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Gobernador Rosselló entrega las enmiendas a la ley de plebiscito (horizontal-x3)
El gobernador Rosselló afirmó que “seguimos comprometidos y trabajando para lograr una consulta con el aval federal para que el pueblo puertorriqueño pueda expresar su posición sobre el estatus político de la Isla”. (Archivo / GFR Media)

Washington - El gobernador Ricardo Rosselló entregó hoy formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos las enmiendas a la ley que convoca a un plebiscito sobre el status político de Puerto Rico para el 11 de junio, a pesar de que la fecha de la consulta está en el aire y que la consulta, en este  momento, solo cuenta con el visto bueno de su Partido Nuevo Progresista (PNP).

La Fortaleza informó que Rosselló se reunió con el secretario asociado interino del Departamento de Justicia de EEUU, Jesse Panuccio, para presentarle las enmiendas, la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y los materiales relacionados a los cambios a la ley aprobados a toda prisa la semana pasada.

Los cambios a la ley ya habían sido enviados por correo electrónico el pasado jueves, según La Fortaleza, después del rechazo dado por Justicia federal al estatuto original. Por carta, el gobernador Rosselló había pedido el 14 de abril una nueva respuesta de Justicia federal para el pasado sábado 22 de abril. Pero, esa fecha pasó sin que el gobierno de Puerto Rico recibiera contestación alguna.

“Seguimos comprometidos y trabajando para lograr una consulta con el aval federal para que el pueblo puertorriqueño pueda expresar su posición sobre el status político de la Isla”, indicó el gobernador en una declaración escrita en la que no mencionó la fecha del 11 de junio.

La portavoz del gobernador, Yennifer Alvarez, reconoció ayer que ante la nueva revisión que hace Justicia federal, el tema de la fecha del plebiscito es un tema que está pendiente de conversaciones adicionales.

El Jueves Santo, el subsecretario interino de Justicia federal, Dana Boente, notificó al gobernador Rosselló que la ley aprobada a principios de año no cumple con la política pública de Estados Unidos, principalmente por haber omitido el “status territorial vigente” de las alternativas de status de la consulta.

En la carta, Boente desechó además la vigencia de los resultados del plebiscito de 2012, el cual el gobierno del PNP defiende como un rechazo al status territorial y una victoria de la estadidad.

La Legislatura de Puerto Rico enmendó la ley de plebiscito la semana pasada, pero mantuvo la fecha del 11 de junio. Bajo la ley enmendada y firmada el pasado 19 de abril por el gobernador Rosselló, el gobierno de Puerto Rico propone ahora un plebiscito entre la estadidad, el status territorial vigente y la independencia o libre asociación.

Los dos partidos de oposición, el Popular Democrático y el Independentista Puertorriqueño, por razones diferentes, han decidido boicotear la consulta.

Aunque originalmente le tomó a Justicia federal siete semanas hacer una evaluación de la ley, el gobernador Rosselló solicitó a Boente el pasado 14 de abril una respuesta para el 22 de abril, es decir dos días después de haber notificado los cambios al estatuto.

En la carta del 14 de abril a Boente, Rosselló consideró que la respuesta era necesaria para el día 22 si se quiere cumplir con los requisitos del estatuto federal que permite al Secretario de Justicia de EEUU, a cambio de una asignación de $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta -, determinar si la boleta electoral, la campaña educativa y materiales relacionados al plebiscito cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Rosselló se reunió ayer mismo antes de ir a Justicia federal con dos de los senadores republicanos que ayudaron a boicotear la ley original de plebiscito.

De acuerdo a La Fortaleza, el gobernador se entrevistó con los senadores por Misisipi Thad Cochran, presidente del Comité de Asignaciones, y Roger Wicker, antiguo aliado del PPD. Pero, La Fortaleza sostuvo que el tema en la agenda fue el abismo fiscal de Medicaid a que se enfrenta el plan Mi Salud de Puerto Rico.

Cochran y Wicker, junto a seis de sus colegas, reclamaron a principios de mes al secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, que no aprobara la consulta, por haberse excluido como alternativa el llamado Estado Libre Asociado.

En su carta, los ochos senadores republicanos hacen alusión al “Commonwealth”. En la respuesta del Jueves Santo, Justicia federal se refirió al status vigente como un simple territorio.

Aunque parece cuestión de tiempo que la Legislatura de Puerto Rico tenga que volver a legislar, si el gobierno de Rosselló insiste en espera por una nueva respuesta del Secretario de Justicia de EEUU, el liderato del PNP no habla aun públicamente de ese asunto.

“Con este servidor no se ha discutido un cambio de fecha”, indicó el representante del PNP José Aponte, presidente del comité de status de la Cámara baja.

Con respecto a un cambio de fecha, el presidente del PPD, Héctor Ferrer, por su parte, afirmó que  no tiene comentarios “sobre rumores”.

Pero,  afirmó que si se produce una nueva respuesta del Departamento de Justicia federal,  “la Junta de Gobierno del PPD acordó en su última reunión quedar convocada permanentemente por si hay que atender algún asunto adicional”.


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