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Un Gobierno en negación, una administración universitaria a la defensiva y un cuerpo policiaco que reconoce haber cometido abuso fue parte de lo que encontró una delegación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que concluyó ayer una visita para investigar casos de violación de derechos civiles en el País.

El consenso en la delegación es que la situación en cuanto al respeto a los derechos civiles en la Isla es peor de lo que imaginaban.

El grupo centró su investigación en cómo la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Ejecutivo y la Policía manejaron las manifestaciones recientes de los estudiantes universitarios en el recinto de Río Piedras, el hotel Sheraton y frente al Capitolio.

“La necesidad de mantener la universidad abierta y asegurarle el acceso a los estudiantes no puede justificar el uso excesivo de la fuerza que vimos en los vídeos”, destacó el director de la ACLU, Anthony Romero, quien también reconoció que estudiantes violaron leyes y rompieron propiedad del Estado.

“Cuando el Gobierno suelta el poder de la Policía sobre estudiantes que estaban reunidos pacíficamente en un lugar público, eso es antiamericano, contrario a los valores puertorriqueños, inconstitucional y contrario a la ley”, dijo.

El grupo se reunió por separado el lunes con estudiantes universitarios, periodistas y con el secretario de Estado, Kenneth McClintock, y el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

Romero mencionó que cuando le preguntaron a McClintock y a Rodríguez Ema qué revaluarían sobre el manejo de desobedientes civiles en los pasados años: “no tuvimos respuesta”.

Reconocen abuso policiaco

Otro miembro del grupo, Juan Cartagena, presidente de la organización Latino Justice, mencionó que el único funcionario que reconoció exceso de fuerza fue el jefe de la Policía, José Figueroa Sancha.

“Tuvimos que esperar día y medio para que alguien hiciera esa admisión, cuando era tan obvio”, dijo.

La rectora Ana Guadalupe y el presidente interino de la UPR, Miguel Muñoz, fueron duramente criticados por el grupo. Ángelo Falcón, de la organización National Institute for Latino Policy, quedó horrorizado con ambos. “La reunión que fue horrible fue con la gente de la iupi. Esa gente está del cara...”, dijo. “Pensábamos que ese sería el lugar en que serían más solidarios con los estudiantes... no vimos ninguna compasión”, agregó.

La ACLU se propone divulgar un informe sobre sus hallazgos en septiembre y le dará seguimiento a unos acuerdos alcanzados con la Policía en cuanto a la implementación de una política de uso de fuerza. De hecho, la ACLU colaborará en entrenamientos a policías sobre el respeto a los derechos civiles.

De no haber respuesta clara del Gobierno, la organización no descarta iniciar litigios en las cortes federales.


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