Asignan dos FEI para Héctor O'Neill (horizontal-x3)
El pasado 1 de mayo, el Departamento de Justicia dio a conocer los resultados de la pesquisa contra O’Neill. (Archivo/GFR Media)

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designó hoy dos fiscales especiales independientes contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por supuestamente violar varios artículos del Código Penal y de la Ley de Ética Gubernamental.

“En el día de hoy el panel sobre el FEI emitió una resolución designando a los fiscales independientes Guillermo Garau y Leticia Pabón para que hagan una investigación a fondo sobre las actuaciones que se le atribuyen al alcalde de Guaynabo”, dijo la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives.

“Se le atribuyen a violaciones a varios Artículos del Código Penal y de la Ley de Ética entre otras”, abundó.

Destacó que el caso también fue referido a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario “para que a la luz del reglamento recomienden al panel lo que corresponda en derecho”. 

La UPAD es el ente administrativo de la OPFEI que puede disciplinar a funcionarios públicos, separarlos de sus cargos y hasta ordenar su destitución.

El 1 de mayo, el Departamento de Justicia dio a conocer los resultados de la pesquisa contra O’Neill. Refirió al alcalde a la OPFEI por supuestamente 20 posibles violaciones al Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental.

El referido desemboca hoy con la designación de los dos fiscales especiales independientes que tienen 90 días para determinar si someten o no cargos contra O’Neill.

De inmediato, no se obtuvo la reacción del alcalde.

El referido de Justicia apuntaba a violaciones a la Ley 54 por maltrato psicológico o emocional, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual. Otras tres violaciones responden a los Artículos 135 y 136 del Código Penal, por acoso sexual y exposiciones obscenas.

La investigación, argumentó la titular de Justicia, Wanda Vázquez, demostró además, causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal de 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos.

Igualmente indicaba que el alcalde pudo haber violentado en cuatro instancias el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por utilizar sus deberes y las facultades de su cargo o la propiedad y fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o una persona privada o negocio, cualquier beneficio queno esté permitido por ley.

La investigación contra el alcalde surgió luego de que trascendiera que una mujer policía del municipio, denunció que O’Neill supuestamente la había hostigado sexualmente. La denunciante había acudido a la UPAD y tras llegar a un acuerdo con el alcalde por $350,000, desistió de seguir con la denuncia.

O’Neill también enfrenta dos investigaciones en la Oficina de Ética Gubernamental.


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