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Tranque en la Cámara por el Proyecto 938 (horizontal-x3)
El proyecto 938 es parte del paquete de medidas que presentó el Ejecutivo para reducir gastos gubernamentales por $1,623 millones. (Ramón Tonito Zayas)

A pesar de que está latente la posibilidad de enmendar el Proyecto de la Cámara 938, que trastoca los beneficios adquiridos de los empleados públicos, al cierre de esta edición la medida no contaba con los votos necesarios para su aprobación.

De los 26 legisladores que componen la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, 14 no favorecían el proyecto.

Para aprobar una medida en la Cámara, que tenía pautada su sesión para hoy a la 1:00 p.m., hace falta al menos 26 votos a favor.

El tranque está en la reducción de la aportación patronal al plan médico, según varios representantes consultados por El Nuevo Día al finalizar el caucus, que inició cerca de las 5:00 p.m. y se extendió hasta pasadas las 8:00 p.m.

Según el proyecto que La Fortaleza envió para la aprobación de la Legislatura, la aportación patronal al seguro médico podría reducirse a $100.

Carlos “Johnny” Méndez, presidente cameral, citó un nuevo caucus para hoy al mediodía.

En el Senado, el proyecto de administración -tal y como está redactado- tampoco cuenta con muchos simpatizantes, empezando por el  presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien se comprometió ayer a trabajar un proyecto  lo “más sensible y efectivo” posible.

Advirtió, no obstante, que la posición de los empleados públicos no puede ser  “yo no voy a aportar nada”.

“Entendemos la urgencia de atenderlo, pero lo vamos a hacer como corresponde. De la misma (manera en) que el señor Gobernador descarga su responsabilidad, nosotros habremos de descargar la nuestra”, señaló el líder legislativo tras participar de una vista conjunta de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado.

Sin entrar en detalle de cuáles serían las posibles enmiendas, Rivera Schatz sí expresó dos de sus mayores preocupaciones: la reducción en la aportación patronal al plan médico y que la medida priva a los trabajadores de unos beneficios de forma definitiva.

Al respecto, Rivera Schatz dijo que en el Senado propondrán que el proyecto incluya un lenguaje que comprometa a que, según se cumplan ciertas métricas de recuperación fiscal, el gobierno restituya gradualmente los beneficios que limitará con esta legislación. “Nuestro objetivo es defender a los trabajadores, nuestro objetivo es que no se toque o, por lo menos, intentar que no se toque el plan médico, pero tenemos una realidad”, señaló.

El proyecto 938 es parte del paquete de medidas que presentó el Ejecutivo para reducir gastos gubernamentales  por $1,623 millones. La reducción en la aportación patronal al plan médico de los trabajadores representaría un ahorro estimado de $131 millones, según datos que surgieron en la discusión legislativa del proyecto. 

“Para mí, eso (el plan médico) es fundamental. Las licencias de vacaciones regulares o enfermedad, eso es un sacrificioque todos podemos hacer”, señaló.

Pero Annete González, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), indicó que, lo que para el Estado puede representar un ahorro, para los trabajadores sería un detrimento en su calidad de vida. Sería limitar el acceso a los servicios de salud.

“Esta medida está concebida a la luz de un plan de ajuste fiscal, impuesto por la JSF, cuyo único propósito es cuadrar la chequera a base de ejercicios matemáticos, sin considerar el impacto social”, puntualizó en la vista pública que celebró ayer la Cámara luego de que los líderes sindicales acudieran el lunes al Capitolio para reclamar que los escucharan.

Durante su ponencia, González expresó que la reducción en la aportación al plan médico podría representar una reducción salarial de entre $50 y $150 mensuales.

“Desde un tiempo para acá se ha convertido en costumbre declarar una emergencia para luego atacar y recortar los derechos de los trabajadores”, denunció Pedro Irene Maymí, presidente de a Unión Independiente Auténtica (UIA) y de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

Los diversos líderes sostuvieron que, a través de los pasados años, los trabajadores han hecho diversas concesiones ante la crisis fiscal del Gobierno, incluidas en la Ley 7, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño; la Ley 66 de Alejandro García  Padilla y, más reciente, la Ley 3 de 2017, que extendió los convenios colectivos tal cual estaban hasta 2021.

Incierto

Ni Rivera Schatz ni el presidente cameral soltaron prenda de las enmiendas específicas, así como tampoco confirmaron si el proyecto se atenderá antes del 30 de abril, fecha límite para entregarle a la JSF el presupuesto para el próximo año fiscal.

“Yo no tengo ningún deadline, yo no trabajo para la Junta. El que trabaje para la Junta, quizás lo tiene; yo no. Yo  trabajo en coordinación con el Gobernador de Puerto Rico y el presidente de la Cámara”, señaló.

La aprobación de la medida, dijo, dependerá de las enmiendas que le  incluyan en la Cámara. “Si hay cosas que son inaceptables, va a traer problemas”, puntualizó.


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