Sin tratos especiales para el sector industrial en la isla (horizontal-x3)
El presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan (R-Wisconsin), se reúne con periodistas mientras alienta el apoyo a la legislación republicana de reforma contributiva. (AP)

Washington - El proyecto de reforma contributiva federal presentado en el Senado estadounidense propone un impuesto sobre los activos intangibles de las empresas foráneas que hacen negocios en Puerto Rico, que pudiera ser un poco menos oneroso que el arbitrio a las importaciones que promueve la mayoría republicana de la Cámara baja.

La medida establecería una tasa tributaria de 12.5% para una empresa matriz cuando utiliza su intangible –patente, marca o tecnología– en una subsidiaria que opera como  Corporación de Control Foráneo (CFC), según expertos.

Lo que en el proyecto de la Cámara de Representantes de EE.UU. es denominado como un arbitrio sobre las ventas o importaciones (“excise tax”, en inglés) y alcanza el 20%, en el Senado es directamente un impuesto sobre los activos intangibles, que no son otra cosa que la propiedad intelectual o las patentes y que podrían describirse como la receta secreta para producir un bien, sea un dispositivo médico, un programa computadorizado o un medicamento.

Mientras en el proyecto de la Cámara baja se impulsa la repatriación obligatoria de ganancias de las empresas foráneas a tasas que pueden ser de 14% o 7%, en el proyecto del Senado el porcentaje se reduce a 10% o 5%.

La medida persigue evitar que empresas estadounidenses que se marchan fuera de los 50 estados logren zafarse de pagar tributos federales, como es en el caso de las CFC cuando deciden reinvertir sus ganancias en el exterior y no repatriarlas a EE.UU.

En el caso de Puerto Rico, impactaría particularmente a empresas que pueden terminar de manufacturar en la isla equipos que han comenzado a producirse en Estados Unidos y que al ser llevados a los estados, son adquiridos por sus matrices.

El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Orrin Hatch (Utah), afirmó que su proyecto “va a modernizar el sistema contributivo internacional, poniendo fin a... una reliquia que debió ser retirada hace muchos años”.

El Comité de Finanzas tiene previsto comenzar el lunes, la sesión de votación sobre la legislación.

En términos de la competitividad para atraer empresas a nivel internacional, las medidas republicanas quieren desincentivar la inversión fuera de Estados Unidos, advirtió Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca de Bill Clinton y es consultor de grupos estadistas.

“Sacan de la ecuación las contribuciones”, sostuvo Farrow, al indicar que a las jurisdicciones foráneas les tocaría competir a base de mano de obra, infraestructura y localización, entre otras cosas.

Movida contradictoria

Al comentar ayer el proyecto de reforma contributiva aprobado el jueves en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el gobernador Ricardo Rosselló defendió que, en el caso de Puerto Rico, se establezca una exención especial que reduzca a cero los nuevos tributos que se proponen para las CFCs.

Rosselló sostuvo en Radio Isla que en momentos en que Puerto Rico está en una crisis sin precedentes y se ha impuesto una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), le parece “una contradicción” que pueda hacerse daño a uno de los principales motores de la economía de la Isla, como es  la manufactura.

Para Rosselló, las nuevas contribuciones a las CFCs dejarán a Puerto Rico en desventaja frente a jurisdicciones con una mano de obra más barata y normas laborales más flexibles.

Los que defienden incentivar su inversión advierten que la industria de la manufactura emplea a sobre 75,000 personas –en su mayoría por medio de las CFCs– con buenos salarios. Los que cuestionan el trato a las CFCs sostienen que  los empleos que genera no son proporcionales a los beneficios tributarios que tiene.

La Asociación de Industriales ha advertido que la propuesta de los republicanos de la Cámara baja hundiría más la economía de Puerto Rico.

“Si la versión de la Cámara se aprueba vamos a enfrentarnos a una situación bien difícil”, dijo el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, al indicar que con la caída del turismo y la agricultura, la manufactura es más importante que nunca.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, señaló ayer que como está el proyecto cameral de reforma contributiva federal, “afectaría miles de empleos en Puerto Rico”.

