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La rectora del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Ana Guadalupe, ordenó la suspensión por dos años y probatoria de dos años adicionales contra el estudiante y líder huelguista Ian Camilo Cintrón Moya, quien enfrentaba un proceso disciplinario desde principios de año.

La decisión de la rectora contrastó con la recomendación de la Junta de Disciplina de desestimar los cargos.

El proceso disciplinario que culminó con esta decisión surgió a inicios del año, luego de la actividad en conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos, en la que participaron cientos de personas y que culminó en una marcha por el recinto como parte de las manifestaciones en contra de la imposición de una cuota de 800 dólares a todos los estudiantes. 

Durante la actividad, personas no identificadas irrumpieron en el Centro de Estudiantes, destruyeron propiedad y lanzaron bolas de humo.

Los argumentos sobre la nulidad del proceso administrativo están ante la consideración del juez Ángel R. Pagán Ocasio del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desde junio de 2011. 

De acuerdo con una comunicación enviada por las abogadas del joven, Leila Castro y Yanira Reyes, "las acciones arbitrarias, caprichosas y prejuiciadas de la rectora Ana Guadalupe continúan ocasionando daños irreparables a este estudiante universitario quien lleva un año sin estudiar por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión".

Como parte del proceso disciplinario, la rectora Ana Guadalupe presentó querella, nombró a la oficial examinadora, Maritza Miranda, y tomó determinación en contra de Cintrón Moya, a pesar de que existe una opinión del Tribunal de Apelaciones que establece que la rectora no podía intervenir en los procedimientos contra estudiantes que fueron demandados por ella en el caso de UPR versus Laborde.

El Tribunal de Apelaciones determinó que la rectora no podía ser un árbitro imparcial puesto que ya tenía opiniones prejuiciadas contra estos estudiantes que ella misma había demandado.

"Muestra de esta parcialidad y prejuicio es que la rectora acoge la solución más punitiva a pesar de que había serios señalamientos sobre el informe de la oficial examinadora por parte de la Junta de Disciplina. Este informe está plagado de expresiones personales, juicios morales y ausente de evaluación de la prueba desfilada, al punto de que se emite el informe sin permitir que los estudiantes tuvieran oportunidad de presentar su prueba", se explicó en la comunicación. 

El informe de la oficial examinadora fue evaluado por la Junta de Disciplina, integrada por miembros de la comunidad universitaria, la que determinó que las actuaciones de los estudiantes están dentro del marco de la protección constitucional y que en ausencia de prueba debían desestimarse los cargos.

Sostienen las abogadas que, aunque en la manifestación con la cual se vincula a su representado participaron muchas personas y esta contaba con amplia presencia policíaca, la rectora Ana Guadalupe "arbitrariamente comenzó procesos disciplinarios selectivos en contra de solo dos líderes estudiantiles, Ian Camilo Cintrón Moya y Adriana Mulero Claudio". 

A ambos líderes de la Unión de Juventudes Socialistas (UJS) se les imputaron violaciones al reglamento de estudiantes, adjudicándoseles responsabilidad absoluta por los incidentes. 

Las abogadas insisten en que durante el proceso disciplinario administrativo no desfiló prueba alguna que vinculara a los estudiantes Cintrón y Mulero. 

En el caso de la joven Adriana Mulero aún no se ha emitido una decisión final.


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