La licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, indicó que recabarán el apoyo general para financiar los trabajos. (horizontal-x3)
La licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, indicó que recabarán el apoyo general para financiar los trabajos. (Suministrada)

Luego que el gobierno le cerrara la puerta a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, los grupos que apoyaban ese mecanismo para examinar la deuda se comprometieron hoy, viernes, a darle continuidad a esa gestión mediante la creación de un nuevo organismo que cumpliría la misma función, pero desde una perspectiva ciudadana.

A esos fines, la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, indicó que recabarán el apoyo general para financiar los trabajos, y dijo que cuentan con el apoyo de la mayoría de los exintegrantes que representaban el interés público en el desaparecido ente.

“Vamos a ser una comisión netamente ciudadana, con entidades sin ningún tipo de conflicto de interés. Además, vamos a estar contratando expertos en auditorías de deuda pública. Vamos a estar levantando la evidencia necesaria para utilizarse en los foros, vamos a tener esa evidencia, que evidentemente el gobierno no quiere levantar y que va a estar a la disponibilidad del escrutinio público”, enfatizó la abogada durante una conferencia de prensa.

La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, que quedó inoperante esta semana tras la derogación de la ley que la creó en 2015, había contratado -a un costo de $100,000- a la firma Macías, Gini & O’Connell (MGO), con sede en California, para que se encargara de examinar las últimas cuatro emisiones de deuda.

La intención, explicó Prados, es que puedan mantener ese contrato, y partir de esas cuatro auditorías para luego ampliar el alcance del proceso.

“En el Frente insistimos por una auditoría integral de la deuda, no una simple auditoría financiera, como interesa realizar la Junta de Control Fiscal o se pretende con la Oficina del Contralor Federal”, puntualizó Prados.

“Vamos a buscar todas las estrategias necesarias para que esa auditoría se dé rápido, y que los resultados los podamos tener con la mayor premura posible”, enfatizó.

La desaparecida comisión tenía asignado un presupuesto de $2.5 millones, pero de esa cantidad, el gobierno solo desembolsó $600,000, y el Senado identificó $700,000 adicionales el pasado cuatrienio.

Además de los ocho representantes del interés público, la entidad estaba compuesta por los líderes de la Asamblea Legislativa y representantes de las minorías parlamentarias.

Los integrantes del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda también anunciaron que se unirán este domingo a la Marcha por la Auditoría y la Educación Pública, que saldrá desde el Parque Luis Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, hasta el Capitolio a partir de las 9:00 a.m. 


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