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El doctor Narciso Reyes fue arrestado en la institución 1072 del Complejo Correccional de Bayamón. (Javier Colón Dávila)

Uno de los cuatro individuos arrestados esta mañana por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) por contrabando en instituciones penales, resultó ser un médico convicto federal por fraude.

Se trata de Narciso Reyes Carrillo, preso por el esquema de fraude a la aseguradora Aflac. Este hombre, a pesar de su historial, fue contratado por la compañía Correctional Medical Services para laborar en el Centro Médico Penal de Bayamón.

Al finalizar una conferencia de prensa esta tarde en el Departamento de Justicia donde se brindaron detalles sobre el operativo, el secretario de Corrección, Eric Rolón Suárez, dijo que se comunicó con la administración de la empresa donde le indicaron que Reyes Carrillo tenía récord criminal limpio, pero a nivel estatal.

“Tenemos que ver si es un caso aislado. El contrato con la empresa termina a finales de año y es algo que tenemos que discutir”, dijo el funcionario en un aparte con El Nuevo Día.

Al hablar sobre el tema en la conferencia de prensa, Rolón Suárez dijo que hay que revisar la manera en que se contratan oficiales correccionales. En varias ocasiones recalcó que dos de los acusados son reclutas “recientes”.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, explicó que la investigación que produjo los cuatro arrestos arrancó en febrero de 2016 cuando Juan Figueroa Hernández, oficial correccional con 26 años de experiencia, se acercó a un reo en la Institucional Correccional Guerrero para indicarle que podía introducir lo que sea “a cambio de dinero”.

“Ese acto de soborno dio pie a que la división de Crimen Organizado del NIE iniciara una operación encubierta”, explicó Vázquez Garced.

Los arrestados y acusados fueron identificados como Figueroa Hernández, Alfonso Pellot López y Edwin Cintrón García, ambos de Guerrero y de la misma academia de oficiales correccionales y el médico Reyes Carrillo.

A todos se les imputa cobrar para introducir sustancias controladas o celulares a institucionales penales. En el caso de los correccionales, la fianza es de $350,000 a cada uno. El juez Rafael Antonio Ramos Sáenz encontró causa.

Figueroa Hernández enfrenta siete cargos por soborno y cargos por introducción de material de contrabando a una institución penal, crimen organizado y violación a la Ley de Ética Gubernamental al lucrarse aprovechando su posición de funcionario. A este hombre se le imputa haber realizado dos transacciones con un agente encubierto por las que cobró $500 en total para introducir un celular y sustancias controladas.

Según Vázquez Garced, el hombre le daba instrucciones específicas a los parientes del confinadoque recibiría la mercancía sobre cómo debían empaquetar el material.

Pellot López, según el Estado, también realizó dos transacciones por dos celulares y $725 en total. Ahora enfrenta los mismos cargos que Figueroa Hernández.

Edwin Cintrón Gandía, quien labora en la Institución Correccional Sabana Hoyos, en Arecibo, cobró $900 por dos celulares.

En el caso de Reyes Carrillo, enfrenta cinco cargos por introducción de material de contrabando a una institución penal, crimen organizado y violación a la Ley de Sustancias Controladas con fianza de $1,250,000.

“En una ocasión acordó introducir 31 gramos de cocaína a un confinado”, dijo Vázquez Garced al indicar que el galeno, quien es generalista, le cobró $400 a un encubierto por el trabajo.

Según dijo la titular de Justicia, Reyes Carrillo se acercó a otro confinado “porque necesitaba dinero” y cobró $400 por introducir más cocaína al complejo carcelario de Bayamón. Su modus operandi incluía instar a los confinados a solicitar sus servicios y les entregaba el material en su oficina.

Ningún funcionario pudo explicar cómo el médico entraba a la cárcel con cocaína.

“Todos se prestaron para ofrecer y aceptar sobornos de parte de la población penal para lucrarse mientras ponían en riesgo la vida y la seguridad de las personas de las instituciones y personas fuera”, dijo en alusión al uso de celulares por parte de confinados para continuar con su vida delictiva.


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