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Los opositores a Maduro están preocupados porque aseguran que la medida busca promover y no prevenir el odio (AP).

Caracas - Un mensaje u opinión que se haga público en Venezuela y que sea considerado por el gobierno como un insulto o expresión de "odio", podría llevar a la cárcel a ciudadanos comunes, a cerrar medios y a sancionar a partidos políticos, gracias a una polémica ley que entró en vigor esta semana. 

La "Ley contra el odio", que consta de 25 artículos y dos disposiciones transitorias, fue aprobada el miércoles de forma unánime por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano conformado únicamente por militantes chavistas, que para la oposición y numerosos países, carece de legitimidad. 

Esta nueva legislación causa especial polémica, debido a que es vista por la comunidad internacional como una forma del Ejecutivo de Nicolás Maduro de evitar cualquier opinión, o publicación discordante con su lineamiento político. 

Aquí te mostramos lo que debes saber sobre esta nueva normativa. 

¿Qué dice la ley? 

Según el primer artículo, la legislación tiene por objeto "contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar todo tipo de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia". 

Para su fiscalización, creó la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica,compuesta por fieles al régimen. 

En el ámbito político, se prohíbe expresamente a los partidos promover "el fascismo, la intolerancia o el odio" de cualquier tipo "que constituya incitación a la discriminación y la violencia". 

En tanto, obliga a los medios de comunicación social a difundir de manera gratuita 30 minutos semanales de mensajes para promover "la paz, la tolerancia, igualdad, respeto y diversidad". 

La ley contempla también que los centros e instituciones educativas se conviertan en espacios "de y para la paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria", y obliga a las instituciones del Estado a trabajar de manera "indeclinable" para cumplir este propósito. Además, se decretó el 21 de septiembre como el "Día Nacional de la Paz", y el mes de mayo como el "Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha contra la Intolerancia".

¿Cuáles son las sanciones? 

El centro de la normativa, y lo más cuestionado, tiene que ver con las sanciones que recibirían quienes no cumplan con su mandato. Las formaciones políticas que incurran en faltas, no podrán participar en procesos electorales.

Los canales, diarios y radios que se nieguen a difundir los mensajes de promoción antes mencionados, serán multados con hasta el 4% del total de los ingresos brutos del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior a la falta. 

En el caso de los medios online, éstos serán sancionados con 100 mil unidades tributarias (lo que equivale a unos $3 millones) si publican contenido considerado de "odio" o "intolerancia" por un tiempo mayor a seis horas. 

Lo más grave, según los críticos, tiene que ver con el artículo 20, que textualmente indica: "Quien públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas será sancionado con prisión de 10 a 20 años". 

¿Qué pasa con las redes sociales? 

Sobre "la responsabilidad en las redes sociales", la ley solo especifica que las expresiones de los internautas "que promuevan la guerra o inciten al odio nacional" están prohibidas, aunque no señala expresamente si lo escrito en estas plataformas pudiera tener consecuencias jurídicas para los ciudadanos. 

De todas formas, según lo consignado en el artículo 20, queda abierta la posibilidad para que cualquier opinión que sea expresada "mediante cualquier medio apto para su difusión pública" pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta legislación. Así, por ejemplo, los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en pruebas de sus propios delitos. 

¿Qué dice el oficialismo? 

El chavismo, que gobierna Venezuela desde 1999, ha subrayado las bondades de esta herramienta legal para garantizar valores y principios como "el amor, la paz, la democracia, la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto y la preeminencia de los derechos humanos" como la vida. 

"Esta ley, no sé si habrá otra, creo que es una de las más hermosas que ha tenido la legislación venezolana", aseguró Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la ANC. 

Además, aseguran que la medida pondrá freno a los "sectores extremistas" de la oposición, a los que acusan de haber provocado la ola de protestas que sacudió al país entre abril y julio, y se saldó con 120 muertos. 

"Es un homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el gobierno,aseguró Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC. 

¿Qué dicen los críticos? 

Sin embargo, su puesta en marcha ha sido criticada por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que asegura que el gobierno de Maduro busca con este marco jurídico promover y no prevenir el odio y la intolerancia en un país ya marcado por la polarización política. 

"Tiene un corte absolutamente fascista", dijo el diputado opositor, Tomás Guanipa, a Globovisión. Organizaciones internacionales se han sumado a esta postura. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, consideró "alarmante" la nueva normativa. 

"Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista", explicó ayer y advirtió: "Esto es absolutamente mucho más grave, se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a un Estado absolutamente totalitario".


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