Proponen vigencia inmediata para enmiendas al Código Penal (horizontal-x3)
La delegación novoprogresista propondrá mañana durante la sesión ordinaria que la ley comience a regir de forma inmediata. (Archivo / GFR Media)

La delegación novoprogresista propondrá mañana durante la sesión ordinaria que el Proyecto de la Cámara 743, que establece enmiendas al Código Penal, comience a regir de forma inmediata en lugar de esperar los 90 días establecidos.

Tan pronto la Legislatura apruebe la medida y el gobernador Ricardo Rosselló estampe su firma, será delito en Puerto Rico interrumpir las labores en centros educativos, pegar pasquines sobre las paredes de los edificios, obstaculizar actividades turísticas y obras de construcción, entre muchas otras conductas vinculadas a la libertad de expresión.

“Los nuevos artículos, que por medio de esta medida se unen al Código Penal, buscan darle herramientas legales al Gobierno para atender de forma efectiva la conducta antisocial y dañina que perturba la sana convivencia de todos los ciudadanos”, añade a la exposición de motivos de las enmiendas que presentó el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos.

El proyecto de ley restituye la derogada “Ley Tito Kayak” al establecer que incurrirá en delito grave, con pena de reclusión de tres años, toda persona que obstaculice cualquier obra de construcción o movimiento de terreno que cuente con los debidos permisos de las agencias pertinentes.

A su vez, tipifica como delito menos grave obstruir la prestación de servicios o el acceso a una institución de enseñanza –lo que remite de inmediato a la huelga indefinida que se lleva a cabo en varias unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR)-, así como en centros de salud o cualquier establecimiento donde se ofrezcan servicios gubernamentales al público.

También penaliza el uso de disfraces en la comisión de un delito, de forma que toda persona que utilice máscaras, maquillaje, tintes, caretas o cualquier otro disfraz que altere su apariencia física con la intención de no ser identificado, incurrirá en delito grave con pena de reclusión de tres años. Entre los delitos que podría cometer un enmascarado, incluye “intervenir con actividades ordinarias en una instalación pública educativa, de salud o en el interior de edificios de gobierno”.

Con las enmiendas propuestas por el caucus penepé, se multiplican los lugares de prohibición en la ley.

Libertad de expresión

De acuerdo a la licenciada Ana María Strubbe, abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), el proyecto de ley adolece de vicios constitucionales al atentar contra el principio fundamental de la libertad de expresión.

“Si se aprueba, sería un retroceso a los derechos civiles que, de esa misma forma, se consiguieron: dando la lucha, las manifestaciones, la huelga. Es un retroceso la aprobación de esos delitos que coartan la libertad de expresión”, sostuvo la licenciada.

Con las enmiendas propuestas por la mayoría del Senado, sería delito menos grave pegar, imprimir o pintar cualquier aviso, letrero, pasquín, mote o dibujo sobre cualquier propiedad privada sin el consentimiento de su custodio, sin importar el tema. Puede ser un mensaje de denuncia política, un graffiti artístico o un escrito de una pareja de adolescentes. Si el acto se realiza sobre propiedad pública, excepto en postes y columnas, el delito menos grave será sancionado con pena de cárcel de un año.

Además, incurrirá en delito menos grave, con pena de reclusión de un año, toda persona que incite el uso de fuerza, violencia o intimidación para que se cometa un delito contra persona o propiedad a través de cualquier medio de difusión o publicación. La pena aumentará a tres años si, como resultado directo de esta incitación, se comete un delito grave.

“Criminalizar la protesta”

En el álgido momento en que se encuentra el País, cuando se han intensificado los episodios de protesta contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, varios sectores han tomado esta iniciativa legislativa como una criminalización al acto mismo de protestar.

“Se ve la intención del Estado; es una persecución política contra las personas que se están manifestando contra lo que está pasando”, opinó la abogada Strubbe.

Recientemente, un grupo de estudiantes universitarios interrumpieron sin permiso una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y pusieron a los funcionarios a firmar un compromiso con su causa.  El Senado podría enmendar el Artículo 179 para que se tipifique como delito menos grave interrumpir o impedir mediante la fuerza que se lleve a cabo una reunión “lícita y pacífica”, y si se trata de una reunión oficial debidamente convocada por cualquier organismo gubernamental, se impondría una pena de reclusión de un año.

También, durante el pasado paro nacional, un grupo de manifestantes paralizó la carretera frente al aeropuerto Luis Muñoz Marín. El Senado propone añadir un nuevo artículo para tipificar como delito menos grave obstruir intencionalmente el acceso o disfrute de una actividad turística –hoteles, clubes, parques, marinas-, mediante actos de violencia u ocupación del espacio, impidiendo “el libre disfrute”. Incluso, el Tribunal podría imponer una pena de restitución. 

“Entre más directa sea la mano del Estado y más clara la intención del Estado de coartar ese derecho a la libertad de expresión, más fácil va a poder ser impugnado en los tribunales. Entre más conductas específicas el Estado quiera limitar a través de la legislación, la inconstitucionalidad gana más peso en los tribunales”, comentó Strubbe.

La abogada recordó que muchas de estas disposiciones ya fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal de Primera Instancia de Guayama, cuando se atendieron las manifestaciones ante las turbinas de viento de Santa Isabel.

“La mano duradel Estado no disuade conducta criminal, pero sí disuade conducta legítima. La gente está preocupada. La mano del Estado está disuadiendo el ejercicio legítimo de expresión, en cambio, no están disuadiendo la conducta criminal. No funciona lo que están haciendo”, opinó la licenciada.


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