Refuerzan la estrategia sobre el status (horizontal-x3)
El representante José Aponte, al centro, lideró el análisis de la pieza legislativa, que fue rechazada por las minorías. (Archivo/GFR Media)

La Cámara de Representantes dio ayer el primer paso concreto para la puesta en marcha del llamado Plan Tennessee, con el que se comprometió el gobernador Ricardo Rosselló Nevares como parte de su estrategia para buscar una solución definitiva al problema del status y para adelantar la estadidad para la isla.

El Proyecto de la Cámara 876, que crearía la “Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”, fue ratificado solo con el favor de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), y a solo tres semanas de que se celebre el plebiscito del 11 de junio, que igualmente es parte de la fórmula con la que la presente administración busca acabar con el status colonial del País.

Algunos miembros de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) interpretaron  la proximidad entre la aprobación del proyecto y la celebración del plebiscito como un reconocimiento, por parte del gobierno, del limitado alcance o efecto que pudiera tener la consulta para alterar la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Para el representante José Aponte, presidente de la Comisión cameral de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, el análisis va en la dirección opuesta. El legislador del PNP aseguró que ambas iniciativas se complementan y refuerzan entre sí.

Confiado en que la opción de la estadidad resultará favorecida en el evento electoral del mes próximo, Aponte argumentó que las gestiones de la delegación congresional que se crearía cobrarían más fuerza si tienen el respaldo del voto a favor de la anexión.

“Van de la mano. El propio proyecto te dice que la primera acción de la comisión es dar continuidad a los resultados de la consulta del 2012 y a cualquier otro mandato de otra consulta que haya”, indicó Aponte a El Nuevo Día, al cuestionársele sobre los comentarios de la minoría parlamentaria.

“(El plebiscito) no es inconsecuente, y sabíamos que los planteamientos de la minoría iban a venir por ahí porque no tienen ningún interés de que haya una expresión para ratificar el resultado del 2012”, abundó el representante, quien lideró el análisis de la pieza legislativa.

El proyecto, que ahora pasaría a la consideración del Senado, crearía la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, que estaría compuesta por dos senadores y cinco representantes puertorriqueños en el Congreso de los Estados Unidos, que serían designados por el gobernador, con el aval de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa.

La medida dispone que el primer ejecutivo tendrá hasta 30 días después de que la pieza se convierta en ley para hacer sus nombramientos, y establece que los miembros de la comisión “se considerarán de confianza a discreción” del mandatario. Antes de entrar en funciones, los siete integrantes deberán prestar juramento de fidelidad y adhesión con la política del gobierno, e incumplir con ese compromiso daría base a su destitución.

Entre otras cosas, la propuesta comisión deberá “educar, abogar y promover la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos y la obtención de la total igualdad de derechos y deberes para los ciudadanos americanos” que residen en el País.

El proyecto presentado por el Ejecutivo en marzo también le confiere al organismo la facultad de “solicitar, gestionar y exigir participación y reconocimiento como congresistas de los ciudadanos americanos de Puerto Rico” en el Congreso.

La “delegación congresional” constituida en la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico también tendría la potestad de comparecer ante el Congreso, la Casa Blanca, las agencias y tribunales federales para expresarse sobre cualquier asunto que esté en su área de competencia.

“El origen de los problemas económicos y fiscales que afectan la calidad de vida de nuestro pueblo está íntimamente vinculado con las condiciones políticas que emanan de la relación existente entre Estados Unidos y Puerto Rico”, argumentó Aponte, al presentar el informe que recomendó la aprobación de la medida.

“La comisión que se crea aquí no es diferente a lo que se ha hecho en siete territorios, y a lo que se hace hoy día por la delegación de la ciudad de la capital federal, el Distrito de Columbia”, destacó el expresidente cameral.

El Plan Tennessee fue usado como mecanismo de presión por los ciudadanos del entonces territorio, en 1796. Como parte de esa iniciativa, aprobaron una constitución y escogieron a los congresistas que los representarían en el Congreso sin que aún fueran admitidos como un estado. De esa manera, reclamaron y luego obtuvieron su inclusión a los Estados Unidos.

