La UPR de Río Piedras se mantienen paralizada desde hace casi un mes, inicialmente por un paro y luego por una huelga. (horizontal-x3)
La UPR de Río Piedras se mantienen paralizada desde hace casi un mes, inicialmente por un paro y luego por una huelga. (Tony Zayas)

Decenas de académicos organizados bajo el nombre “Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria” (PAReS) celebraron ayer la oposición pública de los rectores de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a los recortes millonarios incluidos en el borrador de plan fiscal institucional. 

El organismo compuesto por docentes se reunió, ayer, para delinear estrategias dirigidas a enfrentar los ajustes fiscales en el centro educativo que alcanzarían los $512 millones, al año 2025, según la propuesta elaborada por presidencia en cumplimiento con la guías de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

El rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), John Fernández  Van Cleve, inició el pasado domingo una campaña en redes sociales para presionar al Ejecutivo y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el propósito de frenar el plan fiscal según divulgado y visibilizar la importancia de la UPR como proyecto de país.   

El rector de Humacao, José M. Encarnación González, se sumó al llamamiento de Fernández Van Cleve y expresó su rechazo contundente al tijeretazo al presupuesto de la universidad y a los programas académicos. También, ayer, los 11 rectores emitieron un comunicado de prensa conjunto rechazando las reducciones.

“Los rectores están empezando a perder el miedo administrativo de expresarse sobre lo que ellos entienden van a ser unos recortes que van a destruir la universidad. Así que nosotros nos alegramos mucho de que podamos, como voz de los universitarios, estar unidos en ese reclamo”, expresó el profesor Federico Cintrón Moscoso, integrante de PAReS.

“Ahora, lo que esperamos también es que nuestra presidenta (Nivia Fernández) y nuestros representantes en las respectivas juntas también se unan a ese reclamo y que sea toda la universidad y todo el sistema los que se expresen en contra de ellos”, agregó el educador.

La profesora Anaira Santori resaltó que el movimiento estudiantil es el responsable de los consensos que se han ido alcanzando en contra de los ajustes económicos en la universidad. 

La UPR de Río Piedras se mantienen paralizada desde hace casi un mes, inicialmente por un paro y luego por una huelga. Anoche, el recinto de Carolina levantó su voto de huelga, lo que reduce a ocho la cantidad de recintos paralizados actualmente.

“Este movimiento iniciado por los estudiantes parece que por fin ha percolado hacia arriba, con los administradores, nuestros pares docentes que ocupan puestos por un período para ayudar a coadministrar la universidad”, manifestó Ana Matanzo, profesora de Derecho.

“Ahora queda por ver cómo se va a fraguar el plan que está reclamando como justo esa comunidad”, abundó la académica, al reiterar el reclamo de que el plan fiscal institucional se haga público previo a la fecha de su entrega pautada para el 30 de abril de 2017.

Matanzo alertó que el contenido de esa propuesta fiscal que será sometida a la JSF afectará los procedimientos posteriores de quiebra que puedan iniciarse bajo el Título 3 de la Ley PROMESA.

“Si la universidad aprueba ese plan a espaldas de sus miembros, esa  es la representación de universidad que va a tomar como punto de partida la reorganización de ese procedimiento de quiebra. Ahí es que incide la pertinencia de que sea el criterio académico el que señale las prioridades y esas guías hacia esa reorganización. ¿Quién está haciendo eso ahora mismo? No sabemos”, manifestó.

De acuerdo con la Ley PROMESA, como parte de los requisitos que una entidad debe cumplir para iniciar el proceso de reestructuración de su deuda está la aprobación de un plan fiscal certificado por la Junta.

Los miembros de PARes repudiaron, finalmente, el trato dado por las autoridades a los estudiantes durante una manifestación a favor de la auditoría celebrada el domingo en el Capitolio. Dos alumnos fueron detenidos por agentes encubiertos e ingresados en autos no identificados en un movimiento criticado incluso por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Los cargos contra Adriana Quiles Méndez fueron desestimados. Contra Josué Román Figueroa, prevaleció, en esta etapa, un cargo menos grave. 


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