La orden firmada por el gobernador le da amplias facultades a la AAFAF, al DH y a la OGP para controlar las finanzas de las agencias. (horizontal-x3)
La orden firmada por el Ejecutivo le da amplias facultades a la AAFAF, al DH y a la OGP para controlar las finanzas de las agencias. (Teresa Canino)

De ahora en adelante, toda oficina en las agencias públicas que maneje asuntos que afecten los fondos del gobierno quedará bajo la supervisión directa de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

La directriz la impartió ayer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mediante una orden ejecutiva, que busca establecer controles fiscales y medidas de ahorros adicionales para poder cumplir las métricas del Plan Fiscal para Puerto Rico avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

De esta manera, la AAFAF, el DH y la OGP fiscalizarán de cerca el manejo de fondos públicos en áreas como las de recursos humanos, nómina, finanzas, pagaduría, fondos federales y contabilidad en todas las agencias del Ejecutivo.

“La situación actual de nuestra isla requiere la pronta intervención de la AAFAF, el DH y la OGP, conforme a sus respectivas facultades en ley”, indica la orden ejecutiva (OE-2017-033), suscrita ayer por el mandatario.

“El personal destacado podrá, sin que se entienda como taxativo, revisar facturas, reconciliar deudas y recomendar reducciones de gastos por contratos, de modo que se logren reducciones de contrataciones y se generen ahorros adicionales a los ya proyectados por el gobierno. No se permitirá contratación nueva que no sea esencial”, agrega. 

El documento precisa que el término “agencia” se refiere a toda instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva, “independientemente de su nombre”.

De igual forma, establece que el secretario del DH, Raúl Maldonado Gautier, deberá emplear sus funciones como oficial financiero del gobierno (CFO, por sus siglas en inglés), para asegurar que se produzcan pronto los estados financieros correspondientes a los años fiscales 2015, 2016 y 2017.

Como parte de los deberes descritos en la orden, la AAFAF, el DH y la OGP podrán destacar personal en las oficinas de finanzas de las agencias del gobierno central con el fin de evaluar de cerca sus operaciones, e identificar e implantar medidas adicionales de ahorro y reducción de gastos. 

“Todo jefe de agencia debe brindar la mayor cooperación para fines de este esfuerzo”, subraya la nueva normativa.

El trío de agencias, que también conforma el comité con facultad para aumentar y ajustar las tarifas de las corporaciones públicas, igualmente tendrá que asegurarse de que los desembolsos que efectúen las entidades públicas se realicen según las guías establecidas en el plan fiscal. 

La orden ejecutiva se mantendrá vigente por tiempo indefinido, hasta que sea revocada por una nueva orden o alguna ley posteriormente. 

Según los requerimientos del Plan Fiscal aprobado en marzo, el gobierno deberá generar este año una reserva de efectivo ascendente a $200 millones, separados del Fondo General, y tendrá que producir ahorros de cerca de $291 millones.

Rechaza proyecto. De otra parte, temprano ayer, Rosselló Nevares se expresó sobre el proyecto sometido en la Cámara de Representantes para crear la “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”, y de inmediato, le cerró la puerta.

“Nuestra administración ha establecido de forma clara que no va a limitar derechos que han sido otorgados a distintos sectores de nuestra sociedad, tanto a nivel judicial como por vía legislativa”, aseveró el gobernador en declaraciones escritas.

“Rechazamos cualquier legislación, como el Proyecto de la Cámara 1018, que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual. Este tipo de medidas no tienen paso en esta administración”, añadió el primer ejecutivo. 

La medida, de la autoría de los representantes novoprogresistas Guillermo Miranda, Carlos “Johnny” Méndez y María Milagros Charbonier, fue criticada por grupos que defienden los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT), que argumentaron que podría servir como un mecanismo discriminatorio.

Si se convertía en ley, la pieza legislativa hubiera permitido a una persona incumplir con algún estatuto o norma del gobierno si iba en contra de sus principios religiosos.


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