Latente la reducción de jornada laboral en el Estado (horizontal-x3)
Mientras los líderes de varios sindicatos del País se reunían con el presidente cameral, unionados de diversas dependencias gubernamentales llegaron hasta el Capitolio para protestar contra el proyecto 938. (Ramón Tonito Zayas)

La eliminación del bono de Navidad y la reducción de la jornada laboral aún están latentes para todos los empleados públicos si el Gobierno no logra las reducciones en gastos contempladas en el plan aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), indicó ayer el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés.

Cuando se aprobó el documento, el pasado 13 de marzo, la JSF advirtió que para el próximo 1 de julio -cuando comienza el nuevo año fiscal- se proyectaba un déficit de liquidez de $190 millones y que, para subsanar esa insuficiencia fiscal, proponía reducir la jornada laboral de los empleados públicos y eliminarles el bono de Navidad. El Gobierno rechazó esa opción, pero quedó latente en caso de que no se logren los ahorros proyectados.

“Si nosotros cumplimos con estas métricas, no hay reducción de jornada. Pero, si nosotros no cumplimos con estas métricas, la Junta estableció que ellos lo pueden hacer automáticamente. (Es decir), si nosotros no cumplimos con los ahorros: reducción de jornada y eliminación del bono de Navidad completo”, expresó.

Como parte de ese paquete de medidas presentado por el Ejecutivo, está el Proyecto de la Cámara 938, que busca ahorros con reducción de gastos y eficiencias por $1,623 millones. Esa cifra contempla ahorros de $434 millones por movilidad, congelación de plazas y uniformidad de beneficios; $439 millones en transformación del Gobierno mediante consolidaciones, alianzas público privadas y eficiencias, y $750 millones en reducción de subsidios.

“Solo en liquidación de vacaciones, hay un ahorro de $35 millones”, aseguró Rosario Cortés.

Se había anticipado que la Cámara de Representantes consideraría ayer la pieza legislativa, pero el liderato cameral determinó dar un espacio adicional para escuchar a los líderes sindicales de los gremios que representan a los trabajadores públicos luego que estos llegaran hasta El Capitolio en defensa de los derechos de sus representados.

“Si nosotros logramos poner lo que está en el plan fiscal en una medida legislativa e implementarlo en el Gobierno, debemos llegar; si no, pueden venir las contingencias (sobre las) que la Junta alertó ya”, expuso.

La propuesta de la JSF contempla reducir un día semanal de trabajo para todos los empleados públicos, menos los maestros, para los que el recorte sería de un día quincenal.

Recientemente y como parte de las vistas legislativas, el equipo fiscal de la administración de Ricardo Rosselló Nevares reconoció que el Plan Fiscal se fundamenta en estimados de ingresos que difieren de las proyecciones que incluyeron en el documento que certificó la JSF.

Vienen enmiendas

El reclamo de los líderes obreros -aunque no detuvo la discusión de la medida y su próxima aprobación- sí conllevó un compromiso por parte del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, de escuchar sus reclamos en una vista pública que convocó para hoy.

Implicó, además, la consideración de posibles enmiendas al proyecto que deroga las disposiciones de los convenios colectivos negociados a través de los años, que podrían obstaculizar el cumplimiento cabal del Plan Fiscal aprobado por la JSF. Los dirigentes sindicales lo llaman “la reforma laboral para el sector público”.

Entre los cambios propuestos en la medida, está la reducción de las licencias de vacaciones y acumulación de días por enfermedad y limitar a un máximo de 15 días los feriados al año. Tampoco se pagarían horas extra y el bono de Navidad tendría un tope máximo de $600, entre otros cambios.

“Aquí no hay garantías de que no vaya a haber despidos, aquí no hay garantías de que no vaya a haber reducción de jornada, aquí no hay garantías de que no vaya a haber aumentos adicionales para el país. Ante esta incertidumbre, no se puede aprobar un proyecto como este”, expresó Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA).

El reclamo de Irene Maymí, así como de los demás líderes que participaron de la reunión, es que se examine cómo han funcionado y se han desarrollado todas las medidas aprobadas previamente, incluyendo la Ley 66, que se supone que allegaran fondos a las arcas del Gobierno.

Méndez, por su parte, dejó la puerta abierta a considerar propuestas emitidas por el liderato obrero, como aumentar el impuesto de 4% contenido en la Ley 154 a las corporaciones foráneas. “Esta iniciativa se está evaluando. Mi inclinación es a un aumento al 10%, con eso ayudamos mucho. Pero tenemos que evaluar todo en el contexto de que el Tesoro de los Estados Unidos también tiene injerencia en este asunto”, señaló Méndez.

“Tenemos que cumplir con unas fechas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. Yo no quiero que la Junta invoque el Artículo III de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) y que sea un juez federal, en vez del gobierno electo, quien decida recortar alrededor de 45,000 empleos en el gobierno y reducir la jornada de trabajo”, señaló.

Cambios para los maestros

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, logró ayer someter una enmienda -que fue acogida por el Ejecutivo- para que el magisterio del sistema público de enseñanza retenga los dos meses de receso en verano.

Díaz argumentó -mediante una carta enviada al gobernador- que la reducción a 15 días de la licencia por vacaciones no debía aplicarles a los maestros puesto que el funcionamiento del Departamento de Educación no era igual al de otras agencias.

“Se mantienen los dos meses de vacaciones y la justificación es que no todas las agencias funcionan de la misma manera. Además que de que estábamos excluidos ya de la Ley 8 (la que crea el mecanismo del empleador único) por la complejidad de la profesión”, dijo Díaz al salir de la reunión en La Fortaleza.

No obstante, la licencia por enfermedad del magisterio se mantendría igual que la del resto de los empleados del gobierno: de los 20 días actuales, a 18, de aprobarse la medida tal y como está diseñada. “La reducción es de dos días. Ahí no pudimos lograr cambios, pero todo lo demás se mantiene”, afirmó la líder sindical.

Otros representantes de los maestros también se movilizaron hacia la Casa de las Leyes. Ese fue el caso de la Federación de Maestros (FMPR) y de Únete.

La medida podría considerarse en la sesión de la Cámara, que está pautada para mañana, miércoles, a la 1:00 p.m.


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