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El gobernador se entrevistó con la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California), quien había hecho claro que “los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador” anterior “no están ni cerca a algo que los demócr (Juan Luis Martínez Pérez)

WASHINGTON.-  El proyecto de ley del liderato republicano que impone una junta de control fiscal sobre Puerto Rico dejó anoche muchas de las mismas interrogantes que han marcado el debate en el Congreso en torno a cómo atender la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.

Aunque se han eliminado algunos apartados que iban dirigidos a complicar más el proceso de control fiscal sobre la Isla, nadie salió a respaldar la medida, con excepción del propio liderato republicano de la Cámara de Representantes estadounidense que lo presentó.

Aunque no le dio su apoyo en este momento, el comisionado Pierluisi  se expresó complacido con ciertos cambios.

“La sección de la junta de supervisión del borrador del proyecto de ley ha sido mejorada dramáticamente en términos sustantivos y de claridad”,  indicó Pierluisi, en una declaración escrita. 

Lee el proyecto de la Junta de Control Fiscal

Pese al cabildeo reciente,  el proyecto de ley no toca ni con una vara larga los reclamos a favor de paridad en los programas federales de salud o medidas de desarrollo económico, como las peticiones para que se le dé acceso a la Isla al crédito contributivo por ingresos devengados (Eitc) o la eliminación de las normas federales de cabotaje.

“No puede haber reestructuración sin desarrollo económico”, indicó la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López, quien participa de las reuniones de funcionarios electos, miembros del gobierno de Alejandro García Padilla y de la empresa privada, en busca de suavizar los poderes de una junta fiscal que el proyecto describe como una autoridad de “supervisión”.

En la víspera de la audiencia y el inicio de la sesión de votación, el gobernador García Padilla, alcaldes, legisladores, jefes de oficinas del gobierno, la precandidata a gobernadora Alexandra Lúgaro y representantes de la empresa privada continuaron ayer sus reuniones en el Congreso.

El gobernador, por ejemplo, se entrevistó con la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California), quien había hecho claro que “los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador” anterior “no están ni cerca a algo que los demócratas podrían apoyar”.

Los legisladores, alcaldes y funcionarios del gobierno que acompañan al gobernador han concentrado sus reuniones en los miembros del Comité de Recursos Naturales, incluidos los republicanos Bruce Westerman (Arkansas), Garret Graves (Luisiana) y Darin LaHood (Illinois).

La senadora León sostuvo que se entrevistó con Niki Tsongas (Massachusetts)  y funcionarios del republicano Ryan Zinke (Montana). 

“Confiamos en que la acción colecta rendirá frutos para el país. Puerto Rico tiene que continuar marchando hacia adelante y mirando con confianza hacia el futuro”, indicó el gobernador García Padilla.

El congresista demócrata José Serrano (Nueva York) sostuvo, por su parte,   que es muy problemático que la junta “todavía puede    ejercitar vetos” sobre leyes adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico.

“Esa sección socava la democracia local en Puerto Rico y aumenta los aspectos coloniales de la relación actual”, sostuvo Serrano.

“La sección 204 de la legislación sigue siendo una preocupación, pues permite a la junta bloquear leyes, normas y contratos aprobados por el gobierno democráticamente electo de Puerto Rico”, indicó, por su parte, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York). 

Para la congresista  Velázquez, los republicanos también debilitan las posibilidades de aprobación de la legislación, al insistir en permitir que el Gobierno de Puerto Rico reduzca el salario mínimo de los trabajadores de 25 años o menos de $7.25 la hora a $4.25 la hora.

Esa es una propuesta  que puede complicar muchísimo el respaldo demócrata a la legislación.

La junta

 La legislación presentada ayer aumenta de cinco a siete los miembros con derecho al voto en la junta. El octavo miembro es el gobernador o su representante, pero sin derecho al voto.

Los siete miembros de la junta federal serán designados por el presidente estadounidense.

Dos de los miembros de la junta serán seleccionados  por el presidente de la Cámara federal (incluyendo al menos un residente de Puerto Rico). Otros dos saldrán de una lista sugerida por el líder de la mayoría del Senado federal.   Es decir, por lo menos cuatro serán propuestos por republicanos, si la legislación se aprueba este año.

Los otros tres miembros serían sugeridos por demócratas, ya que uno saldría de la lista de la líder de la minoría cameral, otro de los que proponga el líder de la minoría del Senado y el séptimo lo designaría directamente el presidente de EE.UU., sin consultar a nadie.

“El primer borrador del proyecto proveía para una junta supervisora de cinco miembros, pero la manera en que esos miembros eran designados padecía de partidismo político”, indicó el comisionado Pierluisi.

Reestructuración

 La congresista Velázquez sostuvo que la misma composición de la junta es un indicio de que un proceso de reestructuración de deuda nunca ocurriría, pues se requiere que por lo menos cinco de los siete miembros con derecho al voto en la nueva autoridad federal estén de acuerdo.

“Debido a que cuatro de los miembros de la junta serán (en la práctica) nombrados por republicanos, hay razón para pensar que la reestructuración de la deuda nunca va a ocurrir”, indicó Velázquez.

“Es una vara muy alta”, coincidió el congresista Serrano.

A ello se suma, dijo, el hecho de que se requiere que dos tercios de los acreedores aprueben un plan de reestructuración de la deuda para que pueda implantarse. 

“Esa cláusula –insistió la congresista  Velázquez– requiere que dos tercios de los acreedores voluntariamente estén de acuerdo con la reestructuración de la deuda, un obstáculo que realmente no es alcanzable”.


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