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Amnistía Internacional exige frenar enmiendas al Código Penal (horizontal-x3)
Amnistía Internacional instó a los tribunales a que cumplan con su “obligación de defender nuestra Constitución”. (Archivo / GFR Media)

En caso de que se aprueben hoy, en la Cámara de Representantes, las enmiendas al Código Penal, el capítulo puertorriqueño de Amnistía Internacional (AIPR) hizo un llamado al gobernador Ricardo Rosselló para que no estampe su firma en el proyecto de ley.

“Tiene que detener la firma de esta ley retrógrada que lo único que hace es limitar la libertad de expresión”, sostuvo la directora ejecutiva Liza Gallardo Martín.

Si las enmiendas se convirtieran en ley, fijando así mayores penas a actos como pasquinas las paredes, encapucharse en protestas, detener las operaciones de un centro de instrucción pública o de una construcción, entre otros, el presidente de la Junta Directiva de AIPR, Osvaldo Burgos, instó entonces a los tribunales a que cumplan con su “obligación de defender nuestra Constitución” si la persona imputada responde a un ejercicio legítimo de libertad de expresión.

Esa tendencia a limitar la capacidad de protesta no es intrínseca de Puerto Rico; se ha podido documentar en más de 68 países del mundo. Por ese motivo, Amnistía Internacional lanzó una campaña global, que intenta que se reconozca y proteja a todas las personas que defienden los derechos humanos y que se les permita trabajar en un entorno más seguro con mayor acceso a recursos para lograr cambios sociales.

Bajo el nombre de “Valiente”, la campaña responde a una tendencia global que ha identificado la organización de criminalizar el acto de protesta desde el Estado, y de estigmatizar y atacar a los defensores de los derechos humanos como una reacción colectiva alimentada por los grupos de interés y los medios de comunicación.

A modo de resumen de los hallazgos del informe “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza: la reducción del espacio para la sociedad civil”, el coordinador de activismo de AIPR, Ruben Kondrup, alertó sobre la proliferación a nivel global de nuevas leyes represivas, detenciones arbitrarias y cargos infundados con penalidades a quienes recurren a la protesta para denunciar ataques a los derechos humanos.

A su vez, advirtió sobre el uso indebido del sistema de justicia, las amenazas, campañas de difamación y estigmatización, y hasta asesinatos contra portavoces de causas sociales, así como la vigilancia constante como incentivo a la cultura de censura.

“Las enmiendas que criminalizan la protesta agravando las penas y los delitos que antes eran menos graves, podrían exponer a los manifestantes a penas de privación de libertad. Si ustedse expresa, usted está expuesto a perder su libertad”, denunció la abogada Mariana Nogales, integrante del Comité de Acción Legal (CAL).

También, resaltó a las mujeres manifestantes como un sector doblemente amenazado y asediado por el lugar que culturalmente se le da en la sociedad, lejos del espacio público. 

“Estudiantes mujeres han recibido amenazas de violación, de agresión sexual; amenazas que no solos e dirigen a su participación en manifestaciones sino a su seguridad e integridad física”, comentó Nogales.

Por último, el licenciado Burgos aseguró que la alta jerarquía de Amnistía Internacional –organización que reúne a más de siete millones de personas que defienden los derechos humanos- está informada de la situación en la que se encuentra Puerto Rico, sobre todo ante las medidas de austeridad que se avecinan.


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