Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos. (horizontal-x3)
Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos. (Archivo/GFR)

Portavoces de las instituciones financieras del País defendieron la efectividad de los procedimientos de mitigación de pérdidas (“Loss Mitigation”) a la hora de evitar ejecuciones de hipotecas.

En una ponencia conjunta presentada hoy ante la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, presidida por el legislador Eric Correa Rivera, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Mortgage Bankers Association (MBA) sostuvieron que “los procesos de mitigación de pérdidas aumentan significativamente la probabilidad de curar un préstamo en delincuencia, lo que tiene el efecto de evitar que el mismo sea sometido a un proceso de ejecución”.

“De acuerdo con los datos de la OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras), en los últimos ocho años (2009-2016) se han otorgado alrededor de 174,756 alternativas de mitigación de pérdidas para un total de aproximadamente $19,326 millones, lo que significa que en igual número de casos se ha evitado el comienzo de una acción judicial de cobro de dinero y ejecución hipotecaria”, reza la ponencia.

El documento fue presentado en conjunto por Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos, y Antonio Hernández Almodóvar, presidente del Comité de Asuntos Legislativos de la MBA.

En los últimos ocho años se han ejecutado alrededor de 32,745 unidades, pero se han salvado alrededor de 174,756 a través de procesos de mitigación de pérdidas”, aduce la ponencia, por lo que añade que “es forzoso concluir que el mecanismo de mitigación de pérdidas pre-litigio ha resultado ser muy efectivo para evitar que un caso de morosidad culmine en la eventual ejecución de una propiedad”.

El documento fue presentado en una vista pública sobre la Resolución del Senado 117, para investigar los procesos de mediación compulsoria en casos de ejecución de hipotecas de vivienda principal que llegan a los tribunales del País.

A preguntas del senador Correa, la portavoz de la Asociación de Bancos afirmó que la mediación hipotecaria sí ha cumplido su propósito “porque ayuda, hay una alternativa adicional para las personas que hayan llegado ya a ese proceso. Lo que seguimos entendiendo en la industria bancaria es que el hecho de que haya habido, haya y habrá ejecuciones no es a consecuencia de que la Ley 184 no esté operando conforme a lo que fue aprobada”.

En cambio, adjudicó el alza en unidades residenciales ejecutadas –que según la OCIF subió de 2,357 en 2008 a 5,424 en 2016- a la crisis económica que atraviesa el País, el alto nivel de desempleo y la emigración masiva de boricuas a los Estados Unidos.

Tanto Álvarez como Hernández se expresaron en contra de que se elimine el requisito de que el deudor haya contestado la demanda de ejecución para que cualifique para los servicios de mediación hipotecaria.

Durante la vista también presentaron sus ponencias la OCIF, la Oficina de Administración de los Tribunales y el Departamento de la Vivienda.


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