La comisionada González ha indicado que como el sector privado y el gobierno de Rosselló, presiona en contra del “excise tax” que afectaría adversamente a las CFCs.

“Tenemos que tener un diferencial (incentivo) para que podamos hacer negocio, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo”, dijo González.

En términos de nuevos incentivos, la comisionada se centra en nuevos créditos contributivos por medio de programas como las zonas para impulsar la inversión en áreas afligidas económicamente y la creación de empleos. Pero, el gobernador Rosselló promueve enmiendas a las propuestas republicanas para excluir a Puerto Rico o limitar nuevos impuestos a las CFCs, con el objetivo de evitar su salida del país.

Legisladores populares, como Rafael “Tatito” Hernández y José Nadal Power, consideran que la comisionada no presiona por una reducción plena de las contribuciones de las CFCs debido a la reticencia de sectores estadistas con los beneficios a empresas foráneas. González ha insistido en que su prioridad son incentivos atados a la creación de empleos.

“Me gustaría que todos nos concentremos en la versión de la Cámara (en contra del “excise tax”). Todos estamos remando hacia el mismo punto, lo que pasa es que unos están dándole más al remo de la izquierda y otros, al de la derecha”, dijo Masses.

En síntesis

La reforma contributiva del Congreso y su impacto en la isla

La propuesta cambia el orden contributivo federal, afectando a miles de empresas que hacen negocios en Estados Unidos. No obstante, los cambios que más afectarían a Puerto Rico se verían en el sector de corporaciones foráneas controladas (CFCs):

Los productos que fabriquen las multinacionales que funcionan como CFCs en la isla, pagarían una contribución de 20% cuando estos son adquiridos por sus matrices en Estados Unidos.

El proyecto impone una tasa global mínima contributiva de 10% para las foráneas y les obliga a repatriar las ganancias obtenidas a partir de 1986 a una tasa máxima de 14% y mínima de 7%

La versión de la Cámara baja, además, extiende por un año, retroactivo a enero, la reducción de 35% a 32% en la tasa contributiva que pagan las empresas estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico como compañías domésticas.

La versión del Senado federal

No es muy distinta a la reforma contributiva del Congreso, en lo que respecta al interés de desalentar que empresas estadounidenses establezcan operaciones en países de bajos impuestos: 

En lugar del arbitrio a la importación, promueve un impuesto de 12.5% cuando la empresa matriz de una CFC posee un activo intangible, como patentes, marcas o tecnología, en una operación foránea y ahí fabrica el producto y genera ganancias que no repatria a Estados Unidos.

Además, la medida obliga a repatriar las ganancias obtenidas a partir de 1986, pero a una tasa máxima de 10% y mínima de 5%.

¿Quéproponen Rosselló y González?

La administración Rosselló Nevares busca que para efectos de la reforma contributiva, Puerto Rico se considere una jurisdicción doméstica.

No obstante, la estrategia de cabildeo del gobierno se centra en excluir a las CFCs en Puerto Rico de todo nuevo impuesto que impulsa la legislación de la Cámara baja.

Mientras tanto, la comisionada residente González cree que hay que centrarse en impulsar créditos por la creación de empleos, como lo fue la antigua 30ª del Código de Rentas Internas federal, o programas como las zonas que otorgan incentivos para empresas establecerse en áreas económicamente afligidas.

¿Qué piden los industriales?

En vez de centrarse en las diferentes propuestas que hacen el gobernador y la comisionada –las cuales apoyan–, el sector que agrupa a diversidad de industrias en Puerto Rico pide dedicar los esfuerzos a combatir el “excise tax” del proyecto cameral. 

Al presente, tienen bajo estudio la versión del Senado. 

Ese nuevo arbitrio o impuesto a las importaciones, consideran, acabaría con la industria manufacturera en la isla.


💬Ver 0 comentarios