En veremos posibles cargos por pelea que protagonizó Rivera Guerra (horizontal-x3)
Vídeos tomados de la pelea demuestran que Rivera Guerra fue quien inició la reyerta al lanzarle un codazo a Vargas. (Suministrada)

En manos del fiscal Luis Angel Cruz está la determinación si se acusa a alguien en relación a la pelea ocurrida ayer a la entrada lateral de la Cámara de Representantes entre el legislador José Luis Rivera Guerra y varios unionados, incluyendo uno que se identificó como Julio Vargas, integrante de uno de los sindicatos que agrupa empleados de la Universidad de Puerto Rico.

Rivera Guerra, el único que se ha querellado por el incidente, presentó su queja formal en la tarde de ayer en el cuartelillo aledaño al Capitolio y en la noche fue entrevistado por personal de Homicidios de San Juan.

Vargas fue citado mediante llamada telefónica a su gremio, pero no se ha presentado al Cuartel General para ser entrevistado.

Rivera Guerra sostiene en su querella, presentada a las 12:52 p.m. de ayer, que fue golpeado en el costado, un antebrazo y la rodilla derecha, además de la frente. En la querella no identifica al agresor, por lo que consigna que fueron “varios manifestantes”.

En medio de la pelea, ocurrida frente a agentes de la División de Operaciones Tácticas, una puerta sufrió daños valorados en $3,900, según se consigna en la querella.

Vídeos demuestran que Rivera Guerra fue quien inició la reyerta al lanzarle un codazo a Vargas, quien respondió con las manos. Sin embargo, Rivera Guerra alega que actuó en defensa propia y que recibió amenazas de muerte.

El Nuevo Día supo que la Policía pretende entregar órdenes judiciales a varios medios del país para que les entreguen los vídeos crudos del suceso. Típicamente los medios se han negado a entregar este tipo de pietaje alegando, entre cosas, que no trabajan para la Policía y que entregar el material fílmico coloca en peligro la vida de los periodistas.

La Policía también está examinando vídeos tomados de las redes sociales.

Esta tarde en conferencia de prensa, el coronel Francisco Rodríguez, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal, confirmó la entrega de órdenes judiciales. 

"Van dirigidas a todo evento que se haya hecho público mediante filmación, cualquiera", dijo. "Cada quien tiene el derecho a suplir la misma o negarse a ella, entonces iríamos en auxilio a los tribunales para que se haga viable", añadió. 

Rodríguez aprovechó para indicar que el incidente de ayer en el Capitolio, la incursión de estudiantes en la reunión de anoche de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la escaramuza de esta semana en Río Piedras en medio de una protesta contra el senador Thomas Rivera Schatz, son investigadas por diferentes equipos.

"Todas esas investigaciones están en curso", dijo. "No podemos llegar a ningún tipo de conclusión", agregó.

Sobre la situación en la UPR, la superintendente Michelle Hernández de Fraley dijo que en lo que concierne a la Policía, "todo fue exactamente como debía ser", en el sentido de que la policía estatal intervino tras ser llamada por la seguridad privada de la universidad.

La presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, fue entrevistada extensamente anoche y la jefa policiaca anticipó que sería entrevistada nuevamente. También se le brindó seguridad adicional en su lugar de vivienda.

Hernández de Fraley ha estado bajo fuego en días recientes por el desempeño de la Policía en diversas instancias manejando manifestantes. El episodio más reciente ocurrió ayer cuando el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, pidió su renuncia luego de que varios de sus correligionarios fueran atacados por unionados cuando entraron al Capitolio por la puerta lateral de la Cámara.

"Estoy súper complacida con el desempeño de los uniformados. Hemos probado que la política pública que se ha desarrollado relacionada al acuerdo federal (Reforma Sostenible de la Policía)  ha sido efectiva. En años anteriores en situaciones como las que hemos estado involucrados hubieran tirado (sic) unas cuantas situaciiones de violaciones de derechos civiles y uso excesivo de fuerza", expresó. 

Hernández de Fraley agregó que siente que goza de la confianza del gobernador. 


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