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En las frías neveras del Instituto de Ciencias Forenses hay 86 cuerpos sin ser reclamados (horizontal-x3)
Los casos más antiguos de cadáveres abandonados datan del 2015. (Suministrada)

El Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan solicitó ayuda días atrás para identificar el cadáver de un hombre asesinado el 17 de abril en el sector Buena Vista.

El cuerpo no ha sido identificado y tampoco  el de un individuo acribillado el 14 de febrero  frente al residencial Monte Park. En ese caso, una testigo brindó un nombre: José Manuel Martínez Rivera.

Ambos están abandonados en las neveras del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se guardan 86 cadáveres, de los cuales 33 corresponden a hombres y mujeres identificados de alguna manera u otra, pero cuyos cuerpos no han sido reclamados por parientes o conocido alguno.

Los casos más antiguos datan del 2015. Se trata de cinco personas muertas de manera violenta (accidente u homicidio) sin identificar y un sexto, Andrés Calderón Viñales, plenamente identificado. Este hombre perdió la vida en un apartamento del residencial Luis Llorens Torres en diciembre del citado año y su cuerpo sigue sin ser reclamado.

“En muchos casos, incluso gente que tiene familia y no se interesan, ya sea por razones familiares y económicas, no quieren el cuerpo. También pasa con los que vienen de asilos, que no tuvieron un familiar que se encargara de ellos. No se enteraron que estuvieron allí 10 o 15 años. Igual pasa con deambulantes y usuarios de drogas”, dijo Mirthia Rodríguez, entrevistadora forense en el ICF.

Del 2016, hay 34 cadáveres no reclamados y la mayoría son clasificados como John Doe o Jane Doe, lo que significa que no se cuenta con información alguna que ayude a su identificación.

“Esos son los casos que nos dan más dificultad porque tenemos que buscar las circunstancias de la muerte, hay que hacerles la autopsia y meterlos en el programa Namus”, dijo por su parte Daniel López Rivera, gerente de operaciones de la División de Investigación Medicolegal y Toxicología del ICF.

El programa Namus es una base de datos, a la que tienen acceso agencias de ley y orden, en  la que se incluye  información detallada de cadáveres no identificados -como fotos- para facilitar su identificación.

El ICF les da prioridad a los cuerpos recibidos con algún tipo de identificación.

“Son espacios que pueden estar disponibles pronto”, dijo López Rivera.

“Hay que recordar que tenemos unas limitaciones en cuanto a personal, específicamente en el área de patología… así que tenemos que establecer un orden de prioridades y son los casos que están identificados porque hay familiares esperando”, dijo por su parte Víctor Dekony, director interino de NCF.

La Ley orgánica del ICF fue derogada con la creación del Departamento de Seguridad Pública, que ahora cobija al antiguo ICF, pero como  un negociado. Con la nueva ley, se aumenta de tres a 10 el número de días que tienen que pasar antes de que el Estado pueda disponer de cadáveres no reclamados, ya sea mediante donación a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que sean enterrados o cremados.

No  todos los cadáveres son aptos para ser donados a la ciencia. Entre los que no cualifican figuran los descompuestos y aquellas personas que sufrían de enfermedades como HIV, sida o hepatitis.

En el 2015, fueron donados 10 cuerpos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Esa cifra creció a 18 el año pasado y en el 2017 van  13 cuerpos.

“Esos casos (los más antiguos) son casos que por alguna razón específica no nos hemos podido reunir con un fiscal o un agente para entonces completar y disponer del cuerpo”, contó Rodríguez.

Aunque la ley del nuevo ICF no establece un máximo de días permitido, Rodríguez dijo que “moralmente” la dependencia no dispone de un cadáver si un familiar o conocido lo reclama, aunque no se complete el proceso científico de huellas dactilares, comparación de material genético o de radiografías dentales. Tampoco se disponen si llegan al ICF con algún tipo de identificación.

Pero hay excepciones. De hecho, en el 2015 el ICF ordenó el enterramiento de 164 cadáveres. Esa cifra bajó a 133 el año pasado y van por 14 enterrados y 33 cremaciones en el 2017.

El ICF tiene tres neveras: una tiene capacidad para 120 cadáveres, otra para 48 y una tercera para 12. Además, tiene capacidad para alrededor de 120 cuerpos adicionales a ser almacenados en vagones adquiridos para eventos catastróficos.

“Hubo un caso de un ciudadano danés y se dispuso del cuerpo (enterrado). Su familia está en Dinamarca, pero su madre no quería aceptar que su hijo había muerto”, dijo al explicar que el cadáver fue identificado por huellas dactilares provistas por la Interpol.

El caso del "cubano"

Otro caso es el de un ciudadano cubano que perdió la vida hace casi un año en un viaje en yola desde la República Dominicana. El hombre murió ahogado, pero el cadáver fue recuperado.

“La esposa se salvó y está en Miami, Florida. Su único hijo está en Cuba y pensaba salir y es el único pariente a quien se le puede hacer (el examen de) ADN”, dijo Rodríguez al explicar que la familia del fenecido conocía a alguien en Puerto Rico que entregó un pelo y un chicle mascado por el hijo del infortunado con la intención de que se levantara material genético. 

Al no poder garantizar la cadena de custodia, las pruebas serían inválidas, dijo Rodríguez.

En el ICF también se encuentran los cadáveres de dos hombres dominicanos que murieron ahogados a principios de este año al intentar entrar a la isla en yola por la costa de Aguadilla.

Dentro de la categoría de John Doe se ubican también cadáveres reclamados por familiares o conocidos. Se trata de cuerpos “con nombre” que tienen que ser sujetos a pruebas de validación científica para finalmente ser entregados. 

En ese grupo figuran tres hombres asesinados y calcinados el 27 de marzo en Gurabo. La Policía ha informado  que los familiares de estos tres individuos, todos del área de Puerto Nuevo, acudieron a la Comandancia de Caguas un día después del triple crimen indagando y temerosos de que  se trate  de sus parientes, quienes siguen desaparecidos.

Esos cuerpos serán identificados mediante material genético.

Dos jóvenes que perdieron la vida calcinados en un accidente de tránsito en la carretera PR-1, de Comerío, fueron identificados mediante placas dentales.

Otros recursos que tienen el ICF a su disposición son los bancos de huellas digitales. Entre los que tienen que presentar sus huellas figuran guardias de seguridad, personas acusadas por delitos graves, personas que tienen licencia de armas de fuego y ciudadanos cuyo trabajo lo requiere.

Por ley, están autorizados a identificar cadáveres el esposo o la esposa casados y que hayan estado conviviendo, hijos, padre de un vínculo o doble vínculo, abuelos y nietos. En la categoría de “particulares”, se encuentran tíos, primos, amigos, parejas consensuales, dueños de hogares o la administración de un hospital.

En el caso de los particulares, López Rivera dijo que muchos realizan la primera visita al ICF para indagar, pero cuando se les requiere documentación adicional y una declaración jurada suelen retractarse por miedo a ser demandados por familiares que aparezcan una vez se disponga del cuerpo.


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