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Donald Trump. (AP)

Washington - El presidente de EE.UU. Donald Trump complicó anoche los esfuerzos de las autoridades de la Isla y la industria de salud de conseguir una nueva asignación de cientos de millones de dólares en fondos de Medicaid.

 Con un simple tuit, el presidente Trump atacó el reclamo del Gobierno de Puerto Rico de conseguir una asignación de hasta $900 millones para el año fiscal federal 2017-2018 en una próxima resolución de presupuesto.

Para Trump, cuya Casa Blanca ha estado muy alejada del debate sobre Puerto Rico,   los demócratas quieren darles un rescate financiero a aseguradoras de salud y a la isla con los fondos de los contribuyentes estadounidenses.

“Triste”, indicó Trump en su tuit.

El secretario de Salud de EE.UU. Tom Price, sin  embargo, ha respaldado que el Congreso asigne a Puerto Rico unos $900 millones  para el próximo año fiscal federal, 2017-2018.

El gobernador Ricardo Rosselló, quien ha estado cabildeando en Washington, respondió a Trump que “los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico se merecen ser tratados justamente”.  “La salud y los derechos civiles no son asuntos partidistas”, indicó Rosselló, quien ha tenido como cabildero a Corey Lewandowski, quien dirigió la campaña de Trump durante unos meses.

Las expresiones de Trump se dieron en momentos en que se conocieron esfuerzos republicanos de última hora para tratar de condicionar la asignación de Medicaid a que se aplace o dificulte el acceso del Gobierno de Puerto Rico al procedimiento de quiebras bajo PROMESA.

El intento de ‘quid pro quo’, relacionado con los esfuerzos de última hora en el Congreso para aprobar una resolución que dé continuidad a los gastos del gobierno federal, se atribuye principalmente a grupos de bonistas  que han estado presionando a senadores y representantes.

En sus reuniones de ayer en el Congreso, al portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, le dijeron que “el arquitecto de esta movida aparenta ser el congresista (republicano boricua) Raúl Labrador junto al Freedom Caucus”. “Los bonistas le tienen pánico a que un juez organice lo que hay que pagar y lo que no, como dispone el capítulo 3 de PROMESA”, agregó.

Labrador -cuya oficina no respondió ayer una solicitud de información-, negó el martes  a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que se proponga intervenir para tratar de enmendar PROMESA.

González, sin embargo, reconoció que los informes extraoficiales de que sectores conservadores han querido condicionar los fondos de Medicaid, los ha escuchado hace varios días.

Otra propuesta que se baraja va dirigida a reclamar que la Oficina de Contraloría General (GAO) certifique que la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico cumple con la ley PROMESA, indicó González.  

La ley PROMESA, firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, impuso una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, decretó una moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno de la Isla y abrió la puerta a un proceso de reestructuración de la deuda, sea de forma voluntaria o la vía judicial.

El freno en la litigación judicial vence el 1 de mayo, por lo que a partir del martes próximo, la Junta federal tendría el poder para –cumpliendo con los requisitos de PROMESA–, acudir a un tribunal a solicitar una reestructuración de la deuda por medio de un  procedimiento de quiebra territorial.

La intención de los bonistas sería dilatar la posibilidad del uso de la quiebra judicial, pero sin el acceso al freno en el cobro de deuda del gobierno. “Uno sabe más o menos quién (promueve ese posible ‘quid pro quo’) pero no es responsable estar diciendo nombres”, dijo, por su parte, a El Nuevo Día el representante del gobernador ante la junta federal, Elías Sánchez.

Los primeros informes alegaban que el interés en evitar la puesta en marcha del título III de PROMESA emanaba del gobierno de Ricardo Rosselló. “El gobernador Rosselló cabildeando para eliminar/frenar el título 3 de PROMESA a cambio de más dinero de Medicaid, ayuda a los bonistas. Malo para Puerto Rico”, tuiteó el presidente del sindicato 32BJ de Nueva York y vicepresidente de la SEIU, Héctor Figueroa.

Sánchez rechazó temprano esa “alegación”.  “El gobierno de Puerto Rico no está gestionando ninguna enmienda ni apoya enmiendas a la ley PROMESA. Como sucede con los rumores de pasillo –agregó Sánchez– uno se entera. Pero, esos no son los intereses del gobierno. No creo que el Congreso vaya a perder su tiempo en eso”.

El aparente intento de condicionar una nueva asignación de Medicaid se conoció después de que las autoridades del gobierno de Puerto Rico y de la industria de salud expresaran optimismo de que una resolución presupuestaria a aprobarse esta semana o la próxima, incluirá hasta $900 millones para el año fiscal federal.

La idea es amortiguar el agotamiento a finales de año de los fondos de Medicaid que ha otorgado Obamacare y han representado  cerca de $1,200 millones anuales.

Aunque no ha visto lenguaje específico, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) advirtió  que si la propuesta de posponer la vigencia del título III de PROMESA se presenta oficialmente  el liderato demócrata del Congreso la combatirá.

Pese a que la resolución de gastos vigente expira mañana, viernes, en caso de que no haya un acuerdo las consecuencias de un posible cierre parcial del gobierno federal se sentirían con fuerza el lunes. Pero, sigue viva la posibilidad de aprobar una resolución de solo unos días en espera de ratificar después otra que añada  otros asuntos. “Hay un 80% de posibilidades de que todo se resuelva la semana próxima", dijo la comisionada González.   


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