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Aunque la contaminación acústica es más evidente en islas y cayos como Palomino, Palominito e Icacos, se trata de un “problema recurrente” en playas de todo el País. (horizontal-x3)
Aunque la contaminación acústica es más evidente en islas y cayos como Palomino, Palominito e Icacos, se trata de un “problema recurrente” en playas de todo el País. (Jorge Ramirez Portela)

La Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS), encargada de la implantación del Programa Bandera Azul en la Isla, propuso que algunas playas se declaren como zonas libres de ruido, a fin de atajar el problema de contaminación acústica que les aqueja.

María Elena García, directora ejecutiva de OPAS, indicó que la intención es que, mediante un proyecto piloto, se cree un código de conducta y manejo ambiental de las playas del Programa Bandera Azul, cuyo pilar sea respetar el derecho a disfrutar en tranquilidad.

García contó que la propuesta fue llevada, en marzo del año pasado, a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, pero nada ha ocurrido desde entonces.

En aquella ocasión, García hizo una presentación ante representantes de las 10 agencias que integran la Junta de Playas, en la que expuso que, aunque la contaminación acústica es más evidente en islas y cayos como Palomino, Palominito e Icacos, se trata de un “problema recurrente” en playas de todo el País.

Mencionó, por ejemplo, los balnearios Boquerón, en Cabo Rojo; Seven Seas, en Fajardo; La Monserrate, en Luquillo; El Escambrón, en San Juan; Nolo Morales, en Dorado; y Cerro Gordo, en Vega Baja. Lo mismo ocurre en la reserva natural Caja de Muertos, en Ponce; y en las playas Combate, en Cabo Rojo; y Culebrita, en Culebra.

“Cada lancha tiene un equipo de música diferente y compiten entre ellas. La música se puede escuchar por toda la playa a niveles intolerables”, dijo a El Nuevo Día.

En el caso de Palomino, añadió García, los huéspedes del hotel El Conquistador, en Fajardo, han expresado –“en múltiples ocasiones”– su malestar con la situación, pero ha caído en oídos sordos entre las agencias llamadas a responder, como el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y la Policía.

Inacción

La investigación ISLA, ¿SIN PLAYAS?, de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo, reveló que, por los pasados tres años y medio, la Junta de Playas no ha invertido un solo centavo en el principal recurso natural, recreativo y turístico de la Isla. 

Esto, pese a que la Ley 293-1999 la obliga a mantener y a desarrollar las playas mediante actividades como la protección ambiental, la adquisición de terrenos, el establecimiento de instalaciones para uso y recreación pasiva, la conducción de medidas de seguridad yde programas o campañaseducativas, y concretamente la limpieza de las áreas, entre otras.

Como parte de la investigación, la Policía alegó que interviene y expide multas por violaciones a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática (Ley 430-2000), pero no proveyó estadísticas. Mientras, de las 2,884 intervenciones y 1,934 multas expedidas por el Cuerpo de Vigilantes del DRNA entre 2015 y lo que va de 2017, ninguna fue por ruidos excesivos.

“Ni la Policía, ni el Cuerpo de Vigilantes están interviniendo de forma cotidiana”, afirmó García.

Durante su presentación a la Junta de Playas, trascendió que los oficiales de ley y orden no intervienen con las embarcaciones ruidosas, porque no están adiestrados ni cuentan con los equipos necesarios, según consta en la minuta de la reunión.

“Menos espacios”

Sobre el proyecto piloto como tal, García explicó que requeriría orientar al personal que trabaja en las playas, para que comience a informar e implantar el código de conducta.

“El personal del estacionamiento, por ejemplo, puede informar al visitante que está entrando en una playa Bandera Azul/reserva natural, donde existe un código de conducta que hay que respetar”, dijo, tras resaltar que la contaminación acústica acarrea otros problemas, como anclaje indiscriminado de embarcaciones –afectando el suelo marino–, alteración a la paz y basura en las playas, entre otros.

“Cada día hay menos espacios tranquilos para el ciudadano local”, lamentó.

García contó que OPAS y Bandera Azul Puerto Rico está en conversaciones con varios municipios costeros, a fin de lograr que aprueben ordenanzas sobre el control de ruido en las playas y áreas naturales.

Por otro lado, urgió la realización de “estudios acústicos” en las playas, para comenzar a recolectar datos sobre la percepción de ruido de los visitantes.

Mencionó que un primer estudio se realizó, entre marzo y mayo de 2016, en los balnearios de Punta Salinas; en Toa Baja, y El Escambrón, en el que la mayoría de los 400 participantes dijo utilizar un “volumen moderado”, que realmente es significativo para cada persona.

“La mayoría de las personas asocia el ruido en las playas con la normalidad cotidiana y recreativa… es casi como si lo aceptaran”, acotó García, y dijo que una segunda fase del estudio se centrará en el impacto económico de la contaminación acústica en las playas desde la perspectiva del turista extranjero.


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