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El Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la UPR se convierten en entidades cubiertas por las disposiciones de PROMESA. (Archivo / GFR Media)

En apenas unos 29 minutos, los directivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) marcaron hoy un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico al determinar que tendrán inherencia directa en las operaciones del gobierno central, los principales planes de pensiones de los servidores públicos, el seguro de las cooperativas de ahorro y crédito, la universidad del estado y hasta entidades del gobierno puertorriqueño que no emiten deuda.

A partir de hoy, la administración del gobernador Alejandro García Padilla tendrá que presentar informes semanales del flujo de efectivo del gobierno, los ingresos y pagos que entran a las arcas del gobierno y tendrá hacer llegar a la JSF mensualmente los estados bancarios de todas las cuentas del gobierno e incluso, detallar los pagos de nómina y si se ha hecho algún pago a la deuda pública.

De igual forma, el equipo fiscal y económico del gobierno tiene 15 días para presentar a la JSF, el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (FEGP, en inglés).

Todo ello, luego de que los integrantes de la JSF celebraran su primera reunión bajo la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).

La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York y se transmitió a través del sitio web de la JSF.

Partiendo de la reunión, la lista de entidades cubiertas por PROMESA se articuló tras un análisis efectuado Ana J. Matosantos, al exdirectora de Finanzas y Presupuesto en el estado de California.

Matosantos sostuvo que la selección de las entidades se hizo partiendo de un enfoque “holístico” por la complejidad de las finanzas de la Isla.

La decisión supone que la JSF comenzará a tomar decisiones sobre las operaciones principales del Gobierno, así como las principales corporaciones públicas que atañen a infraestructura.

A continuación, las principales entidades gubernamentales que a partir de hoy, se convierten en entidades cubiertas por las disposiciones de PROMESA.

Gobierno central

Las operaciones del gobierno central son, en buena parte, financiadas a través del Fondo General. Desde el año 2000, el presupuesto de Puerto Rico con cargo al Fondo ha operado con déficit presupuestarios. Entre los años 2000 al 2014, el déficit promedio del Fondo General se estima en unos $900 millones. La deficiencia presupuestaria se ha cubierto con ingresos no recurrentes o financiamiento.

El presupuesto vigente no incluye una partida para el pago de la deuda constitucional y al presente, dado la poca liquidez del Gobierno, según la administración, se utilizan ciertos recaudos, que son destinados a corporaciones públicas como colateral de deuda, para pagar servicios esenciales a población.

La deuda constitucional de Puerto Rico, hasta noviembre de 2015, rondaba $18,303 millones.

Administración de los Sistemas de Retiro (ASR)

La ASR está insolvente desde el año fiscal 2015. Desde este año fiscal, el número de pensionados es mayor que el número de empleados que aportan ahorros al plan. Los estados actuariales de la ASR advierten que para 2018 se acabarán los activos líquidos de la ASR, recursos que se utilizan para pagar las pensionados de los empleados retirados de agencias, corporaciones públicas y municipios. En teoría, el sistema tiene alrededor de tres centavos por cada dólar que debe en pensiones y otros beneficios.

En 2010, se aprobó una reforma a la ASR y se estableció un programa de aportaciones patronales escalonadas que no se ha implementado. En 2013, se aprobó una segunda reforma a la ASR, estableciendo una especie de híbrido entre contribución y beneficios definidos que redujo los fondos que recibirían los pensionados. La modificación requería aportaciones del Gobierno al sistema, lo que nunca se concretó. Al presente, el Gobierno estima que adeuda a la ASR unos $596 millones por concepto de tales ajustes. La cifra no se incluyó en el presupuesto vigente.

Sistema de Retiro para Maestros (SRM)

Hasta el 2014, el SRM tenía una posición fiduciaria neta de la SRM de unos 12 centavos por cada dólar que adeuda a los educadores jubilados. Los estimados apuntan a que el SRM no tendrá dinero suficiente para honrar el pago de pensiones entre los años 2018 y 2019. 

