Manifestación de estudiantes frente al cuartel general de la Policía por el arresto de dos jovenes durante marcha por la auditoria de la deuda. (horizontal-x3)
Manifestación de estudiantes frente al cuartel general de la Policía por el arresto de dos jovenes durante marcha por la auditoria de la deuda. (Ramón Tonito Zayas)

El capítulo puertorriqueño de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se manifestó hoy en contra del arresto de manifestantes por policías encubiertos, calificándola como una práctica de represión contra la disidencia de la que el país no ha sido testigo desde la década de 1970.

En un comunicado escrito firmado por su presidente ejecutivo, William Ramírez, reclama además la obligatoriedad de que se presenten órdenes de arresto para seguir el debido proceso de ley.

Sus expresiones surgen a raíz del arresto que llevaran a cabo policías encubiertos en ropa de civil y en carros privados contra dos estudiantes universitarios por supuestos delitos cometidos ayer.

“Lo que distingue esta acción de los eventos previos que pavimentaron el camino hacia un acuerdo para reformar la Policía de Puerto Rico, es el total descaro con el que un oficial de la ley no identificado tomó a un ciudadano de una calle pública", reflexionó Ramírez.

"En 1970, otros países que emplearon estas tácticas policiacas escalaron a lo que hoy se conoce como la Guerra Sucia contra los izquierdistas o enemigos del estado… que se supone ya sea cosa del pasado”, agregó Ramírez.

La ACLU pasó factura sobre la actual superintendente de la Policía, Michelle Hernández, reafirmando su percepción original de que “coroneles militares no pueden ser jefes de la policía civil”.

En ese sentido, recordó al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al juez federal Gustavo Gelpí y al monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, que es la superintendente quien debe asumir responsabilidad, independientemente de que actúe “bajo amenazas del presidente del Senado”, Thomas Rivera Schatz.

A su vez, reclamó que prácticas como el uso de seguridad privada por el Senado o el arresto a ciudadanos por policías que no estén debidamente identificados, son maneras de evadir la reforma de la Policía “que no toleraría estas tácticas policíacas”.

Finalmente, emplazó a las autoridades judiciales para que protejan los derechos fundamentales de la ciudadanía en protesta.

“En una sociedad civil regida por la Constitución, los ciudadanos que participen en protestas no pueden ser arrebatados de las calles. Eso no queda lejos de secuestros autorizados por el gobierno. Permanecer en silencio es convertirse en cómplice de esta violación seria a los derechos”, concluye la expresión escrita.


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