Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

 (vertical-x1)
(GFR Media)

El plan revisado que el gobernador Alejandro García Padilla presentó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no cumple con los requisitos establecidos en la ley federal PROMESA, parte de supuestos macroeconómicos incorrectos y propone medidas correctivas tardías e insuficientes para atender el cuadro fiscal y económico de Puerto Rico.

Tales planteamientos fueron hechos por el economista Joaquín Villamil, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados Kenneth Rivera Robles y el principal responsable de Ramírez & Co. en Puerto Rico, Fernando Viñas, durante un evento de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) para discutir el documento que serviría de hoja de ruta para transformar a Puerto Rico.

Métodos incorrectos

Según Villamil, la nueva versión del Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (PFCE) presentado a la JSF a mediados de mes repite las recomendaciones erradas del análisis de la economista Anne O. Krueger, la experta que contrató la administración García Padilla para analizar la sostenibilidad de la deuda pública de Puerto Rico.

“Ese estudio (el informe Krueger) es un serio problema porque no entendió el carácter de Puerto Rico como una economía regional. Hace propuestas que en una economía cerrada y nacional hacen sentido, pero en una economía abierta, lo que lograría es acelerar la migración”, dijo Villamil al criticar el análisis que sirvió de base para que el Gobierno planteara que no podía pagar la deuda pública.

Según Villamil, las proyecciones del PFCE son incorrectas porque la firma a cargo de estas utilizó el Producto Interno Bruto (PIB) como referencia, cómputo que incluye los fondos que salen de Puerto Rico, lo que distorsiona la realidad económica local.

Además, dijo Villamil, en el PFCE se utilizó la curva Phillips, un modelo que analiza la relación inversa entre empleos e inflación.

“Esa metodología no puede aplicarse a la Isla porque los precios son exógenamente determinados y el empleo es creado endógenamente”, dijo Villamil. “Eso es inexcusable que se haga, tan sencillo como eso”.

Las proyecciones del PFCE, según el documento, estuvieron a cargo del execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rafael Romeu, presidente de la firma de consultoría DevTech Systems, con oficinas en Washington D.C. y Miami.

En síntesis, el PFCE contempla una combinación de recortes e impuestos que, aun aplicándose, dejarían un déficit de $59,000 millones a 10 años.

Aire de más impuestos

Según Rivera Robles, desde el lado de los impuestos, el PFCE no ofrece un cuadro claro.

Mencionó que el Gobierno acortaría el déficit en $10,000 millones por la vía de ajustes, pero allegaría $9,000 millones por el lado de impuestos, incluido el arbitrio de 4% a las empresas foráneas y el establecimiento de la videolotería, lo que dejaría unos $629 millones, según el PFCE.

“Lo que esto dicees que en la parte contributiva se puede apretar el cinturón todavía más”, dijo Rivera Robles al comparar la estructura tributaria de la Isla con las de Grecia y España, que también lidian con líos fiscales.

Rumbo a los tribunales

Ante las incongruencias del PFCE, no habría una referencia clara para negociar con los bonistas. 

En ese sentido, dijo Viñas, el PFCE no cumple con los requisitos para ser aprobado, según la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica (PROMESA).

De ser el caso, la única certeza, a la fecha, serían más disputas legales entre el Gobierno, los bonistas y la JSF, pues la suspensión automática de litigios expira en febrero de 2017, a menos que la JSF busque extender esa protección.

“El único acierto que tiene el (PFCE) es que plantea con claridad los problemas más graves que enfrenta Puerto Rico en términos fiscales”, dijo Viñas, al agregar que las medidas en el PFCE pudieron ponerse en vigor durante los pasados dos años.

Según Viñas, si bien habría oportunidad para que, fuera de la corte, bonistas y Gobierno se pongan de acuerdo antes de que venza el llamado “stay” de PROMESA, “la dificultad que conlleva la reestructuración de la economía hará que se termine en el capítulo III”. O sea, en las disposiciones para renegociar la deuda al amparo de la corte. De acuerdo con Viñas, aunque el PFCE no contempla pagar la deuda en 10 años, preliminarmente, sus números apuntan a que hay cierta capacidad para pagar a los bonistas.

Además, para el banquero de inversiones, otra deficiencia significativa del PFCE radica en su enfoque.

“PROMESA propone un proceso de reestructuración por emisor, mientras que el Gobierno continúa insistiendo en una reestructuración general”, dijo Viñas.


💬Ver 0 comentarios