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Hernández agregó la necesidad de enmendar las leyes que regulan el financiamiento político y la Constitución con el aval del pueblo. (Luis Alcalá del Olmo)

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentó hoy varias alternativas para abordar la difícil situación fiscal que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, entre las que se encuentra demandar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por “violentar” varias disposiciones de la Constitución de Puerto Rico.

Ese recurso legal, sostuvo, no deber ser incoado por un sector, ya sea el gobierno o la Asamblea Legislativa, sino que debe contar con el aval de numerosos sectores, como los sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y los municipios, por mencionar solo algunos.

“El gobierno no puede seguir acusando a la Junta de todo y debe comenzar a combatirla. Si verdaderamente el gobernador está haciéndole frente a la Junta de Control Fiscal, entonces debería unirse a esta demanda que, a fin de cuenta, lo que busca es que los servicios esenciales no se afecten de forma desproporcionada”, expresó Hernández.

Entre las violaciones a la Constitución que, a su juicio, contiene la Ley PROMESA, Hernández destacó es que le da facultad a la JSF de revocar leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, determinará el tiempo para someter el presupuesto, los exime de cualquier ley estatal o federal relacionada a salarios y le prohíbe al gobernador emitir cualquier tipo de deuda, entre otras.

“Hay que tirarle la raya a la Junta. Vamos a unirnos como pueblo y vamos a demandar juntos a la Junta. Esto tiene que ser un llamado a una demanda del pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Junto a la posibilidad de un pleito legal, Hernández presentó otras alternativas, como incluir a los municipios en el Plan Fiscal del Gobierno para que se puedan proteger durante el proceso de quiebra, igual que el gobierno central y sus instrumentalidades.

“No le está dando las herramientas a los municipios para que se puedan acoger (a la quiebra)”, destacó, al agregar que también se debe establecer el marco legal o el mecanismo a través del cual puedan allegar fondos a través del cobro de servicio.

“Los han dejado en la prángana, no tienen ningún mecanismo legal, ninguna estructura para poder enfrentar este momento. Aquí tú tienes un municipio que ese acreedor, que es el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se va a ir a la quiebra, pero no tiene manera de cómo sentarse con su acreedor a negociar la deuda que ese acreedor tiene con ellos”, destacó.

Hernández agregó la necesidad de enmendar las leyes que regulan el financiamiento político y la Constitución, con el aval del pueblo, para que de forma prospectiva y por un tiempo determinado no se pueda tomar más prestado para el financiamiento deficitario ni para mejoras de capital que no sean autofinanciables.

Agregó la urgencia de realizar un estudio del impacto de los beneficios contributivos para determinar -antes que finalice el 2017- cuáles han rendidos un impacto favorecedor y cuáles ameritan ser eliminadas.  

“Es imprescindible el acceso a data confiable que demuestre la realidad del costo beneficio de cada dólar del erario invertido en créditos, deducciones e incentivos contributivos y otros para fomentar actividades económicas”, señaló en conferencia de prensa el portavoz popular.

“Tenemos que sentarnos y explicarle y decirle a la Junta estos son mis servicios esenciales y yo no te voy  a dejar que tú los suprimas”, sentenció. 

Declaraciones de Rosario Cortés

"Nos sorprende el pedido del representante Rafael Hernández Montañez. Él fue quien con Alejandro García Padilla cabildeó para la aprobación de la ley federal PROMESA y quien defiende el actual estatus territorial. Si quiere resolver el problema debe pedir que cese el estatus territorial que nos mantiene bajo los poderes plenarios del Congreso y permite la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo Ramón Rosario Cortés, secretario de Asuntos Públicos.

“El representante Hernández Montañez ha estado defendiendo constantemente a los acreedores de las Obligaciones Generales. Nos gustaría defendiera al Pueblo y aceptara que el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares recorta alrededor del 80% del pago a los acreedores para mantener las operaciones gubernamentales y los empleados públicos", afirmó Rosario Cortés.


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