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Ramón Rosario dijo que el gobierno sigue esperanzado de poder negociar con algunos de los acreedores. (Ramón Tonito Zayas)

Aunque siguen sin descartar esa vía, el gobierno no considera acogerse a la quiebra mediante el Título III de la ley federal PROMESA, por considerarlo “innecesario” en este momento, indicó ayer el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés.

“Nosotros seguimos esperanzados de poder negociar -con algunos de estos acreedores- como negociamos con los acreedores de Autoridad de Energía Eléctrica y de no haber otro remedio o de continuar la intransigencia de los acreedores o de algunos de los acreedores, está el vehículo del Título III que el gobierno siempre va a poder ejercerlo y no se ha descartado nunca”, dijo el funcionario, quien respondió las preguntas de este diario luego de que se indicara que el gobernador Ricardo Rosselló no estaría disponible para entrevista.

Ayer la mañana, el mandatario visitó el área de la Milla de Oro, vandalizada tras finalizar el paro convocado por líderes sindicales. Allí, a pesar de tratarse del primer día en que Puerto Rico quedó sin la protección contra litigios bajo PROMESA, el mandatario no abordó el tema de la posible insolvencia del gobierno.

Rosario Cortés dijo que el gobierno estaba al tanto de las demandas ya radicadas por los acreedores. Mas cuando se le preguntó acerca de las razones para no radicar desde ya una petición ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que mantendría al Gobierno protegido de acciones judiciales, el portavoz del Ejecutivo respondió que “es innecesario”.  

“No tenemos ningún riesgo con ninguno de los bienes. Todavía tenemos un espacio para negociar bajo el Título VI. Si en algunos de esos casos se hiciera imperioso acudir al Título III, pues el gobernador lo evaluará y no lo ha descartado”, insistió.

“Hay que ver cómo estas demandas se van dilucidando en los tribunales, pero el gobierno de Puerto Rico no ha radicado ningún caso bajo el Título III. No se han estudiado. Los asesores legales están mirando los documentos. En su momento habrá una contestación al tribunal”, dijo.

Precisó que al “espacio” al que se refieren es a determinar la vía legal que pueden tomar a tono con la demanda presentada.

“Una cosa es que te puedan demandar y otra cosa es que yo tenga que radicar quiebra. Ellos me pueden demandar y yo puedo transar una reclamación judicial. Ellos me pueden demandar y yo puedo ganar el caso en el tribunal. Todavía tengo tiempo y ese es el espacio que tengo en Título VI, pero si de alguna forma, se ven en riesgo los recursos de Puerto Rico, el pago a los empleados públicos y ellos insisten en no llegar a algo consensual, tenemos mecanismos de Título III para algún emisor de deuda o varios. Dependiendo de cuál sea la situación”, afirmó.  

De acuerdo con Rosario Cortés, no hay una fecha (para tomar una decisión), pero ciertamente el gobierno está promoviendo las negociaciones consensuales sin que eso signifique que vamos a aceptar las ofertas irrazonables de algunos acreedores.

El plan fiscal dispone la cantidad de dinero que hay para pagar a los acreedores: lo que se tenga que pagar menos un 80% y todas las ofertas de los acreedores tienen que ceñirse a ese plan fiscal. 

"Yo no puedo darle más de eso porque yo no voy a afectar el empleo público, el sistema de salud, las pensiones de los retirados así que eso es lo que hay y con eso es que se va a negociar”, sentenció en un discurso similar al de la pasada administración de Alejandro García Padilla que sustentaba que no sacrificaría servicios esenciales por pagarle a los bonistas.

Lucha entre acreedores

Las expresiones de Rosario Cortés se produjeron dos días después de que Rosselló Nevares dijera que ciertos acreedores de Puerto Rico han obstaculizado los esfuerzos de cabildeo del Gobierno en la capital federal, pero no les identificara.

A preguntas de El Nuevo Día, Rosario Cortés sostuvo que los acreedores que exigen el 100% de su deuda, como denunció este domingo el gobernador, son los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Sin embargo, al menos tres fuentes de El Nuevo Día aseguran que aún después de ganar la gobernación en noviembre pasado, el Gobierno nunca ha contestado las ofertas hechas por el grupo de Cofina, un crédito que incluso poseen más bonistas residentes en Puerto Rico que aquellos con GOs.

Más bien las fuentes indican que el Gobierno ha centrado su atención en llegar a un acuerdo con el llamado grupo Ad Hoc-GO, lo que ha creado encono entre otros tenedores de la deuda de la Isla con iguales acreencias. De hecho, en marzo pasado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) emitió las únicas declaraciones que han sido conjuntas entre el Gobierno y sus acreedores y estas se emitieron con el grupo Ad Hoc-GO.

¿No pierde tiempo el gobierno al esperar más y no acogerse al Título III?, cuestionó El Nuevo Día.

“No. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es negociar de buena fe y cuando agotes el recurso de negociación de buena fe, que lo dispone la propia ley, utilizas el otro recurso. Porque uno demuestre buena fe no implica que vas a descartar el otro vehículo. Es en el momento que utilizas cada vehículo. Estamos en el tiempo de negociar y si eso no ocurre y  no se puede, pues tenemos otros vehículos como es el Título III”, contestó.

“El gobierno de Puerto Rico sigue abierto a las discusiones desde el punto de vista de la AAFAF y sus asesores han estado siempre en comunicaciones. Obviamente, es cuestión de llegar al número razonable que Puerto Rico puede llegar y si eso no ocurre, pues no se cierra la puerta a ningún otro recurso como es el Título III de la ley de PROMESA”, reiteró Rosario Cortés.


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