El proyecto de la Cámara busca concederle el poder al DACO de reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos en todos los niveles de mercadeo del asfalto. (horizontal-x3)
El proyecto de la Cámara busca concederle el poder al DACO de reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos en todos los niveles de mercadeo del asfalto. (GFR Med

La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes comenzará este jueves las vistas públicas para evaluar un proyecto de ley que busca darle al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la autoridad para reglamentar y controlar los precios del mercadeo del asfalto en la Isla.

En la  audiencia, citada para las 10:00 a.m. en el Salón de Audiencias 5,  participarán representantes del DACO, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de la Asociación de Contratistas, así como Asphalt y Super Asphalt, las dos compañías que obtienen la mayoría de los contratos del gobierno para pavimentar las calles. 

Esta medida busca concederle el poder al DACO para reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos en todos los niveles de mercadeo del asfalto.

Este plan de reglamentación se da luego de que El Nuevo Día revelara, en su publicación impresa de hoy, que el gobierno estatal y los municipios comprometieron, en los últimos 10 años, $3,278 millones en construcción y reparación de carreteras. 

Lo hicieron, según la investigación, sin tener los suficientes mecanismos de supervisión, análisis y fiscalización en distintas etapas de los proyectos que contrataron. También se destacan los pocos o inexistentes mecanismos que tiene la Autoridad de Carreteras para evaluar la calidad del asfalto que se utiliza.

Tras revelarse estas fallas, uno de los autores de la medida que busca regular la industria, el representante Joel Franqui, aceptó que las condiciones de las vías públicas en la Isla no son óptimas. 

Sin embargo, Franqui señala como problema el precio que se paga por el pavimento y no así la falta de controles que hay por parte del gobierno para proteger a estas inversiones. 

Debido a lo oneroso que resulta mantener las carreteras en condiciones óptimas, el Estado se ha visto imposibilitado de poder cumplir su obligación de proveerle a la ciudadanía carreteras aptas. El factor principal para incumplir con este mandato ha sido el costo del agregado de la mezcla y el del petróleo, pues el precio de este último cada vez es más difícil de predecir debido al comportamiento errático del precio del barril en el mercado", explicó.

"Sin embargo, existen otros factores que, siendo regulados, controlarían el precio del asfalto, haciendo viables proyectos para mejoras en las carreteras. Por eso, necesitamos que DACO sea la entidad que regule el precio de este producto”, agregó el legislador estadista en comunicado de prensa.

Los otros parlamentarios que figuran como autores del proyecto de la Cámara 744 son los novoprogresistas Michael Abid Quiñones, Félix Lasalle y José ‘Che’ Pérez. 

“Si algo no podemos dejar pasar por alto es este asunto del asfalto. Actualmente, ese mercado está casi por la libre, sin fiscalización alguna. Con esta medida corregimos eso. DACO tendrá la facultad de reglamentar e imponer multas, si fuera necesario, durante toda la cadena de distribución del asfalto. Llegó la hora para colocarle el cascabel al gato y así trabajar para tener un mercado justo para todos”, explicó el representante Quiñones. 


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