Junta de Supervisión Fiscal (horizontal-x3)
La Junta tuvo su reunión en el edificio Alexander Hamilton, en Nueva York. (José A. Delgado )

Nueva York - Con enmiendas dirigidas a revisar tarifas e impulsar mecanismos de privatización, la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico aprobó hoy los planes fiscales de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE), Acueductos y Alcantarillados (AAA), Carreteras y Transportación (ACT) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

A solo tres días de que expire la moratoria en el cobro de deuda del gobierno de Puerto Rico, la Junta acordó además poder llamar a una sesión ejecutiva en cualquier momento para utilizar el título III de la ley PROMESA con el objetivo de reestructurar emisores de deuda del gobierno de Puerto Rico por la vía judicial.

A la AEE le dio un plazo de hasta 60 días para presentar una estructura que permita reducir las tarifas de electricidad en Puerto Rico a 21 centavos por kilovatio de cara a 2023, una reducción de hasta cerca de cinco centavos si se toma en cuenta el cargo por transición que se propone en este momento en el acuerdo preliminar de reestructuración de  esa corporación pública.

Por unanimidad, los siete miembros con votos de la autoridad federal, que funciona por encima del gobierno electo de Puerto Rico, pidió a la AEE establecer un mecanismo para revisar las tarifas, junto a la Comisión de Energía.

La Junta sostuvo que la AEE debe además avanzar la agenda hacia la creación de Alianzas Público Privadas o “la plena privatización” del sistema de generación de electricidad en Puerto Rico.

En su séptima reunión pública, que tuvo lugar en el edificio Alexander Hamilton de Nueva York, la Junta también alteró el plan fiscal de la AAA – que como otros se mantuvo en secreto hasta hoy-, para exigirle presentar en 30 días un plan de cinco años de revisión de tarifas que debe ser efectivo en enero de 2018.

Aunque el representante del gobernador ante la autoridad fiscal, Elías Sánchez, dijo que debe tenerse en cuenta la carga de impuestos a la que se enfrentan los ciudadanos en Puerto Rico, la AAA debe hacer revisiones periódicas de sus tarifas para evitar aumentos muy altos, cuando ya no tiene otra salida, dijo José Ramón González, miembro de la Junta y expresidente del BGF.

Según el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz, el plan fiscal de su empresa pública proyecta un déficit de $3,500 millones en 10 años e incluye un reclamo para que los acreedores perdonen parte de la deuda.

A la Autoridad de Carreteras, la Junta le ordenó someter en 30 días un nuevo plan que demuestre la sostenibilidad de cada uno de sus activos, tanto su sistema de carreteras como los medios de transporte masivo, como el Tren Urbano.

De hecho, recomendó que una nueva corporación se encargue de la operación del Tren Urbano, monetizar los créditos de peajes para incrementar los ingresos y establecer una nueva estructura para formar la Junta de gobierno que evite la influencia político partidista.

Mientras, la Junta federal certificó un plan fiscal para el BGF que contempla la liquidación de la institución en un plazo de dos a tres años. La entidad queda solo en este momento como una dependencia destinada a recaudar las deudas que tiene en el mercado boricua, sobre todo con los municipios.

Apenas unos 10 minutos después de escuchar al presidente del BGF, Christian Sobrino, la autoridad que controla las finanzas del gobierno central, aceptó la propuesta hecha por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para disponer de los activos de la institución que por casi medio siglo fue la sangre financiera del gobierno puertorriqueño e incluso del sector privado.

“Como expresidente del BGF hace 30 años, es con gran tristeza y renuencia que me uno a la conclusión de que el BGF es incapaz de continuar como una entidad viable y que procede un plan fiscal que, en esencia, es para cerrar sus operaciones en un esfuerzo para maximizar sus activos y distribuirlos ordenadamente”, dijo José R. González.

Según González, quien fue uno de los tres integrantes del subcomité que examinó el plan fiscal del BGF, “el destino del BGF” quedó sellado por la crisis del Gobierno central.

El presidente de la Junta federal, José Carrión, eludió en varias ocasiones dar detalles del panorama al que se enfrentará Puerto Rico de cara al 1 de mayo, cuando vence el freno en la litigación judicial para el cobro de deuda del gobierno.

Mientras, el presidente de la AAFAF, Gerardo Portela, sostuvo que las negociaciones con los acreedores continuaban esta tarde. “Estamos claros sobre todo lo que puede pasar”, si al llegar el 2 de mayo Puerto Rico pierde la protección de la moratoria en el cobro de deuda, subrayó Portela.

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