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Las alternativas para “manejar” la deuda pública de Puerto Rico cada día se agotan más y son menos los remedios disponibles para revertir la estrechez económica que los préstamos provocan en las estructuras del gobierno.

La camisa de fuerza bajo la cual están las agencias, las corporaciones públicas y los municipios, es similar a la que tiene una familia que ha hipotecado tantas veces la casa y ha usado tanto la tarjeta de crédito que ya no tiene forma de pagar la deuda si no acude a recortar gastos de comida, agua, luz y teléfono. Estos recortes en una estructura gubernamental se traducen en achicar los servicios que se ofrecen.

“Lo esencial es entender que Puerto Rico será una economía muy distinta luego del 2013. Será más pequeña y será una en que el crecimiento será lento. Eso no quiere decir que no podremos afrontar los problemas sociales, sino que lo tendremos que hacer de manera muy distinta a como lo hemos hecho hasta ahora y con mucha más imaginación que tan solo aumentar la deuda”, explicó el economista José Joaquín Villamil.

Quiebra fuera de alcance

Para un individuo, una corporación o, inclusive, para una ciudad, la solución podría ser declararse en quiebra. Eso detendría un poco a los acreedores y le daría al gobierno la flexibilidad de reestructurar sus fianzas mientras opera con cierta normalidad. Pero los gobiernos estatales no tienen esa opción. Las leyes no se lo permiten. Además, la Constitución de Puerto Rico da una altísima prioridad al pago de la deuda pública. Es decir, no hay forma legal que permita escapar de la deuda aunque sea de forma temporera. Las responsabilidades con los acreedores prestatarios del gobierno se deben cumplir antes que el mismo pago de la pensión de los retirados del gobierno.

“Se ha hablado de que Puerto Rico está en quiebra, pero declararse en quiebra no es una opción. No tiene esa capacidad legal. No es una alternativa disponible. El problema ha sido que, por décadas, se ha vivido endeudando las generaciones futuras y esto ya se acabó. No es posible”, explicó el economista Ramón Cao.

Cuando habla de décadas, se refiere a prácticamente todos los gobiernos a partir de la administración de Roberto Sánchez Vilella (1965-1968). Según Cao, esa fue la última administración que pudo cerrar sus presupuestos con sobrantes de manera recurrente.

Desde entonces, la práctica, en mayor o menor grado, ha sido tomar dinero prestado para cubrir los gastos ordinarios. Es decir, los ingresos de las futuras generaciones se comprometieron para pagar lo que en ese momento se entendía como inmediato, dijo Cao.

Falta de confianza

Los gobiernos, para manejar su deuda, han optado por renegociar los términos de pago. Para eso se necesitan unos elementos fundamentales: unos buenos intereses en el mercado prestatario, un buen crédito de parte del que solicita el dinero y una confianza por parte del banco o el que presta el dinero.

Los buenos intereses dependen en gran medida de la clasificación del crédito. Y el desempeño de Puerto Rico en ese renglón ha sido muy pobre. Desde hace un tiempo, el crédito del gobierno boricua se ha mantenido apenas un nivel por encima de lo que se considera “chatarra”. Esto impide un acceso del gobierno a préstamos con intereses razonables. La inestabilidad en el mercado de bonos municipal, que es donde se trafica gran parte de la deuda de Puerto Rico, empeora la situación, indicó Villamil.

La más reciente emisión de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, dejó el panorama claro para el gobierno en lo que respecta al mercado de bonos. Pese a que, en teoría, la corporación pública tenía un crédito que todavía estaba dentro del rango de inversión, el mercado trataba el crédito de Puerto Rico como si ya fuera “chatarra”. Eso detuvo todas las intenciones del gobierno de refinanciar o de emitir nueva deuda durante el 2013. El interés era muy alto como para cubrir el pagaré.

De hecho, el propio Banco Gubernamental de Fomento (BGF) entiende que una renegociación o reestructuración de la deuda “no es una alternativa que se esté considerando en este momento”.

Trámites estructurales

Por el momento, la administración del gobernador Alejandro García Padilla, ha concentrado sus esfuerzos en una serie de trámites legislativos que buscan expandir la capacidad crediticia de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), entidad que usa la porción estatal del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) como fuente de repago para la deuda que emite. Esta es la entidad gubernamental con mejor clasificación crediticia en la actualidad. Según una comunicación escrita del BGF, los planes son acudir a los mercados de bonos a inicios de año, una vez esté fortalecido Cofina. Las primeras emisiones buscarán mejorar la liquidez del BGF. Esto, porque el Banco ha visto reducido su dinero de depósitos debido a los numerosos préstamos que ha hecho, muchos de ellos sin fuente de repago.

Lo que procede en este tipo de escenario de escasa liquidez, es que el gobierno emite nuevos préstamos en el mercado de bonos y usa el dinero para pagar la deuda que tiene con el BGF. Esto tiene el efecto de cambiar el prestamista. En lugar de ser el BGF, serían los inversionistas que compran bonos.

El trámite, a grandes rasgos, es un tanto simple. Es como si una persona le prestara $10 a un familiar. Cuando el “prestamista” necesita ese dinero de vuelta porque apenas tiene billetes en su cartera, le dice a ese familiar que pida los $10 prestados a otra persona para que así tenga los chavos para pagarle.

El tranque en los últimos meses ha sido que los bonistas le prestan el dinero a Puerto Rico pero a unos intereses demasiado altos. Como consecuencia, el BGF ha tenido que mantener los préstamos en sus libros sin poder recuperar el dinero.

