El PIP no tendrá funcionarios electorales en el plebiscito de status (horizontal-x3)
La comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago, expuso que la CEE no puede obligar a ningún partido a tener representación en el plebiscito. (Archivo / GFR Media)

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se dispone a informarle a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no tendrá funcionarios electorales presentes durante la consulta de status a celebrarse el 11 de junio.

La movida es parte del boicot anunciado por la colectividad luego de los cambios que se le introdujeron a la pieza legislativa que viabiliza el plebiscito, explicó la comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago.

Por su parte, el Partido Popular Democrático (PPD) también se apresta a hacer lo mismo mediante una directriz del presidente de la colectividad, Héctor Ferrer, supo El Nuevo Día. La Junta de Gobierno del PPD se reúne hoy a partir de las 6:00 p.m., y el domingo tiene convocada una asamblea general que dictará, de manera oficial, el curso de acción de este partido ante la consulta.

De esta forma, el Partido Nuevo Progresista (PNP), ente que ideó el plebiscito y lo impulsa, se quedaría solo en esa iniciativa.

“Nosotros no hemos hecho ninguna notificación, pero naturalmente no vamos a cooperar con el proceso y no vamos a tener funcionarios de colegio”, dijo Santiago.

“No se puede obligar a una institución a tener funcionarios de colegio, mucho menos en un proceso en el que nosotros estamos llamando al boicot”, agregó.

El PIP estaba en pleno reclutamiento de funcionarios de colegio para este proceso cuando surgió la carta de Justicia federal en la que se instruyó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a hacer enmiendas a la Ley 7 de 2017, también conocida como la "Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico".

Esta determinación del gobierno del presidente Donald Trump fue dada a conocer la pasada semana en una carta en la que el subsecretario interino de Justicia de EE.UU., Dana Boente, le advirtió al gobernador que la omisión del status territorial –conocido como Estado Libre Asociado– incumple con la política pública del gobierno federal. A raíz de esta carta, la administración de Rosselló Nevares decidió enmendar la ley que regula la celebración del plebiscito para cumplir con los requisitos del gobierno federal.


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