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Desde la izquierda, José Carrión, Carlos García, José Ramón González, Arthur González y Ana Matosantos. (Christopher Gregory / Especial GFR Media)

Nueva York - En menos de media hora, la Junta de Supervisión Fiscal asumió pleno control de las finanzas públicas de Puerto Rico, al incluir bajo su jurisdicción a gran parte de las dependencias gubernamentales, incluido el gobierno central.

El alcance de PROMESA

Como parte de su primera reunión de organización, en la que se eligió formalmente al experto en seguros José Carrión III como presidente de la Junta federal, seis de los siete miembros decidieron en la práctica controlar la chequera del gobierno, de sus principales oficinas, sistemas de retiro y de la Universidad de Puerto Rico.

Al gobernador, con el que Carrión dialogó ayer, le dieron hasta el 14 de octubre para presentar el plan fiscal.

Como parte de los acuerdos, el gobernador deberá rendirle cuentas semanalmente de los ingresos y mensualmente precisar cómo cumple con el presupuesto vigente.

La junta – creada para ‘estabilizar’ las finanzas del gobierno y con poder para reestructurar una deuda pública que asciende a $69,000 millones-, aprobó por unanimidad todas sus decisiones, pero el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) José Ramón González se marchó de la reunión antes de que aprobaran incluir decenas de oficinas bajo su jurisdicción inicial.

González coordinó los trabajos de la reunión hasta la elección por unanimidad de Carrión, quien fue propuesto por la exdirectora de Finanzas del gobierno de California Ana Matosantos.


Bajo protestas de manifestantes que denunciaron - dentro y fuera del encuentro-, el carácter antidemocrático de la junta, la reunión de organización puso en marcha la operación de la nueva capa de autoridad que el gobierno federal ha colocado por encima de los funcionarios electos de Puerto Rico.

Carrión, quien ha sido recaudador para miembros republicanos del Congreso y parte de la dirección del Partido Republicano de EE.UU. en Puerto Rico, fue uno de los dos miembros recomendados por el speaker Paul Ryan. Es cuñado del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

El debut de los siete miembros con derecho al voto se dio en el auditorio del edificio Alexander Hamilton del Departamento de Seguridad Interna en el bajo Manhattan.

Los miembros de la junta federal son los republicanos Carrión, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, y los demócratas José Ramón González, Arthur González y Ana Matosantos.

En la reunión se encontraron con el representante del gobernador, el exvicegobernador de Nueva York Richard Ravitch, quien no tiene derecho al voto.

La junta acordó encomendar a una firma la búsqueda de la persona que asumirá la dirección ejecutiva. Para nombrar al director ejecutivo, van a requerir el voto de cinco miembros.

Pero, un subcomité - integrado por los cuatro boricuas, Carrión, García, González y Matosantos-, tendrá a cargo el proceso.

Carrión sostuvo que sería preferible que el director ejecutivo domine tanto el inglés como el español.

Para otras decisiones rutinarias requerirán el voto de cuatro miembros presentes.

La ley les exige cinco de siete votos para poder forzar procesos de reestructuración de deuda ante un juez federal.

La falta de debate hizo claro que las decisiones estaban tomadas al llegar a la reunión. Los miembros con derecho al voto en la junta estuvieron reunidos la semana pasada por día y medio en el Tesoro federal.

El representante del gobernador, Richard Ravitch, quien por vez primera estuvo con todos ellos en un mismo salón, ni siquiera habló.


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