Asignan más de $23 millones para infraestructura municipal (horizontal-x3)
Eduardo Bhatia sostuvo que el reto mayor con ambas legislaciones será que el gobernador Ricardo Rosselló confirme que, en efecto, el dinero está disponible. (Wanda Liz Vega Dávila)

La mayoría legislativa de Cámara y Senado aprobó hoy de forma paralela y por descargue sendas resoluciones conjuntas que viabilizan la repartición de la friolera de $24 millones para el desarrollo de infraestructura y obra permanente en municipios, así como la asignación de $300 mil a la Fundación Sila M. Calderón.

La asignación al Centro para Puerto Rico, localizado en Río Piedras y el cual recientemente fue visitado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, está plasmada en la Resolución Conjunta del Senado 131, medida que fue radicada y aprobada hoy sin discusión en el hemiciclo. El mismo panorama se dio en la Cámara con la Resolución Conjunta 177.

Entre ambas medidas, que contaron con la oposición de las minorías populares e independentistas, se destina la suma de $23.6 millones para municipios y agencias públicas para el desarrollo de obra permanente.

“Lo que pasa es que yo creo que es una burla al país que en momentos que el Gobernador declara en quiebra a Puerto Rico y donde le van a quitar $500 millones a la Universidad, de la nada, de un sombrero sacan $24 millones para dárselo mayormente a alcaldes amigos del PNP”, expresó el senador popular Eduardo Bhatia

Sostuvo que el reto mayor con ambas legislaciones será que el gobernador Ricardo Rosselló confirme que, en efecto, el dinero está disponible. “Las representaciones que ha hecho Puerto Rico fuera del país no son consistentes con esta actitud de parte de la legislatura del PNP”, agregó.

Tanto Bhatia como su homólogo en la Cámara, Ramón Luis Cruz, cuestionaron además la forma en que se determinó la distribución, una que favorece a los alcaldes del PNP, denunciaron ambos legisladores.  

En el caso del Senado, de los $11.8 millones, $10 millones fueron destinados a ayuntamientos de la Palma y sólo $1 millón a aquellos bajo alcaldes populares. Bhatia recordó que tras las elecciones, 45 municipios permanecieron bajo la Pava y 33 bajo la Palma.

“Se radica hoy, no se da espacio a la discusión, no se hace vista pública, no se cita a la minoría a una vista ejecutiva, no se entregan certificaciones de las agencias concernidas que confirmen que los fondos están, no permiten el debate en el hemiciclo y la aprueban a la carrera en la situación en que se encuentra en el país para hacer proyectos por ahí”, señaló Cruz.

Dijo que la medida de la Cámara le asigna fondos a cuatro municipios populares versus 26 del Partido Nuevo Progresista (PNP). En el caso de los distritos representativos del PPD, ninguno recibió dinero, agregó. “En un escenario cuando el país pasa por la quiebra, bajan $24 millones en que nadie sabe en qué va a gastar que debe ser para poner primera piedra y hacer proyectitos cuando le cierran escuelas a la gente”, agregó Cruz.

En el caso de la Cámara, los municipios con mayores asignaciones son: Cataño ($642,000), Fajardo ($4000,000), Manatí ($321,316.32) y Camuy ($310,000). En su mayoría, el dinero es para la repavimentación de caminos, mejoras a parques y canchas comunales, obras pluviales y construcción de muros, entre otros trabajos.

Mientras, en el Senado los municipios con mayores asignaciones fueron: Aibonito ($1 millón), Adjuntas ($619,460.58), Camuy ($592,500) y Canóvanas ($545,000). En el caso de populares, se le otorgó $10,000 al ayuntamiento de Coamo, $34,000 al de Juncos, $12,500 a Mayagüez y $50,000 a Loíza, entre otros.

El Senado también incluye la asignación de $300,000 a la Fundación de Sila M. Calderon y de $75,000 a los Centros Sor Isolina Ferré.

El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Antonio Soto, justificó la acción de la Cámara. Explicó que la distribución legislativa proviene del Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se efectúan por concepto de los recaudos correspondientes al .1% del impuesto sobre ventas y usos (IVU).

“Es de distribución legislativa y queda a discreción si lo distribuimos a los municipios o a las agencias para que realicen obras y mejoras de infraestructura en las distintas comunidades”, abundó el representante. 

El porqué de la prisa, Soto aseguró que la medida cuenta con la certificación de la disponibilidad de los fondos.  A preguntas de cómo se realizó la distribución, puntualizó que eso “es de libre discreción de la Asamblea Legislativa”, pero que sí hubo alcaldes que se acercaron a compañeros legisladores penepés para dejarle saber sus necesidades.

“Cada representante estableció sus prioridades o de qué manera quería distribuir la cantidad de dinero que le correspondía y lo asignaron, pero es algo que ocurre todos los años”, señaló.

Referente a los señalamientos hechos por legisladores populares sobre la desigualdad en la división de fondos, Soto denunció que durante la pasada sesión legislativa popular se aprobaron múltiples medidas, como las resoluciones 146 y 95 del 2013, que fueron distribuidas en su mayoría a municipios populares. 

“En esas distribuciones de 2013 a 2015 el Partido Popular distribuyó a los municipios populares exclusivamente, de manera indiscriminada más de $200 millones…el 99.9% eran municipios populares”, puntualizó.

Las resoluciones tienen que ser aprobadas por ambos cuerpos.


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