La Cámara de Representantes aprueba las enmiendas al Código Penal (horizontal-x3)
El proyecto restituye la llamada “Ley Tito Kayak”. (Jorge Ramirez Portela)

Tal y como se había anticipado, la Cámara de Representantes aprobó hoy, sin enmiendas, el Proyecto de la Cámara 753 que, entre otras cosas, penaliza con tres años de cárcel el cubrir el rostro, completa o parcialmente, durante la comisión de un delito grave.  

“Una vez más el patrón de penalizar e intimidar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos democráticos queda consagrado en esta malas enmiendas al Código Penal. Es un retroceso en momentos en que en Puerto Rico se debe garantizar el derecho a la protección y a la protesta, en vez de intimidar a quienes quieren ejercitarlo”, señaló el representante popular, Luis Vega Ramos.

La medida recibió los 34 votos a favor de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como la oposición de los representantes de ambas minorías.

Una vez que el gobernador Ricardo Rosselló convierta el proyecto en ley, será delito en Puerto Rico interrumpir las labores en centros educativos, pegar pasquines sobre las paredes de los edificios, obstaculizar actividades turísticas y obras de construcción, entre muchas otras conductas exhibidas en manifestaciones recientes.

El proyecto, igualmente, restituye la llamada “Ley Tito Kayak” que sanciona la obstrucción o paralización de obras de construcción públicas o privadas e impone una pena de reclusión por un término fijo de tres años a cualquier persona que utilice un disfraz, una máscara o cualquier cosa que lo cubra parcial o completamente al cometer un delito en su modalidad agravada. 

En total, enmienda cerca de una veintena de artículos del Código Penal vinculados a la libertad de expresión.

Para Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la medida “no es otra cosa que la criminalización de la protesta”, diseñada “con todo el sentido de venganza contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR)”.

Tras la enmiendas sometidas en el Senado y en las que concurrió la Cámara “acaban de incluir con criminales a las miles de familias que están protestando frente a las escuelas”, agregó el legislador pipiolo. “El delito de protestar frente a instalaciones educativas y hacer un acto de protesta está condenado por el nuevo Código Penal”, mencionó.

“Una persona que utiliza una máscara es un año de cárcel y estamoshablando de que esto va dirigido, obviamente, a la gente que está cuestionando en el país…no son otra cosa que la justificación jurídica para criminalizar la protesta”, puntualizó.

Agregó que el proyecto contiene “tanto disparate” y “tanta vaguedad”, que no le sorprendería que sea cuestionada en los tribunales del país. “Estoy convencido que van a haber cuestionamientos de la constitucionalidad, desde la Regla 6 hasta pasar por todos los procedimientos…violenta derechos constitucionales, son delitos vagos y establecen unas restricciones que son totalmente ilegales”, explicó. 

Tanto Márquez como Vega Ramos cuestionaron el proceder de los representantes penepés de concurrir con las enmiendas del Senado. “Aquí hay una agenda de que todo lo que esté diseñado desde Fortaleza, es a aprobarlo. Claro, todos ellos se inmolan y cumplen con los mandatos de Fortaleza”, comentó Márquez.

“Lo que pasa es que esta Cámara ya nos tiene acostumbrados a hacer lo que le dé la gana a Thomas Rivera Schatz y tan pronto él ordenó unas enmiendas más draconianas y con vigencia inmediata, ellos se arrodillaron y las aprobaron”, agregó Vega Ramos.

El vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, dijo estar complacido con el resultado de las enmiendas propuestas al Código y adelantó cambios adicionales en la próxima sesión. 

“En la Asamblea Legislativa vamos mirando las cosas, los cambios significativos dependiendo del quehacer puertorriqueño. Creo que (las enmiendas) son buenas para Puerto Rico y no evita que en un futuro se hagan otras”, enfatizó.

Otras de las áreas del Código Penal que se deberían estudiar próximamente son las penas que se imponen por una primera posesión por el uso y posesión de marihuana para consumo. 

“Soy de los que cree que jóvenes o personas que se le encuentre en posesión de marihuana para consumo personal, en vez de encarcelarlos, deberían ir a un programa de rehabilitación y desvío”, indicó.

Cree además en un aumento en las penas al traficante de drogas.

Referente al proceder de la Cámara al avalar la medida del Ejecutivo, así como las enmiendas del Senado, Torres Zamora dijo que en los proyectos de relevancia intentan mantener una comunicación para que las propuestas pasen y no tenga que estar en comités de conferencia. “Esa ha sido la norma hasta ahora en medidas del Ejecutivo y medidas importantes para los presidentes legislativos”, señaló.

En la sesión, la Cámara de Representantes aprobó también la Resolución Conjunta del Senado 131 que le asigna $11.8 millones a organizaciones y municipios para el desarrollo de infraestructura y obra permanente. 


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