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Finalmente, la también expresidenta Cameral le pareció interesante que la Fundación Angel Ramos solicitara y le fuera concedido la oportunidad de intervenir en este caso. (GFR Media)

La portavoz cameral y vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, catalogó la determinación del Tribunal Supremo federal de revisar la decisión del Primer Circuito de Boston en la que declaró inconstitucional la Ley 71 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico como “otra oportunidad para definir los parámetros de nuestro status territorial y de cuán protegidos estamos los ciudadanos americanos de Puerto Rico por nuestra constitución federal”.

González Colón explicó que “desde hace 114 años, los derechos de los residentes de los territorios han sido menoscabados cuando el Tribunal Supremo de nuestro país comenzó a emitir opiniones, de corte racista y segregacionista, para crear una nueva clase de territorios de la cual la Constitución federal no menciona, los llamados ‘territorios no-incorporados’”.

Añadió que “bajo esos casos, los famosos llamados ‘Casos Insulares’, el Tribunal Supremo federal permitió que muchos derechos contenidos en nuestra constitución nacional no fueran extensivos a los ciudadanos americanos, mientras residieran en un territorio no incorporado, incluido Puerto Rico”.

“Nuestra Constitución nacional claramente establece que es el Congreso quien legisla un régimen uniforme de bancarrotas para toda la nación, no las jurisdicciones subnacionales”, señaló la también presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico.

“En los casos consolidados de Acosta-Febo vs Franklin, ahora un Tribunal Supremo, carente de racistas y segregacionistas, tendrá la oportunidad de determinar si las reglas en un territorio, propiedad de los Estados Unidos y poblado por ciudadanos americanos, deben seguir siendo distintas, como lo determinó hace un siglo un Supremo plagado de jueces racistas y segregacionistas de la época”, aseveró la líder legislativa.

Finalmente, la también expresidenta Cameral le pareció interesante que la Fundación Angel Ramos solicitara y le fuera concedido la oportunidad de intervenir en este caso.

“Estamos seguros que en los próximos días esta importante entidad caritativa explicará públicamente su interés en intervenir”, acotó.


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