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José Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. (horizontal-x3)
José Carrión III participó en un foro en Washington sobre la situación fiscal de Puerto Rico. (Especial GFR Media / Lenin Nolly Araújo)

Washington - José Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, confirmó hoy la presentación en el Tribunal Federal de San Juan del primer caso de bancarrota territorial, con la intención de reestructurar las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico.

“A partir de las 11:32 a.m. Puerto Rico se convirtió en un deudor de Título III, desafortunadamente”, indicó Carrión, al terminar un foro sobre la situación fiscal de Puerto Rico en el grupo de estudio American Enterprise Institute (AEI).

Carrión afirmó que no todas las reestructuraciones de la deuda pública se van a ajustar por medio del Título III de la ley PROMESA, pero adelantó que el caso de Cofina, por lo menos, será presentado también prontamente.

Según el presidente de la junta que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, aún bajo demandas de reestructuración por la vía judicial, no descartan que se produzcan acuerdos voluntarios entre el gobierno y sus acreedores.

“La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, indicó Carrión.

El gobernador Ricardo Rosselló solicitó a la Junta federal que utilice el mecanismo de la bancarrota judicial para reestructurar por lo menos parte de la deuda pública de Puerto Rico, que ronda los $69,000 millones.

Desde el viernes pasado, el ente federal había acordado decidir en sesión ejecutiva cualquier caso de reestructuración por la vía del Título III de la ley PROMESA, que creó un nuevo mecanismo de bancarrota territorial.

Carrión señaló que la Junta ha tomado “esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”.

Bajo el estatuto de PROMESA, le corresponde al juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, designar al juez que tendrá a su cargo la nueva corte de bancarrota territorial.

Carrión fue el orador principal en un foro de la American Enteprise Institute, dos días después de vencer el freno en la litigación judicial en contra del gobierno de Puerto Rico y tras presentarse nuevas demandas de acreedores en reclamo de los pagos del servicio de deuda.

Por otro lado, Carrión dijo que aún la Junta no ha revisado el proyecto de presupuesto presentado el domingo por el gobernador Ricardo Rosselló. “Hemos estado ocupado en otras cosas”, sostuvo Carrión.


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