Gobierno oficializa que no van a esperar por Justicia federal (horizontal-x3)
Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos, no descarta que los fondo federales para el plebiscito se reciban mediante reembolso. (Archivo/GFR Media)

Washington- El gobierno de Puerto Rico hizo claro ayer que no va esperar por el aval del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las enmiendas al plebiscito de alternativas de status que ha convocado para el 11 de junio y que se propone financiar la consulta, en su totalidad, con fondos locales.

Cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció el 14 de abril al Departamento de Justicia estadounidense que enmendarían la Ley de Plebiscito, reconoció que la ley de enero de 2014 requería un plazo de 45 días después de que el Secretario de Justicia aprobara las definiciones de status y la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), antes de poder desembolsar $2.5 millones que ayudarían a financiar la consulta.

Ese plazo ya expiró. La respuesta no ha llegado cuando se está a solo un mes, o 31 días, del 11 de junio. Y el gobierno - pese a que alteró su plebiscito para incluir el status territorial buscando el visto bueno de Justicia federal y consideró aplazar la consulta- no va a esperar una nueva respuesta.

“No hemos descartado la posibilidad de recibir el dinero federal antes de la consulta o luego por reembolso. No obstante, debido a que ya acogimos las recomendaciones del Departamento de Justicia sobre las definiciones de status llevaremos a cabo la consulta para resolver el problema colonial de Puerto Rico. Los fondos locales ya están identificados”, indicó ayer Ramón Rosario Cortés, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, al responder por escrito preguntas de El Nuevo Día.

La ley de plebiscito propone una consulta entre la estadidad, el status territorial vigente y la independencia o libre asociación.

Toda la oposición política, por razones diferentes, ha decidido boicotear la consulta, que puede tener un costo de $5.3 millones.

Bajo la ley federal, si el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, determina que las enmiendas hechas en abril a la legislación cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública, debería enviar una certificación a los comités de Asignaciones del Congreso para solicitar el desembolso de los $2.5 millones.

“Los fondos provistos para el plebiscito no podrán ser obligados hasta 45 días después de que el Departamento de (Justicia) notifique a los comités de Asignaciones que aprueba el plan de gastos de la Comisión Estatal de Elecciones para la educación de electores y la administración del plebiscito, incluyendo la aprobación de la boleta del plebiscito. Esta notificación debe incluir determinar si los materiales de educación para los electores, la papeleta del plebiscito y materiales relacionados no son incompatibles con la Constitución y las leyes y las políticas públicas de Estados Unidos”, indica la ley federal.

El lenguaje federal nunca supuso que el plebiscito fuera vinculante para el Congreso – pese a que es la rama de gobierno federal que pudiera dar una respuesta concreta-, pero por lo menos buscaba el visto bueno del Secretario de Justicia de Estados Unidos sobre lo que deben ser las alternativas de status para Puerto Rico.

“Es evidente que el gobierno (de Puerto Rico) no ha sido efectivo”, indicó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien por medio del senador republicano Roger Wicker (Misisipi) y una carta al secretario Sessions ha cuestionado que la ley del plebiscito cumpla con el mandato federal.

Acevedo Vilá está convencido que el gobierno del PNP no aplaza la consulta para poder celebrarla antes de que entren en vigor en julio los duros recortes que ordena el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas y aceptado por el gobernador Rosselló.

Rosario Cortés reconoció ayer que “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha expresado que no puede asegurar que el proceso de liberar los fondos para la consulta esté a tiempo antes del 11 de junio debido a que conlleva el aval de diferentes dependencias federales”.

Pese a la falta de respuesta de la oficina del secretario Sessions, el portavoz del gobernador Rosselló dijo que, desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico, el Ejecutivo federal ya estableció los “parámetros” necesarios para la consulta “y son parte de la ley tras las enmiendas”.

La oficina de Sessions, sin embargo, ha evitado hacer nuevos comentarios, en momentos en que se enfrenta a una nueva tormenta después de que el presidente Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey.

La primera respuesta que dio el Departamento de Justicia, en la tarde del Jueves Santo –  13 de abril-, fue que la ley original de plebiscito no cumplió con la política pública federal, por haberse excluido el “status territorial vigente” de las alternativas de status, dar la impresión de que la independencia y la libre asociación son opciones diferentes, y no tomar en cuenta que bajo el territorio está protegida la ciudadanía estadounidense de los nacidos en Puerto Rico.

En la carta al gobernador, el entonces subsecretario interino de Justicia federal, Dana Boente, aprovechó para acentuar que los “significativos cambios políticos, económicos y demográficos” que han ocurrido en Puerto Rico y Estados Unidos, no hacen posible ver el rechazo al status territorial del plebiscito de 2012, como la voluntad vigente del electorado.

El PNP ha querido utilizar esa consulta como el punto de partida para promover el próximo plebiscito como un voto de ratificación a favor de la estadidad.

A toda prisa, la Legislatura de Puerto Rico enmendó  la ley original de plebiscito para incluir el statu quo entre las alternativas, aunque desde el 14 de abril un portavoz del Departamento de Justicia de EEUU afirmó a El Nuevo Día que necesitarían “suficiente tiempoantes del plebiscito que se convoque para poder hacer su revisión”.

En San Juan, ayer, el gobernador Rosselló, al defender un anuncio del PNP sobre la consulta que busca llamar la atención sobre los actos de violencia ocurridos después de la multitudinaria marcha del 1 de mayo, reafirmó que el plebiscito no será aplazado.

“Vamos a ir a un plebiscito el 11 de junio”, dijo ayer el gobernador Rosselló, quien considera el anuncio  sobre un plebiscito al que el PNP va solo, como una “invitación a la mayoría en Puerto Rico que favorece la ciudadanía americana, la transición hacia la estadidad a que sea partícipe de ese proceso y no deje que una minoría lo controle”.


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