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La medida es de la autoría del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez. (Archivo / GFR Media)

La Cámara de Representantes tendrá mañana ante su consideración un proyecto de ley que garantizaría que toda medida con impacto fiscal cuente con una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que establezca que poseen los fondos disponibles para su ejecución.

La medida, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez; fue una de las propuestas que le presentó al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión III, durante una reunión que sostuvo con éste en su despacho legislativo. Asegura que la misma va a tono con las exigencias de la Ley PROMESA. 

Previamente, había existido una ley a estos fines, pero fue enmendada por la Ley 67-2013. La razón para esta acción, según la exposición de motivos del mencionado estatuto, es que “constituía en una intromisión indebida a los poderes otorgados a la Rama Legislativa por la Constitución”.

Esta sesión legislativa, sin embargo, entiende que ante la realidad fiscal de Puerto Rico y en atención a los establecido por la Ley POMESA, se debe restablecer el Artículo 8 de la Ley 103 “para salvaguardar  la corrección y prudencia de la erogación de fondos públicos que estén disponibles”, reza el proyecto cameral 774 que bajará mañana a votación en la Cámara de Representantes.

Ese control de gastos incluirá una citación continua a los jefes de agencia para asegurarse que están dentro de lo establecido en su presupuesto asignado. “Nosotros no vamos a ser mero espectadores en todo este proceso del gasto gubernamental de aquí en adelante. Nosotros vamos a aprobarle un presupuesto al ejecutivo y a las agencias, pero nosotros vamos a estar supervisando, constantemente, el gasto y los ingresos, y a base de eso estableceremos de tiempo en tiempo cuándo vamos a traer a los jefes de agencia a comparecer aquí”, detalló entonces Méndez.

Tanto Hacienda como la OGP reconocieron, durante el proceso de vistas públicas, que es “indispensable” que exista una evaluación informada y responsable sobre el impacto fiscal de las medidas que se estén consideración en la Legislatura como un mecanismo de prudencia y control presupuestario.

Mientras, la Comisión cameral de Hacienda recomendó su aprobación.


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