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Espacios Abiertos presentó una análisis de la información que, según PROMESA, será pública o confidencial. (Gerald López Cepero)

Pese a ser un organismo adscrito al gobierno estatal, la información pública que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recibirá, generará o custodiará es limitada, lo que coarta las vías para que el pueblo se instruya, cuestione y se exprese sobre los trabajos del ente recién constituido.

Así se desprende de un análisis que realizó la organización Espacios Abiertos sobre la información que, según la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), será pública o confidencial.

Al presentar ayer los resultados de su análisis, los directivos de Espacios Abiertos señalaron que PROMESA hace referencia a “muchos” documentos e informes que llegarán y/o saldrán de la JSF, pero no especifica si los hará públicos.

Entre esa información que no se sabe si se divulgará o cuándo están, por ejemplo, los datos oficiales de las agencias públicas locales y federales que la JSF solicite para ejercer sus funciones, las que el ente someta al gobernador y la Legislatura sobre las acciones que deben tomarse para cumplir con el plan fiscal, y la información sometida por cada auspiciador de “proyectos críticos”.

Nuria Ortiz Vargas, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, indicó que, aunque un sector de la población lo espera, el rol de la JSF “no es” acabar con la corrupción, los malos manejos del patrimonio público y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios electos y de carrera.

“Con los poderes delegados a la JSF en PROMESA se pueden tomar decisiones trascendentales, que afectarán a Puerto Rico por generaciones, a oscuras y totalmente a las espaldas de Puerto Rico”, dijo.

Ortiz Vargas añadió que, dado el impacto que la JSF tendrá sobre la vida política, social, económica y jurídica puertorriqueña, “es imprescindible” que los ciudadanos tengan acceso a todo documento que reciba, genere o custodie el organismo, cuyos siete miembros fueron nombrados por el presidente Barack Obama el pasado 31 de agosto. Los miembros son los boricuas republicanos Carlos García y José Carrión, y los demócratas José Ramón González y Ana Matosantos. Completan la lista los republicanos Andrew Biggs y David Skeel, y el demócrata Arthur González.

Derecho

Por su parte, Natalia Ramírez Echevarría, coordinadora de la Unidad de Rendición de Cuentas de Espacios Abiertos, destacó que en Puerto Rico existe el derecho constitucional al acceso a la información. A esos efectos, como la JSF es un organismo adscrito al Gobierno estatal –según establecido en PROMESA–, debe hacer pública toda la información que maneje.

“Queremos llamar la atención de la ciudadanía sobre hecho y servir de plataforma para que la gente se informe y se exprese al respecto”, dijo Ramírez Echevarría, y detalló que el análisis de la organización categorizó en tres áreas la información que la JSF manejará: confidencial, pública y aquella que no se sabe si va a ser pública o cuándo lo será.

Explícitamente, PROMESA menciona que serán confidenciales las sesiones ejecutivas, según los miembros de la JSF estimen necesario, y el informe que envíe el gobernador sobre los acuerdos contributivos que el Gobierno ha otorgado.

De igual forma, PROMESA establece que serán públicos los reglamentos internos que adopten los miembros de la JSF; los regalos, gerencias o legados que reciba el organismo; los hallazgos de las investigaciones sobre las prácticas de divulgación y compraventa en relación con la compra de bonos (si se decide investigar); y los informes de “proyectos críticos” junto con sus justificaciones.

También serán públicos los contratos ejecutados por agencias públicas, y las peticiones de reestructuración radicadas por la JSF en el Tribunal Federal para Puerto Rico.

“Aún no conocemos los reglamentos que adoptará la Junta, ni cómo conducirá sus trabajos. El documento que hoy (ayer) presentamos sirve como marco de referencia para estar alertas ante los trabajos y procesos que la ley (PROMESA) indica que deberá hacer la Junta”, expuso Ramírez Echevarría.

Lagunas

Sobre la información que no se sabe si se divulgará o cuándo, Ortiz Vargas y Ramírez Echevarría recalcaron que no necesariamente es de carácter confidencial, sino que PROMESA no da detalles.

Además de lo ya mencionado, en esta categoría están los presupuestos, datos e informes de las agencias que la JSF le pida al gobernador; el informe anual de progreso que la Junta rinda al Congreso y al presidente estadounidense; y los informes sobre flujo de efectivo del Gobierno para pagar el servicio de la deuda.

“Entendemos que el primer interesado en esta información es el pueblo de Puerto Rico”, dijo Ortiz Vargas.

Dentro de las lagunas de PROMESA respecto a documentos públicos o confidenciales también caen el análisis de pensiones (discrecional); los informes de la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO, en inglés) sobre los programas de la Administración de Pequeñas Empresas y los que describen las condiciones que llevaron a la deuda actual; y los contratos de la JSF. 

“Sobre los contratos, no se especifica si en la Junta están obligados a remitirlos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, pero deberían, por ser un organismo del Gobierno”, reiteró Ramírez Echevarría.

Tampoco está claro si serán públicos o confidenciales los reportes sobre la deuda del GAO, las certificaciones de reestructuración y la información de acreedores.

La información sobre el salario del director ejecutivo y demás personal de la JSF también está en el limbo, así como la relacionada con las vistas y reuniones que celebre el organismo, y el presupuesto y financiamiento para sus operaciones.

“Pero, una vez más, entendemos que debemos ser los primeros en conocer esta información, porque somos los que estamos sufragando la Junta”, dijo Ramírez Echevarría, tras recordar que mensualmente el Gobierno desembolsa$2 millones para la operación de la JSF.

Fiscalizar

Ante el cuadro descrito, el profesor Efrén Rivera Ramos, consejero general de Espacios Abiertos, manifestó que es indispensable que la ciudadanía “fiscalice activamente” las decisiones de la JSF, independientemente de la posición que se tenga sobre el organismo.

“(Las decisiones de la JSF) pueden tener efectos tremendamente perjudiciales para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Rivera Ramos.

“Esa fiscalización solo puede realizarse eficazmente si exigimos que sus operaciones sean transparentes. Igualmente, se le debe exigir transparencia al Gobierno de Puerto Rico en relación con su interacción con la Junta”, agregó.

Rivera Ramos hizo referencia a que en PROMESA se menciona que la crisis responde, en parte, a la falta de transparencia financiera del Gobierno. Por eso, tildó de “ilógico” que la JSF opere con la secretividad como norte, pues estaría replicando lo que el estatuto federal condena.

“La imposición de la Junta por el Congreso fue un acto antidemocrático. No permitamos que conduzca también al establecimiento de un gobierno secreto”, afirmó.

Nueva página

Ortiz Vargas y Ramírez Echevarría anunciaron que el análisis de Espacios Abiertos está publicado en una nueva sección de la página de la organización, bajo  espaciosabiertos.org/ojo-a-la-junta.

Aparte de la nueva sección, Espacios Abiertos lanzó una campaña de redes sociales, descrita como una iniciativa de información y participación ciudadana, que utilizará el “hashtag” #OjoALaJunta.

Ambas indicaron que durante los próximos meses, la organización publicará en su plataforma digital el estado de situación de las declaraciones, acciones y decisiones de los miembros de la JSF.

Espacios Abiertos complementará la información en sus redes sociales con peticiones específicas al pueblo y las autoridades pertinentes.

Ortiz Vargas y Ramírez Echevarría pidieron a la ciudadanía “regar la voz” compartiendo este tuit: “La secretividad ha salido cara. Todo informe y documento que genere, reciba o custodie la Junta debe ser público. #OjoALaJunta”.


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