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Los inquilinos de las 68,586 unidades de residenciales públicos del País podrán pagar tarifas fijas mínimas de servicio de electricidad y agua, gracias a una ley que entra en vigor hoy.

En conferencia de prensa realizada ayer en el Residencial Manuel A. Pérez, en San Juan, el gobernador Luis Fortuño anunció la Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, que establecerá una tarifa fija mensual para los dos servicios.

Los residentes que interesen acogerse a los nuevos programas pagarían de $30 a $50 mensuales por el servicio de electricidad, dependiendo del número de habitaciones en sus viviendas.

Por el servicio de agua la tarifa será entre $10 y $19.71, según se tenga o no acceso a servicio de alcantarillado.

El primer mandatario explicó que, para beneficiarse de las nuevas tarifas, la ley requiere que los residentes con balances atrasados de luz y agua se acojan a un plan de pagos.

El plan requiere que los solicitantes abonen -en cada factura de luz y de agua- $10 mensuales a cada deuda, junto con el pago de la tarifa fija mensual por cada servicio, hasta saldar los balances vencidos.

Fortuño señaló que la deuda combinada en los residenciales públicos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es de casi $70 millones, lo que -dijo- afecta el funcionamiento de estas agencias y, como consecuencia, algunas familias han tenido que ser desalojadas de sus viviendas.

Fortuño destacó que los habitantes de los residenciales públicos tendrán sólo una oportunidad para aceptar las tarifas fijas. Aquellos que no tengan deudas pendientes de agua y luz y su factura mensual de electricidad sea menor que la tarifa fija establecida por la AEE, tendrán la opción de ser excluidos de la ley.

Mientras el Gobernador hacía el anuncio, bajo carpas frente al centro comuna, personal de la AEE y la AAA, orientaba a los residentes de Manuel A. Pérez sobre las tarifas fijas y el plan de pago. El Gobernador informó que las orientaciones serán ofrecidas en los demás residenciales públicos.

Por otra parte, Mayra Rivera Rosario, líder comunitaria en Manuel A. Pérez, criticó que empleados de Grupo Nobel, la compañía privada que administra el residencial, estuviesen despertando a los residentes desde tempranas horas el sábado y domingo “pidiendo que firmaran el documento de la ley sin saber lo que estaban firmando”, dijo.

“Hay falta de información y los de pocos ingresos o de renta negativa, que a veces les llega tarde, lo ven como navaja de dos filos, que si fallan en pagar las tarifas fijas los echen de sus apartamentos”, señaló Rivera a El Nuevo Día.

Afirmó que “en los residenciales casi el 90% no están pagando luz y agua, y no los están echando a la calle”.


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