La comisionada electoral del PNP, Norma Burgos (derecha) presentó su reclamo a la presidenta de la CEE, Liza García (centro). (horizontal-x3)
La comisionada electoral del PNP, Norma Burgos (derecha) presentó su reclamo a la presidenta de la CEE, Liza García (centro). (Xavier J. Araújo Berríos)

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, denunció que dos funcionarias del Partido Popular Democrático (PPD) pudieron haber cometido delitos electorales al negarse a ser parte de los procesos para la celebración del plebiscito del próximo 11 de junio.

En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, Burgos sostuvo que dos comisionadas locales del PPD de dos precintos en Las Piedras expresaron en reuniones que no participarían de los procesos relacionados al plebiscito luego que el presidente de la Pava, Héctor Ferrer, anunciara que la colectividad realizará un boicot a la consulta.

La negativa de las funcionarias de participar de procesos relacionados con el plebiscito se dio en una reunión en la que se estarían aprobando las solicitudes del voto adelantado en el domicilio para las personas con dificultad de movilidad en esos dos precintos, detalló Burgos.

“La CEE no puede permitir dicha conducta de obstruir y hasta sabotear un proceso electoral que podría tener el efecto de privar el derecho fundamental al voto, que sería una violación de derechos civiles”, expresó la comisionada electoral, al asegurar que ambas funcionarias están violando el Código Electoral.

Carta de Norma Burgos a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones

Burgos exigió que la presidenta de la CEE tome cartas personalmente en el asunto y no refiera la controversia a un comité examinador de querellas electorales, pues argumentó que pesquisas pasadas no han producido resultados.

Asimismo, la exsenadora pidió a García que solicite que se asignen fiscales y agentes de las agencias de ley y orden estatales y federales para que laboren el día del plebiscito y que supervisen los procesos electorales “para atender cualquier asunto de violación o privación del derecho fundamental al voto”.


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