La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, considera que una posible reforma contributiva federal puede ser una oportunidad para Puerto Rico buscar superar su grave crisis fiscal. (horizontal-x3)
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, considera que una posible reforma contributiva federal puede ser una oportunidad para Puerto Rico buscar superar su grave crisis fiscal. (Archivo/GFR)

WASHINGTON - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, considera que una posible reforma contributiva federal puede ser una oportunidad para Puerto Rico buscar superar su grave crisis fiscal y de deuda pública, por medio de medidas de crecimiento económico.

Para González, la puesta en vigor del Título III de la ley PROMESA, ha permitido comenzar a ordenar una reestructuración abarcadora de la deuda pública de Puerto Rico, una puerta que abrió el Congreso para encaminar la recuperación económica de la Isla.

Ahora, confía en que la reforma tributaria que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y la mayoría republicana del Congreso aspiran a legislar antes de que termine 2017 - lo que a muchos les parece una meta difícil de alcanzar-, sea un segundo paso.

“Estados Unidos debe crear un sistema que permita a las empresas estadounidenses invertir, crecer y crear empleos y mejores oportunidades para la gente de Puerto Rico”, dijo ayer la comisionada González, al abrir un foro auspiciado por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso (CHLI), el brazo educativo de la Conferencia Republicana Hispana.

De cara a la reforma contributiva federal, la comisionada González ya ha propuesto legislación que recoge algunas de las recomendaciones del extinto Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico que pueden sumarse a una reforma tributaria, como el pleno acceso en la Isla al crédito contributivo infantil (CTC) y la permanencia del aumento en el arbitrio federal al ron que se importa de Puerto Rico.

Bajo las normas federales actuales, y por un error técnico, los residentes de Puerto Rico solo tienen acceso a un reembolso de hasta $1,000 del CTC si tienen tres o más niños dependientes, y rellenan la planilla contributiva federal para solicitarlo. 

La plena inclusión de los residentes de la Isla en el CTC puede tener un impacto de $273 millones anuales.

Aunque en EEUU gran parte del debate se centra en la reducción de las tasas para individuos y corporaciones, en Puerto Rico las grandes expectativas de una reforma son la posibilidad de que haya una ventana hacia la búsqueda de un nuevo mecanismo que incentive la inversión en la isla.

La comisionada González ha indicado que la propuesta que estudia persigue utilizar el programa que potencia beneficios contributivos para la inversión en zonas económicamente afligidas.

Pero, reiteró además la importancia de que si el Congreso y la Casa Blanca decidieran optar por alguna iniciativa que establezca un impuesto en la frontera para productos manufacturados en el exterior, Puerto Rico – que para algunas cosas del sistema contributivo federal es foráneo-, sea considerada una jurisdicción doméstica.

“Somos parte de Estados Unidos. Eso (el impuesto en la frontera) no debe aplicar a la isla y a los productos que son hechos en la Isla”, dijo González.

En su presentación el congresista republicano Carlos Curbelo (Florida) dijo que ha llevado ya ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja federal, del cual forma parte, algunas de las propuestas de la comisionada González. 

Sin embargo, evitó dar detalles de cuál debe ser el trato que reciba la Isla para promover las inversiones en Puerto Rico.

“Por el momento no estamos hablando públicamente, pero ya es positivo que se haya presentado el tema de Puerto Rico y que los profesionales que trabajan en el comité sepan que uno de sus miembros es una prioridad”, dijo Curbelo a El Nuevo Día, después de ofrecer su mensaje.

El demócrata boricua Darren Soto, otro orador del evento, afirmó que la reforma contributiva debe centrarse en “darle poder a los individuos, como lo haría el acceso al CTC”, y otro tipo de iniciativas como préstamos a pequeños empresarios y agricultores. 

Las soluciones no están necesariamente en nuevos incentivos contributivos para las corporaciones estadounidenses, dijo el congresista Soto, quien representa el distrito 9 de Florida, con base en Kissimmee.

Incertidumbre

Desde la Casa Blanca y el Congreso, no surgen señales claras sobre cómo integrar la Isla a una reforma tributaria federal.

Por un lado, según funcionarios legislativos, las expresiones del presidente Donald Trump en contra de una asignación de $296 millones en fondos de Medicaid que solo mitigan una parte del agotamiento de los $1,200 millones asignados por Obamacare, generan mucha preocupación.

Pero, al mismo tiempo que la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) reiteró esta semana su desencanto con la asignación de Medicaid para Puerto Rico, destacó Peter Sepp, de la “National Taxpayer Union”, esa dependencia reconoció en su declaración de política pública sobre el ómnibus presupuestario que “cualquier solución sostenible para la terrible situación fiscal de Puerto Rico” requiere medidas de crecimiento económico.

Zepp formó parte de un panel de discusión que siguió a los mensajes de los congresistas, en el evento de CHLI, en un edificio de Congreso.

Los otros panelistas que participaron en la sesión fueron Iván Román, asesor de la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA) de Puerto Rico, y Roxana Cruz Rivera, subsecretaria de Hacienda de Puerto Rico.

Al ser preguntados sobre algún nuevo beneficio para la repatriación de ganancias de las empresas estadounidenses en la Isla, Zepp recordó que en medio del debate sobre la ley PROMESA, el presidente del Comité de Finanzas del Senado federal, el republicano Orrin Hatch (Utah), aludió a la salida de la sección 936 del Código de Rentas Internas al referirse a causas de la caída económica de Puerto Rico.

La subsecretaria Cruz Rivera indicó, por su parte, que aunque el gobierno de Puerto Rico no tiene en este momento una propuesta específica sobre un nuevo mecanismo que incentive la inversión en la isla, “no vemos problemas en un trato especial por repatriación”.

Pero, resaltó la importancia de armonizar en lo posible los cambios federales con una reforma contributiva en Puerto Rico.

Román indicó que el debate no debe estar centrado en si el beneficio debe ser a través del sistema contributivo foráneo o doméstico de EE.UU., sino en cuáles son los incentivos para la inversión en la Isla.

“Puerto Rico necesita una herramienta de desarrollo económico”, sostuvo Roman, cuya industria representa 18,000 empleos directos y sobre 80,000 indirectos.

Román agregó que “cuál debe ser la herramienta dirigida a promover el desarrollo económico es la discusión que hay que tener con las personas que toman las decisiones para asegurarnos que podamos construir sobre una plataforma de conocimiento de cinco décadas" que ha tenido el sector de la manufactura.


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