“Esperamos salir al mercado a principios de año. Al momento, estamos mayormente enfocadosen refinanciar la deuda pública que el BGF tiene en sus libros”, lee la comunicación escrita enviada por el BGF a instancias de El Nuevo Día.

A capitalizar el BGF

El gobierno ha tomado varias medidas conducentes a lograr una mayor liquidez en el BGF. Ejemplo de esto, es darle paso a la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que le permitió a la Autoridad de Puertos devolverle al BGF gran parte del dinero que le adeudaba y para el cual no tenía fuente de repago. Bajo la misma premisa de liquidez, se impuso, por ejemplo, el alza al arbitrio sobre los derivados del petróleo. Ese aumento le da a la Autoridad de Carreteras y Transporte una fuente de repago para la deuda de $2,200 millones que mantiene con el BGF porque no ha podido ir al mercado de bonos para transferir la deuda.

En la sesión extraordinaria de la Legislatura en diciembre, La Fortaleza propuso en un proyecto de ley la creación de la Corporación para el Financiamiento Municipal (Cofim), que buscaba sacar del BGF unos $600 millones de préstamos de los municipios y transferirlos al mercado municipal de bonos.

Según el BGF, también se están atrayendo los depósitos del gobierno nuevamente al Banco, de modo que pueda aumentar la liquidez de esta entidad gubernamental.

Las reformas de los sistemas de retiro de los maestros, los jueces y la de los empleados de Estado Libre Asociado, también ayudan a preservar la liquidez del banco ya que protegen el crédito del gobierno y eso beneficia a una trasferencia de los préstamos emitidos por el BGF al mercado de bonos.

“Las nuevas medidas me parecen acertadas: la reforma del plan de pensiones de los maestros y el mecanismo de Cofim tienen beneficios en términos de convencer a las agencias acreditadoras de que se están tomando medidas para enfrentar el tema de la deuda y su repago”, dijo Villamil.

Otra de las medidas incluidas en la extraordinaria restituía el 7% de impuesto en el IVU (la tasa en febrero iba a bajar a 6.5%) y le daba poderes a la secretaria de Hacienda para que aumentara este impuesto si los recaudos del gobierno estaban por debajo de lo proyectado. Según ha explicado la secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, esta última pieza, que cuenta con la oposición legislativa y de los alcaldes, busca darle más confiabilidad a los bonistas para así evitar la degradación en el crédito. Actualmente, la deuda pública de todos los organismos gubernamentales ronda los $70,000 millones. Si se le suman los intereses, lo adeudado sobrepasa los $100,000 millones.

A pagar lo debido

El fortalecimiento del crédito de Cofina es particularmente importante en este año fiscal ya que el propio presupuesto, desde su concepción, tiene deficiencias presupuestarias que rondan los $850 millones.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, ha señalado que los recaudos hasta noviembre han estado unos $74 millones por encima de lo proyectado y los gastos se han recortado, reduciendo así esta deficiencia.

De acuerdo con el BGF, eso es parte de la propia estrategia financiera de reducir las deficiencias y “abonar a la deuda más rápido en vez de refinanciarla, como se ha hecho anteriormente, así reducimos su ritmo de incremento”.

Salvavidas desde Washington

Según el propio gobernador Alejandro García Padilla, en la década de los años 1970, cuando la crisis del petróleo a nivel internacional junto a los problemas económicos locales provocaron un disloque, se resolvió con la creación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Este estatuto fue derogado en la década de los años 1990 aunque tuvo un periodo de transición que permitió que las industrias se beneficiaran de este incentivo económico hasta el 2006, año en que comenzó la recesión actual.

Pero, ya las esferas del poder en la capital estadounidense han advertido que no habrá salvavidas económico para Puerto Rico, y en el panorama no hay incentivo industrial que pudiera estimular nuevamente la maltrecha economía boricua. Lo único que ha hecho la administración del presidente Barack Obama es nombrar un equipo económico para ayudar al gobierno en el manejo de sus finanzas, con énfasis en la administración de los cerca de $6,000 millones que anualmente recibe el país de fondos federales.

Según Cao, en su segundo cuatrienio, el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, enfrentó una situación un tanto parecida buscando dinero prestado en la banca privada de Europa.

Sin embargo, se trata de una acción difícil de repetir, según el economista, por la fragilidad que enfrenta el mercado europeo, salvo por Alemania, que sirve de motor económico para la región.

Soluciones lentas

Tanto Villamil como Cao recalcaron en que, para subsanar la situación, se debe comenzar una revisión completa de los ingresos y gastos del gobierno. Ya el gobernador nombró una comisión que se está encargando de idear un nuevo esquema contributivo que le permita al gobierno ser más eficiente en la captación de las contribuciones mientras, según el ejecutivo, se estimula el desarrollo económico.

El área de los gastos es un tanto más complicada. La administración del ahora exgobernador Luis Fortuño, con la Ley 7 de Emergencia Fiscal, bajó gran parte de la nómina gubernamental y recortó el presupuesto de una gran cantidad de agencias. De hecho, Carlos Rivas, jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ha calculado los fondos discrecionales del gobernador, que no estaban comprometidos por leyes, en unos $200 millones.

“Contrario a lo que mucha gente piensa, los gastos y el empleo en el gobierno se han reducido significativamente. El problema cara al futuro es asegurar que el aumento en la deuda no sea mayor que el crecimiento en el Producto Nacional Bruto (PNB). En los pasados 13 años ha sido casi el doble”, dijo Villamil.


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