Para el abogado del alcalde de Guaynabo, Joaquín Monserrate Matienzo, una medida administrativa contra el alcalde representa un
Para el abogado del alcalde de Guaynabo, Joaquín Monserrate Matienzo, una medida administrativa contra el alcalde representa un "ataque". (Archivo / GFR Media)

El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, se prepara para una posible destitución, según confirmó hoy su abogado, Joaquín Monserrate Matienzo.

El licenciado expresó en entrevista con endi.com que este paso “es uno de los múltiples ataques que está recibiendo el alcalde de las instituciones que lo están investigando”.  

“Él está muy consciente y tendremos que enfrentarnos a todo lo que ellos ataquen. Así que es una situación difícil, pero nos prepararemos y lo defenderemos como él se merece”, acotó el letrado. 

Al ejecutivo municipal se le investiga en la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) por “violaciones a varios artículos del Código Penal y de la Ley de Ética”. 

El referido de Justicia especificaba que pudo haber violado la Ley 54 por maltrato psicológico o emocional, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual. Otras tres violaciones responden a los artículos 135 y 136 del Código Penal, por acoso sexual y exposiciones obscenas.

Según informó la presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, este organismo podría sancionar a O’Neill con una suspensión o destitución de sus funciones.

Cotto Vives explicó a endi.com, que el lunes en la tarde el PFEI además de asignar a dos fiscales para investigar a O’Neill, remitió un caso ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

Esta división tiene hasta el lunes próximo para notificarle al alcalde si se le formularán cargos administrativos. De radicársele, O’Neill tendría 15 días para contestar a las imputaciones. 

En cualquier momento durante este proceso, señaló la presidenta, la UPAD podría recomendar al PFEI alguna sanción o que se tome alguna medida cautelar, como que se evite que el alcalde de Guaynabo tenga contacto con los testigos en su contra. Los miembros del organismo dictarían si se impone tales recomendaciones.  

“La UPAD evalúa la conducta en el ámbito administrativo en la que incurren los alcaldes o legisladores municipales y que en alguna medida afecten los trabajos del municipio. Así que, dentro de ese ámbito administrativo, la UPAD va a hacer una evaluación de la investigación preliminar que recibimos del Departamento de Justicia con las declaraciones juradas y demás que se acompañan y estará haciendo una recomendación al Panel”, sostuvo. 

Cotto Vives explicó que la medida administrativa no estaría relacionada a la pesquisa criminal que realizan los fiscales asignados al caso, Guillermo Garau y Leticia Pabón. Estos tienen 90 días para investigar y recomendar al PFEI si se le deben radicar cargos criminales al alcalde. 

A dos días de que el PFEI haya tomado acción en el caso, la UPAD todavía no ha recomendado alguna sanción. Cotto Vives dijo que el proceso podría demorar algunos días, pues el informe remitido por Justicia contra el alcalde es “voluminoso” e incluye varias declaraciones juradas. 

El PFEI tiene programado reunirse mañana. No obstante, la presidenta indicó que hasta el momento no está pautado analizar algún tema correspondiente a O’Neill. 

Señaló que, si atienden el caso, no se podría informar a la prensa de ninguna medida cautelar que solicite la UPAD. En cambio, si se recomienda y determina alguna separación del cargo, se informaría. Estas podrían ser una suspensión de empleo, suspensión del sueldo o destitución del cargo. 

En tiempos recientes, el PFEI le ha cancelado el empleo y el salario a los alcaldes de Corozal, Sergio Torres Torres; al exalcalde de Cataño, José Rosario, y al exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín

Si O’Neill es suspendido o destituido de su cargo, sería la vicealcaldesa de la ciudad, Aurializ Lozada Centeno, quien ocuparía el cargo de alcaldesa interina. 


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