En 2014, se aprobó una reforma que redujo los beneficios de jubilación a los empleados en funciones y que todavía aportan al SRM. No obstante, una decisión judicial posterior detuvo algunas de las disposiciones de la reforma. Se legisló para que el gobierno central inyectara fondos al sistema, lo que se ha hecho parcialmente.

Banco Gubernamental de Fomento (BGF)

Opera bajo una declaración de emergencia desde que se aprobó la Ley de Moratoria. 

La institución era la principal fuente de financiamiento de municipios, el Fondo General y otras dependencias del gobierno, mientras estas acudían al mercado de capital.

En mayo pasado, el BGF incumplió con el pago de su propia deuda y entró en un proceso de congelación de fondos depositados en la institución. La falta de solvencia de la institución que el Gobierno moviera sus principales cuentas transaccionales a bancos privados.

Hasta agosto pasado, el BGF tenía unos $160 millones en liquidez. 

Universidad de Puerto Rico (UPR)

La UPR recurrentemente ha sufrido pérdidas operacionales e históricamente ha dependido del BGF para mantener su liquidez. Alrededor del 70% de los fondos operacionales y no operacionales de la institución provienen del gobierno central. Hasta el año fiscal 2015, la UPR exhibía un déficit que rondaba unos $2,000 millones contabilizando sus obligaciones de pensiones y otros asuntos contables. La deuda pública de la UPR ronda $533 millones.

Autoridad deAcueductos y Alcantarillados (AAA)

Golpeada por exigencias reglamentarias y abultado endeudamiento, este año, se aprobó una ley de revitalización que permite utilizar los ingresos del cobro del agua a clientes como colateral para una nueva emisión de bonos. El mecanismo, parecido al adoptado en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), busca sufragar su plan de mejoras capitales, pagar notas a corto plazo con la banca local ya vencidas y pagar a contratistas por obras ya efectuadas. La AAA duplicó su tarifa en 2013. El mecanismo de titulización contemplaría aumentos poteriores al consumo del preciado líquido.

La AAA adeuda unos $4,659 millones a bonistas.

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)

En verano de 2014, luego de cinco años de pérdidas operacionales, la AEE incumplió con los bancos que le prestaban dinero para comprar combustible forzando a un acuerdo de indulgencia que terminó en el proceso de renegociación que todavía se implementa. La corporación pública ha emitido deuda en el orden de $8,970 millones. 

Como parte del proceso de renegociación, se contrató a Alix Partners para reestructurar las finanzas y operaciones de la AEE. 

Actualmente, existen dudas en cuanto a la viabilidad para completar el proceso de reestructuración de la deuda, pues este depende de que se logre una nueva emisión de bonos bajo el mecanismo de titulización. Como parte de la transacción, habrá un recorte de 15% en principal y moratoria de cinco años en el pago de la deuda pública. La deuda con los bancos se refinanciaría a una tasa de interés menor.

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)

La ACT no opera con rentabilidad desde hace más de cinco años, lo que requirió que en un lapso de seis años, la corporación tomara unas 26 líneas de crédito, hasta alcanzar unos $2,000 millones, con el BGF para financiar sus operaciones. La ACT adeuda además unos $6,400 millones

La insuficiencia de fondos en la ACT llevó al gobierno a aprobar dos aumentos al arbitrio sobre el petróleo y sus productos derivados. La idea detrás de los aumentos era proveer una fuente de repago para la deuda de la ACT con el BGF de modo que se pudiera refinanciar emitiendo bonos. Esto no se logró y desde entonces los informes financieros auditados de la ACT plasman una preocupación sobre la capacidad económica de la corporación pública para seguir operando. Esto porque la ACT continua con pérdidas operacionales recurrentes y no tiene los fondos para pagar sus obligaciones cuando vencen.

Otras agencias que a partir de hoy quedan bajo el control de la JSF son la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, la Autoridad para el Distrito de Convenciones, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Fideicomiso de los Niños. Incluso, la JSF tomó control de corporaciones que no emiten deuda como la Corporación para la Difusión Pública.


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