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Oscar López Rivera ha cumplido 35 años y seis meses de cárcel tras ser convicto en 1981 principalmente por conspiración sediciosa, debido a sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). (GFR Media)

WASHINGTON - Una vez superadas las 100,000 firmas que pueden provocar una respuesta pública de la Casa Blanca, la campaña pro liberación del prisionero político Oscar López Rivera busca incrementar la intervención en el debate de líderes y organizaciones internacionales.

La idea es que durante estos días de Navidad y frente a instalaciones estadounidenses en el exterior –como embajadas, universidades u oficinas de intereses–, personalidades internacionales expresen solidaridad con la excarcelación de López Rivera.

En los últimos días, líderes políticos puertorriqueños han elevado su reclamo a favor de la liberación de López Rivera, quien ha cumplido 35 años y seis meses de cárcel tras ser convicto en 1981 principalmente por conspiración sediciosa, debido a sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Por ejemplo, el gobernador electo, Ricardo Rosselló, y la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) enviaron cartas la semana pasada al presidente Barack Obama pidiendo la excarcelación.

También avivaron sus expresiones públicas el gobernador Alejandro García Padilla, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y la senadora independentista María de Lourdes Santiago, artistas como Danny Rivera, Chucho Avellanet, René Pérez y el pelotero Carlos Delgado.

Premios Nobel de la Paz, entre ellos el reverendo Desmond Tutu y la líder indígena Rigoberta Menchú, el expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, el cantautor Rubén Blades y el Caucus Hispano del Congreso han exhortado también al presidente Obama a liberar ya al prisionero independentista, lo que puede hacer sin esperar por una recomendación del Departamento de Justicia de EE.UU. y sin tener que dar explicaciones.

“Seguimos por todas las vías pacíficas y legítimas reclamando que se atienda el pedido del pueblo de Puerto Rico”, dijo ayer el presidente del Comité pro Derechos Humanos, Eduardo Villanueva, al indicar que consideran actos de desobediencia civil.

La petición en la página de internet de la Casa Blanca –la que aún puede ser firmada por medio del programa “We the People”– persigue obtener una respuesta del presidente Obama sobre la solicitud de clemencia a López Rivera, que desde 2011 examina el Departamento de Justicia de EE.UU.

La solicitud de internet ante la Casa Blanca fue presentada por el abogado José Rodríguez Irizarry. Ahora, el presidente Obama tiene los últimos 43 días que le quedan en la Casa Blanca para dar alguna explicación pública o tomar una decisióndefinitiva sobre el caso de López Rivera.

Debido a que es un programa establecido por Obama, seguramente la iniciativa “We the People” se extingue junto con su presidencia. La petición de internet ha ayudado, sin embargo, a darle más fuerza al reclamo por la liberación de López Rivera, quien cumplirá 74 años el próximo 6 de enero, día de los Tres Reyes Magos.

“La lucha no acaba aquí. Haber cumplido la petición en tan solo 25 días debe usarse como mecanismo de presión a funcionarios federales de Estados Unidos como evidencia del respaldo masivo que tiene este caso y de que Oscar debe tener una consideración de excarcelación genuina. De por sí la petición sigue acumulando firmas, así que tampoco hay que desistir en propagar el mensaje a través de ese vehículo”, indicó Rodríguez Irizarry.

Como los demás firmantes, Rodríguez Irizarry ahora tiene que esperar por la respuesta de Obama.

La petición anterior

 En marzo de 2015, 105,000 ciudadanos también firmaron una petición dirigida a que el presidente Obama destituyera al gobernador García Padilla. Dos meses después, la Casa Blanca, al responder públicamente, mantuvo sus manos afuera al indicar que ese tipo se asuntos se reglamenta por medio de la Constitución de Puerto Rico

En su mensaje, la Casa Blanca indicó que, de acuerdo con los términos expuestos en la plataforma digital “Nosotros, el pueblo” o “We the People”, “no se abordarán asuntos bajo el amparo de las leyes estatales o locales, en este caso, la Constitución de Puerto Rico”.

Toda una ironía de la vida, pues un año después el gobierno federal le impuso al Gobierno de Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal, que ha tachado el poder de los funcionarios electos de la Isla en torno al presupuesto y los planes financieros.


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