Además de Tennessee, ese mecanismo fue empleado en Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas y Alaska.

Aprobada con enmiendas

La medida no fue evaluada en vistas públicas, aunque la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus solicitó memoriales escritos a los presidentes del PNP, del PPD y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como a la jefatura del Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Hacienda. Solo el líder popular no contestó el requerimiento.

La comisión legislativa le hizo cambios a la versión enviada por La Fortaleza, al excluir de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Aponte señaló que se tomó esa determinación para evitar posibles conflictos en la labor de la comisionada residente, y aseguró a este medio que la enmienda fue consultada personalmente con ella, y también fue notificada a Rosselló Nevares.

“La función en el caso de la comisionada, está por ley estatal y federal, en un momento dado, puede chocar, y no vamos a exponerla a ella a que una gestión de la comisión pueda ser utilizada para cuestionar el cumplimiento de su función congresional”, subrayó Aponte.

González, por su parte, se mostró satisfecha con la aprobación del proyecto de administración, y recalcó que es un compromiso contenido en el Plan para Puerto Rico. Tampoco mostró reparos con su exclusión del ente propuesto para cabildear a favor de la estadidad.

“Es que soy electa por el pueblo de Puerto Rico, estoy en el Congreso. Ya tengo participación con voz en las comisiones, y lo que quiero es que haya más participación y le daremos el asiento a otra persona”, dijo a preguntas de este medio.

“En la plataforma, hablamos de que hay que empujar la estadidad usando todas las herramientas disponibles a la vez. Será una lucha en diferentes frentes. Dije que radicaría varios proyectos de ley, y vamos a impulsar la estadidad en diferentes foros”, añadió.

La Cámara también avaló una enmienda para darles inmunidad legislativa a los integrantes de la comisión. Ese cambio, dijo Aponte, fue por recomendación de la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez.

Los miembros de la comisión tendrán derecho a cobrar una dieta, y a que se les reembolsen los gastos en los que incurran en el desempeño de sus deberes en y fuera de la isla. Al ser considerados funcionarios públicos, estarían sujetos a la Ley de Ética Gubernamental.

Aponte dijo tener un estimado sobre el impacto fiscal de la medida, pero rechazó proveerlo. Mencionó que, como la comisión estaría adscrita a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), esa agencia tendría que hacer las gestiones para que se asignen los recursos necesarios para el próximo año fiscal. Se mostró confiado en que la legislación pasaría el crisol de la Junta de Supervisión Fiscal.

Rápida implementación

La meta es que la comisión comience a funcionar el 1 de julio, cuando empieza el año fiscal 2018, lo que obligaría al Senado a atender la medida con premura, de manera que Rosselló Nevares tenga tiempo suficiente para designar a los miembros.

El representante del PPD, Luis Vega Ramos, censuró la aprobación de la medida por la erogación de fondos que conlleva en tiempos de crisis fiscal, y justo cuando comienza el proceso para reestructurar la deuda en el Tribunal Federal.

“A mí, me da vergüenza ajena que ustedes estén diciendo que no se va a desperdiciar millones de dólares… A la terquedad de haber legislado un mal plebiscito, viene la torpeza de seguir gastando un dinero que no tenemos en una estadidad que está cada vez más lejana”, afirmó Vega Ramos en su turno de debate.

En tanto, el representante del PIP, Denis Márquez, planteó que los esfuerzos del gobierno de Rosselló Nevares por encaminar la solución al problema del status no han recibido una buena acogida en la capital federal, y como ejemplo, mencionó que el plebiscito que habían diseñado tuvo que ser enmendado para incluir como alternativa el status territorial actual. Esa determinación provocó que el PIP retirara su apoyo a la consulta.

De igual forma, Márquez alertó sobre la necesidad de que se manejen con prudencia los fondos públicos y que no se destinen recursos del Estado para impulsar una ideología.

“No hay tal cosa como un derecho a la estadidad, sino el poder de los Estados Unidos de así hacerlo, y la historia dice que una nación caribeña, latinoamericana, un pueblo de una cultura diferente, no es posible de anexión”, puntualizó el legislador.

El reportero Javier Colón Dávila colaboró en esta historia.


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