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La medida legislativa fue presentada por el presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez. (horizontal-x3)
La medida legislativa fue presentada por el presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez. (Ramón Tonito Zayas)

Con la intención de incentivar la compra y desarrollo de viviendas para familias de escasos recursos en Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto al representante Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz, radicaron una medida legislativa a los fines de extender los beneficios de la Ley 47-1986, mejor conocida como la ‘Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda’.

El Proyecto de la Cámara 1000 busca establecer que los ingresos que reciba el dueño de un proyecto de vivienda de interés social, de nueva construcción o rehabilitado por concepto de la venta o alquiler de las unidades, estén exentos del pago de contribución sobre ingresos hasta junio 2020.

Igual disposición se aplicaría en la venta de algún terreno clasificado como de interés social para el desarrollo de unidades de vivienda.

La Ley 47 fue aprobada con el propósito de fomentar y promover el desarrollo y rehabilitación de unidades de vivienda para la venta o alquiler a familias de ingresos bajos o moderados, así como para la venta a familias de clase media. 

Según la exposición de motivos de la medida, con la extensión estipulada procuran preservar un mecanismo que incentiva, viabiliza y permite el desarrollo de unidades para atender la falta de vivienda para familias con ingresos bajos y moderados.

“Además, con la preservación de las disposiciones extendidas en esta Ley, propiciamos y generamos una actividad económica que produce pago de arbitrios de construcción, patentes, exacciones por impacto y múltiples contribuciones y entradas en la económica, como parte de la extensa cadena de servicios y productos derivada de la planificación, diseño, desarrollo, construcción, venta y financiamiento de unidades de vivienda”, se explica en la medida.

“En las condiciones fiscales actuales del Gobierno de Puerto Rico, la emigración masiva que hemos experimentado y la fragilidad económica que padecemos, deben existir mecanismos básicos que incentiven al inversionista local o externo a continuar invirtiendo en sectores altamente productivos como es la vivienda que en sus efectos múltiples, generan actividad económica a corto plazo que impacta favorablemente el fisco con el empleo que genera, la actividad económico que propicia y el múltiple impacto que tiene en los recaudos estatales y municipales”, concluyó Pérez Ortiz.


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