La Junta de Supervisión Fiscal se reúne el viernes en Nueva York. (horizontal-x3)
La Junta de Supervisión Fiscal se reúne el viernes en Nueva York. (GFR Media)

Washington – Los conservadores del Congreso promueven que como parte de una próxima resolución de presupuesto se aplace la vigencia del título III de la ley PROMESA, que permitiría a la Junta de Supervisión Fiscal llevar a un tribunal especial de quiebras la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, confirmaron hoy varias fuentes.

Un miembro del Congreso y dos personas cercanas al gobierno de Puerto Rico confirmaron esta mañana que hay legisladores federales republicanos, en el Senado y la Cámara baja federal, que simpatizan con la idea y presionan para incluir algún lenguaje en cualquier resolución de presupuesto que se quiera aprobar esta o la próxima semana.

Mientras, el representante del gobernador en la Junta a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, Elías Sánchez, desvinculó al gobierno de Ricardo Rosselló de esos esfuerzos y dijo que no los respaldan.

“El gobierno de Puerto Rico no está gestionando ninguna enmienda ni apoya enmiendas a la ley PROMESA”, indicó Sánchez.

La discusión ocurre en momentos en que representantes del gobierno de Puerto Rico y la industria de salud están confiados en conseguir una asignación puente de entre $562 millones y $900 millones para amortiguar el agotamiento a finales de año de los fondos de Medicaid que ha otorgado Obamacare y representado cerca de $1,200 millones anuales para el plan Mi Salud.

Aunque no ha visto lenguaje, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó hoy que si la propuesta de posponer la vigencia del título III de PROMESA antes de las declaraciones de Sánchez, otra fuente sostuvo que el gobierno de Puerto Rico es consciente de los esfuerzos de un republicano del Freedom Caucus de la Cámara baja que impulsa aplazar el uso del título III.

El senador Eduardo Bhatia, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) y quien se encuentra hoy en Washington, afirmó que cualquier puertorriqueño que esté impulsando una enmienda para frenar la vigencia del título III “estaría haciendo la más grande traición a Puerto Rico”.

La ley PROMESA, firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, impuso una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, decretó una moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno de la Isla y abrió la puerta a un proceso de reestructuración de la deuda, sea de forma voluntaria o la vía judicial.

El freno en la litigación judicial vence el 1 de mayo, por lo que a partir del martes próximo, la Junta tendría el poder para – cumpliendo con los requisitos de la ley PROMESA-, acudir a un tribunal a solicitar unareestructuración de la deuda por medio del nuevo procedimiento de bancarrota territorial.

El senador Bhatia sostuvo que el título III de PROMESA fue la “ganancia” para Puerto Rico del estatuto federal.

El Congreso tiene hasta el fin de semana para aprobar una nueva resolución de gastos del gobierno federal. La resolución vigente expira el viernes.

Una de las alternativas que se discute es aprobar una resolución que se extienda por solo unos días, para entonces buscar ratificar la semana próxima otra medida que termine de financiar los gastos federales hasta septiembre e incluya otros asuntos, como los fondos de Medicaid que reclaman las autoridades de la isla.

De haber un acuerdo en las próximas horas, no se descarta que pueda aprobarse esta misma semana una resolución que financie los gastos del gobierno federal hasta septiembre.


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