"La Policía de Puerto Rico ha velado por el derecho de libertad de expresión y que se ejerza de acuerdo a la ley y orden”, dijo Hernández Fraley. (Archivo / GFR Media)

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, le salió al paso esta tarde al representante novorprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, quien le solicitó públicamente su renuncia.

"La Policía de Puerto Rico ha velado por el derecho de libertad de expresión y que se ejerza de acuerdo a la ley y orden. Mi respaldo al comandante Juan Cáceres, y a todos los agentes destacados en el Capitolio, es incuestionable. En todos estos incidentes no ha habido querellas de uso inadecuado de fuerza. Vamos a proceder de acuerdo al protocolo pertinente para este tipo de casos y realizaremos la investigación que corresponda", dijo Hernández de Fraley en declaraciones escritas.

La jefa de la uniformada no atendió específicamente en sus declaraciones a la petición de renuncia.

Más temprano esta tarde, Rodríguez Aguiló le pidió la renuncia a Hernández de Fraley, alegando que la funcionaria permitió el secuestro de empleados y legisladores en el propio Capitolio.

Es inaudito que la superintendente permita que una de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico sea secuestrada en su lugar de trabajo, no tan solo por impedir el libre acceso, sino por la restricción de la libertad y el libre movimiento de los que laboramos en el Capitolio”, expresó Rodríguez Aguiló en un comunicado de prensa. 

Rodríguez Aguiló no es el único representante novoprogresista molesto con la Policía. El también representante Nelson Del Valle increpó a personal de la División de Operaciones Tácticas cuando, entre una lluvia de botellazos, logró entrar al Capitolio esta tarde por la entrada lateral de la Cámara.

"¿Cuándo van a intervenir ustedes?", cuestionó furioso Del Valle a los agentes.

Según Rodríguez Aguiló, el personal policiaco en el Capitolio, que incluye a la División de Operaciones Tácticas y el teniente coronel Juan Cáceres, director del área policiaca de San Juan, no han recibido “instrucciones precisas” y reflejan “falta de control”.

A juicio, ese cuadro coloca en peligro a ciudadanos, empleados, legisladores y los propios policías.

“El comportamiento de la superintendente Hernández se distancia de lo que el pueblo de Puerto Rico necesita en momentos difíciles, que es un gobierno en control, capaz de actuar asertivamente, acorde con la ley. Esto no es, ni puede ser una anarquía. Somos un pueblo de ley y orden”, agregó el portavoz de la mayoría novoprogresista.


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