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no se puede eliminar, reiteró hoy el presidente de la institución, Miguel Muñoz, durante su comparecencia a las audiencias de transición hacia el nuevo gobierno.

“Siempre he dicho que no se puede eliminar la cuota. El informe de Moody’s destaca que una de las fortalezas que tiene la Universidad es la cuota, porque son ingresos independientes que no dependen de fondos gubernamentales”, afirmó Muñoz.

La referencia fue a la reciente devaluación del crédito de la UPR por parte de la empresa evaluadora, que, afirmó el presidente de la UPR, fue producto de la dependencia de los fondos del gobierno central.

“La alta dependencia de fondos del gobierno es lo que nos debilita. Los bonos de la universidad están garantizados por la matrícula, por las distintas cuotas. Su alta dependencia del gobierno al degradar en dos niveles la deuda del gobierno, nos impacta directamente a nosotros”, afirmó.

“Estamos claros que hay que allegar fondos adicionales para tener una posición mucho más sólida”, sostuvo.

Durante las audiencias se estableció que la matrícula representa solo un 7.2% de los ingresos totales de la UPR. Los funcionarios de la universidad recalcaron, sin embargo, que los bonos están garantizados por los ingresos propios y estos suman solo $145 millones, por lo que los ingresos de matrícula representan la mitad.

También se estableció durante la audiencia que la UPR tuvo ingresos que fueron superiores a sus gastos por $46.7 millones durante el recién concluido año fiscal 2012 y de cerca de $58 millones en el fiscal anterior a 2011.

Muñoz atribuyó esos buenos resultados a las medidas de recorte adoptadas por la administración y la imposición de la cuota, que representó ingresos por $41 millones el pasado año. “Hubo que tomar medidas fuertes, no simpáticas, pero hicimos lo que había que hacer”, afirmó.

Ninguno de los miembros del comité de transición entrante hizo referencia a la posibilidad de eliminar la controvertida cuota, un compromiso que hizo el nuevo gobernador, Alejandro García Padilla, antes de salir electo.

A lo largo de la vista, miembros del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, estuvieron levantando cartelones con reclamos contra la administración universitaria.

“Mis $800 ¿donde están? Universidad Abierta, no intelution. Reforma Universitaria ahora; más estudiantes en la Junta de Síndicos”, fueron algunos de los cartelones que levantaron desde el fondo del salón donde se desarrollaron las audiencias.

En peligro fondos para investigación

Otro tema que se debatió largamente en las vistas fue la determinación de la National Science Foundation (NSF) de detener su apoyo económico a los proyectos de investigación que se realizan en la UPR.

Dicha decisión, de sostenerse, podría tener un impacto de cerca de $10 millones anuales en fondos que no recibiría la universidad.

Al momento, explicó Muñoz, se está solicitando a la entidad que reembolse los gastos incurridos en las investigaciones entre junio de 2011 y abril de 2012, y que ascienden a cerca de $6 millones, ya que para ese periodo no existía la penalidad.

Se le sometieron además los documentos, agregó, para que se paguen también los reembolsos de las labores del pasado verano, pero admitió que sobre estos últimos no hay información aún de si se recibirán. En juego aquí hay otros $5.9 millones.

“La NSF nos impuso una suspensión en toda propuesta activa o por aprobarse por 60 días, porque no estaban completamente satisfechos con los avances. No nos iban a pagar por reembolsos hasta que no presentáramos informes de tiempo y esfuerzo satisfactorios para ellos”, explicó.

“La UPR solicitó una reevaluación en septiembre de 2012. Ellos accedieron a evaluar los informes de tiempo y esfuerzo de junio a abril y hace dos semanas nos solicitaron informes para reembolsos y esperamos que a principios de enero podamos tener esos reembolsos”, agregó.

Se expresó optimista de que en enero próximo se levante la suspensión de pagos y se reanude el financiamiento. “Entendemos que estamos en total cumplimiento con los informes de tiempo y esfuerzo. Nos indicaron que a principios de enero se van a estar comunicando con nosotros”, dijo.

Muñoz reconoció, por otra parte, que el inspector general de la NSF está realizando una investigación sobre unos proyectos de la UPR y que para enfrentar la misma contrató los servicios de abogados, para los que se separaron ya en presupuesto unos $300,000.

No descartó, por otro lado, que al concluir el proceso de negociación con la NSF la UPR pueda ser multada “No nos han multado y no puedo decirle a este comité que no nos van a multar”, dijo.


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