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Pierluisi dijo que el gobierno de Estados Unidos rechaza la versión de los populares de que el Estado Libre Asociado fue un "pacto". (Archivo GFR/Media)

El alegato que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Tribunal Supremo federal en el que afirma que Puerto Rico es un territorio cuyos poderes residen en el Congreso norteamericano ha generado un mar de reacciones entre los líderes políticos del país que han llamado a distintas acciones, según sus ideologías, sobre cómo debe definirse el estatus de la Isla.

Se trata de un documento de 43 páginas que sometió el gobierno estadounidense a través de su procurador general, Donald Verrilli, en el caso criminal sobre doble exposición Pueblo de Puerto Rico vs. Sánchez Valle. En este, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en marzo que la Isla no tiene soberanía propia para juzgar a una persona que ya ha sido juzgada en el foro federal. En respuesta, el Departamento de Justicia de Puerto Rico pidió una revisión al Supremo estadounidense, la cual fue concedida y para la cual Verrilli pidió que se ratifique la decisión del foro judicial estatal. 

Verrilli, como representante del Gobierno de Estados Unidos, establece que los poderes sobre Puerto Rico están en el congreso estadounidense, por lo que no cuenta con soberanía. Tampoco reconoce el Estado Libre Asociado bajo la Constitución de Estados Unidos.

El gobernador Alejandro García Padilla reaccionó insistiendo en su posición de que Puerto Rico no es un mero territorio, sino que goza de una relación sin paralelo en el andamiaje constitucional estadounidense. 

Dijo que la postura esbozada por el procurador general de Estados Unidos en este caso, aparte de estar reñida con posturas previas del Departamento de Justicia federal, es errada y contraria a toda la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo estadounidense que le reconoce al Estado Libre Asociado un grado de autonomía similar al de los estados de la unión. Señaló que así lo dejó establecido el Congreso al entrar en un pacto que fue refrendado por la mayoría del pueblo puertorriqueño en las urnas al aprobar la constitución puertorriqueña. 

“Anticipo que, en armonía con las expresiones previas del Tribunal Supremo sobre el Estado Libre Asociado, la posición de Puerto Rico será validada. Mi administración continuará insistiendo en su posición. Tiene ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos que enfrentar definitivamente este asunto”, señaló el mandatario.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, sin embargo, fue más allá y reclamó que “es hora de preparar al país para un cambio en su relación con los Estados Unidos que le brinde estabilidad política, poder democrático al pueblo de Puerto Rico y dignidad incuestionable”. 

El líder senatorial prometió participar activamente del diseño de un proceso inclusivo, democrático y serio “que nos guíe por esa ruta y preserve la nacionalidad puertorriqueña que nos define”. Y es que según sus declaraciones escritas, la lectura que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el estatus de la Isla es “limitante, arcaica y peligrosa”.

Al otro extremo del debate, la senadora y candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, consideró que el alegato descarta “con jurídico desprecio el argumento de la administración García Padilla de que ‘el pacto’ entre Puerto Rico y los Estados Unidos no puede ser modificado unilateralmente por el Congreso, enfatizando por el contrario, que el Congreso jamás consideró ceder su autoridad plenaria sobre nuestro país”. 

“Este es el colonialismo exhibido al desnudo, sin falsos pudores democráticos, destapado en su crudeza por quienes ostentan poder absoluto sobre Puerto Rico. Hablaron los dueños del circo que es el ELA, sin siquiera hacer mención de que el estatus de inferioridad sobre cuya imposición presumen ante el Tribunal Supremo, fue rechazado en una ‘inimpugnada’ expresión democrática en la consulta de estatus de noviembre de 2012”, destacó la independentista.

“Los tiempos han cambiado y hoy el gobierno de los Estados Unidos declara sin reservas aquello cuya denuncia ha costado persecución y discrimen al independentismo”, agregó.

Mientras, el comisionado residente en Washington y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, fue el primero que reaccionó a este asunto. Opinó que a la luz de la crisis económica en la Isla y el alegato del Gobierno de Estados Unidos, hay que descartar las persistentes ilusiones sobre el estatus.

“El Gobierno de Estados Unidos rechaza la afirmación hecha por los líderes del PPD de que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es un ‘pacto’ que los Estados Unidos no pueden modificar unilateralmente. El Gobierno de Estados Unidos rechaza la afirmación hecha por los líderes del PPD de que Puerto Rico tiene un estatus ‘especial’ y el Gobierno de Estados Unidos rechaza la afirmación hecha por los líderes del PPD de que la etiqueta utilizada a menudo para describir el gobierno de Puerto Rico - 'Commonwealth' - tiene alguna relevancia para el estatus de Puerto Rico como un territorio”, expuso Pierluisi, también por escrito.

Recordó que en el 2012, Puerto Rico celebró un referéndum en el cual prevaleció la estadidad. En respuesta, el Congreso aprobó y el presidente Barack Obama firmó, una ley para autorizar “la primera consulta auspiciada por el gobierno federal en 117 años de historia de Puerto Rico bajo la bandera americana”. 

“Yo apoyo el uso de estos fondos para llevar a cabo una consulta ‘sí o un no’ sobre si Puerto Rico debe ser admitido como estado de los Estados Unidos de América”, indicó.

La aspirante a comisionada residente por el PNP, pero en un bando distinto al de Pierluisi de cara a las próximas elecciones, Jenniffer González, coincidió. 

“Esto le da la razón a lo que venimos diciendo por décadas y que el PPD rehúsa a aceptar. El Gobierno federal nos dice lo que es evidente, el ELA es una colonia y no garantiza la ciudadanía americana de formapermanente”, sostuvo la estadista.

Por eso, señaló, Puerto Rico recibe un trato injusto y discriminatorio en relación a los programas federales y no permite ejercer el derecho al voto en la nación a la cual la Isla pertenece. 

“Es hora de que todos los que atesoramos nuestra relación permanente con Estados Unidos y la ciudadanía americana nos demos cuenta que solo la estadidad garantiza la ciudadanía americana y el vínculo indisoluble, siendo el verdadero plan para que Puerto Rico salga de su crisis económica”, agregó la expresidenta de la Cámara de Representantes.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha pautado una vista en la que las partes involucradas en el caso presentarán sus argumentos el 13 de enero de 2016.


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